Ferrando y Jiménez Espriú deben ser investigados

Gerardo Ferrando Bravo fue priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 el entonces jefe del Departamento del DF, Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en Venustiano Carranza y dos años después lo nombró...

22 de febrero, 2021

Gerardo Ferrando Bravo fue priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 el entonces jefe del Departamento del DF, Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en Venustiano Carranza y dos años después lo nombró director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). El sucesor de Aguirre, Manuel Camacho, lo ratificó en el cargo en 1988, en donde permaneció hasta 1992.

De 1992 a 2007 ocupó diversos cargos dentro de la UNAM y fue director de la Facultad de Ingeniería de 1999 a 2007. Después de trabajar en la UNAM, dirigió de 2009 a 2018 su empresa de consultoría en ingeniería en transporte ferroviario de pasajeros.

En diciembre de 2018, después de 26 años de estar alejado del servicio público, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. (GACM), la empresa paraestatal a cargo del Sistema Aeroportuario Metropolitano responsable de, entre otras cosas, finiquitar a los contratistas y proveedores que participaron en la construcción de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), obra que AMLO canceló apenas llegó a Palacio Nacional.

El 3 de noviembre de 2019, a menos de un mes de cumplir un año en el cargo, Ferrando renunció después de que fuera impugnado el proceso por el cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para desmantelar 49 000 toneladas de acero y aluminio en el NAICM.

Otras empresas que participaron en la licitación presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por posible corrupción durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó en la documentación solicitada la carta de ausencia de conflicto de interés.

El asunto se complicó después de que se hizo público que la SFP reservó por un año toda la información relativa a la investigación sobre la licitación.

Este caso se suma a las muchas irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cancelación del NAICM al realizar la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

Para no darle vueltas al asunto, en el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que difundió el viernes pasado, la ASF señala que el costo de la cancelación del NAICM, según sus cálculos, fue de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, cuando el titular de la misma era otro distinguido expriista, Javier Jiménez Espriú, quien recomendó a Ferrando para dirigir el GACM.

En su informe, la ASF detalla la forma en que el GACM realizó gastos injustificados como el de pagar 471.8 millones de pesos “sin que acreditara contar con la documentación de los entregables previstos en seis convenios para justificar el gasto”. Cuatro convenios,  por 358.7 millones de pesos con la CFE y dos, por 113.1 millones, con la UNAM.

Andrés Manuel ha dicho que el gobierno pagará 32 000 millones de pesos para comprar 140 millones de dosis de las vacunas anti-COVID. Sería bueno que nos explique por qué la cancelación del NAICM nos costó 10 veces más que esa cantidad y más de tres veces lo que se calculó originalmente. También debería decirnos que se investigará el papel que Ferrando y Jiménez Espriú jugaron en la cancelación.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

La iniciativa busca reformar 18 artículos de la Constitución y crear siete artículos transitorios. Para que el Congreso la apruebe sin cambiarle una coma, como le gustaría a AMLO, deberían votar a su favor las dos terceras partes de los diputados y de los senadores.

Pero MORENA y sus aliados no cuentan con una mayoría calificada en el Congreso. En la Cámara de Diputados les faltan 58 legisladores y en el Senado 11 para alcanzar el 66% de los votos requeridos para reformar la Constitución.

Por eso los diputados de la oposición no solo tratarán de cambiarle comas a la iniciativa, sino puntos, acentos, palabras, frases, oraciones y párrafos.

Y si los lopezobradoristas se niegan a negociar con seriedad, esta reforma tendrá el mismo destino que la fracasada Reforma Eléctrica.

En un documento distribuido ayer, se destacan los 12 objetivos más importantes que busca alcanzar la propuesta: “1. Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); 2. Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular (…) postulados por los Poderes de la Unión; 3. Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones; 4. Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías; 5. Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá; 6. Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos (…) estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio; 7. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales; 8. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico; 9. Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales; 10. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante; 11. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales; 12. Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo”.

La iniciativa contiene aspectos muy interesantes y otros que no lo son tanto. Ojalá las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados puedan discutirlas inteligentemente con el fin de mejorar nuestro sistema electoral y político, que bastante falta le hace.

Sobre estos aspectos comentaré la semana entrante.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

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Vaya que enfrentamos problemas: pandemia de COVID-19 que aún no termina y que ha matado a aproximadamente 744 000 mexicanos, altas tasas de criminalidad, feminicidios al alza, asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, impunidad criminal superior al 90%, inflación elevada, carestía de muchos productos, empobrecimiento de la mayoría de las personas, crecimiento del sector informal, probable estanflación, polarización de la sociedad, confrontación y cerrazón de los actores políticos incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, sistemas fallidos de salud, educación, seguridad y procuración de justicia, entre otros.

Algunos de estos problemas son derivados de la pandemia, otros los heredó el actual gobierno de sus antecesores y varios son resultado de las actitudes y decisiones de los morenistas en el poder encabezados por Andrés Manuel.

Lo peor del caso es que, excepto la pandemia, es probable que estos problemas no se solucionarán en el corto plazo.

En lo que al COVID-19 se refiere, el director del Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria (Institute for Health Metrics and Evaluation -IHME) de la Universidad de Washington en Seattle, Christopher J. L. Murray, escribió el 19 de enero pasado en la revista médica británica The Lancet que “El COVID-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que deberán gestionar los sistemas de salud y las sociedades (…) en la mayoría de los países el número de muertes por ómicron parece ser similar al nivel de una mala temporada de influenza en los países del hemisferio norte (…) Después de la ola de omicrones, volverá el COVID-19 pero no la pandemia”.

Esperemos que Murray tenga razón.

En lo que a las tasas de criminalidad se refiere, éstas siguen siendo sumamente altas a pesar de los logros y avances que indican los datos oficiales. La tasa de homicidios dolosos (homicidios por cada 100 000 habitantes) llegó a 25.8 en 2021, poco más de 2.5 veces lo que para la Organización Mundial de la Salud es una epidemia de asesinatos. Es probable que este año descienda, tal vez a 25.0, que es una cifra aún muy alta.

La tasa de feminicidios fue de 1.54 en 2021, una de las más altas del mundo, y es probable que este año también baje ligeramente pero aún se mantenga en un nivel inaceptable.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) de las Naciones Unidas emitió ayer su reporte Estado del Clima Global que no contiene buenas noticias.

De acuerdo con la WMO, cuatro indicadores clave del cambio climático establecieron nuevos máximos históricos en 2021: las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, el calor y la acidificación del océano establecieron nuevos récords el año pasado y “Los efectos combinados de los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y las crisis económicas, exacerbados aún más por la pandemia de COVID-19, socavaron décadas de progreso hacia la mejora de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los peligros hidrometeorológicos continuaron contribuyendo al desplazamiento de millones de personas”.

Aceptémoslo: los problemas no van a solucionarse pronto sino en años y hasta décadas. No les creamos a quienes nos digan lo contrario.

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