Falta mucho para que se cierre la brecha digital en México

Refiriéndose al Internet, el presidente Andrés Manel López Obrador dijo esto el domingo pasado: “Con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y...

1 de diciembre, 2022

Refiriéndose al Internet, el presidente Andrés Manel López Obrador dijo esto el domingo pasado: “Con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y se están instalando 3800 antenas, con lo cual llegaremos a 10 979 para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional.”

Es una buena noticia la que dio y espero que nada evite que se llegue a las metas que señaló. De lograrse serán más las personas que accedan a los beneficios que ofrece estar conectado a la red.

De acuerdo con statista.com, el 74% de la población tiene acceso a internet, lo que se traduce en un total de 98.6 millones de usuarios. Que el 26% de la población aún no tenga acceso representa una muy amplia brecha digital que el gobierno quiere disminuir.

De acuerdo a la misma fuente, el número de usuarios se incrementará durante los próximos cinco años a 104.1 millones en 2023, 109.16 millones en 2024, 113.86 millones en 2025, 118.22 millones en 2026 y 122.27 en 2027.

Si tomamos en cuenta que en 2027 la población del país será de 135.38 millones, en ese año será el 87% de la población la que tenga acceso al Internet y la brecha, a pesar de que será menor al no tener acceso el 13% de la población, aún seguirá siendo muy amplia.

El atraso de nuestro país en este rubro es significativo si consideramos que de 251 países y territorios, hay 87 que superan a México en cuanto al porcentaje de su población con acceso a Internet. Se necesitarán muchos años para llegar al 90% o más que hoy tienen 29 países y al 95% o más que tienen 12.

Con base en lo anterior no debe sorprendernos que nuestro país no ocupe una posición importante en el Network Readiness Index (NRI) 2022 elaborado por el Foro Económico Mundial con el fin de medir el grado de preparación de los países para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El NRI incluye a 131 economías que en conjunto producen el 95% del producto interno bruto global y, para variar, las primeras posiciones las ocupan las economías más avanzadas. Estados Unidos, Singapur, Suecia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Corea del Sur y Noruega son los 10 más preparados en cuanto a su nivel de tecnología, acceso a dicha tecnología, seguridad para individuos y corporaciones e impacto que tiene la red para estimular el crecimiento y bienestar de la sociedad y la economía.

De los países latinoamericanos, Chile ocupa el lugar 43, Brasil el 44, Uruguay el 47, Costa Rica el 56, Argentina el 57 y México el 60.

Por el nivel de su tecnología México está en el lugar 63, por el acceso a dicha tecnología en el 67, por la seguridad que ofrece a individuos y corporaciones en el 72 y por el impacto que tiene la red para estimular el crecimiento y bienestar en el 43.

Es evidente que falta mucho por hacer y el gobierno no puede ni debe ser el único responsable de mejorar la posición de nuestro país en el NRI y cerrar la brecha digital del 26%.  El sector privado tiene que hacer lo que le corresponde porque hasta ahora no ha sido suficiente.

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Entre lo que dijo me llamó la atención esto: “¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes (…) las que permiten la compra del voto? ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el Presidente de ese entonces?”. Lo anterior lo dijo al comentar sobre la intención del INE de recurrir a todas las instancias legales para impugnar su llamado Plan B de la reforma electoral porque, según los consejeros electorales, atenta contra la democracia. Si el Plan B pone o no en riesgo a la incipiente democracia mexicana lo determinará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que también es constantemente vilipendiada por Andrés Manuel. Ahora bien, ¿es verdad lo que dijo el presidente sobre el INE?
  1. Sí, si se refirió al Instituto Federal Electoral (IFE) que desde su creación en 1990 hasta 1996 tuvo como sus presidentes a los cinco priistas que fueron secretarios de Gobernación durante esos seis años –Gutiérrez Barrios, González Garrido, Carpizo, Moctezuma y Chuayffet–, quienes no hicieron gran cosa para evitar que su partido rellenara urnas, falsificara actas de votación, robara paquetes electorales, comprara votos y postulara para diversos cargos de elección a candidatos que no cumplían con los requisitos.
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Lo anterior no quiere decir que a partir de 1996, como por arte de magia, los partidos políticos y muchos funcionarios no cometieran o trataran de cometer trapacerías para que ganaran su candidatos a cualquier cargo de elección, pero es un hecho que a partir de ese año los procesos electorales, sobre todo los federales, fueron cada vez mejor organizados y supervisados, reduciéndose cada vez más las trampas y los fraudes. Un buen ejemplo de las anomalías que ayer denunció AMLO es su propia candidatura a jefe de gobierno del DF, en 2000, cuando sin satisfacer el requisito de residencia de 5 años como mínimo, fue aprobado como candidato del PRD por el Instituto Electoral del DF. El odio no disfrazado de Andrés Manuel contra el máximo órgano electoral de la nación data de 2006, cuando por estrecho margen perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón; está convencido que el IFE escondió centenas de miles de votos emitidos a su favor y que el entonces presidente Vicente Fox maniobró para que él no ganara. Tan convencido está de su victoria que hasta se proclamó presidente legítimo en noviembre de ese año. Al descalificar al INE, descalifica su propia victoria electoral de 2018 y los triunfos de todos los morenistas que ese año y los subsecuentes ganaron en elecciones organizadas, supervisadas y avaladas por el INE. 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De acuerdo con la consultora Lantia Intelligence, 64% de esos homicidios –casi 65 000– estuvieron relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, tal vez nunca sabremos cuántos asesinatos se cometieron porque el número varía según las diversas fuentes. El periódico Reforma de la CDMX calcula que fueron 50 000 asesinatos; el periódico Milenio, 58 000; el semanario Z de Tijuana, 83 000; y el periódico Le Monde, 120 000. Además de los asesinatos, en el sexenio calderonista se reportaron 22 112 desapariciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Como resultado de la guerra contra el narcotráfico cuya estrategia diseñó García Luna,  durante el periodo 2006-2012 no solo aumentó la violencia generada por la delincuencia organizada; también se fundaron más cárteles dedicados al narcotráfico. En el número correspondiente a Enero-Junio de 2015 de Reflexiones, la revista de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, los investigadores Jonathan Daniel Rosen y Roberto Zepeda Martínez escribieron que “En el 2006, había seis cárteles: el Cártel Milenio, La Familia Michoacana, El Cártel de Golfo, El Cártel de Tijuana, El Cártel de Juárez, y el Cártel del Pacífico (…) En el año 2007 había ocho organizaciones, mientras que para el año 2010 el número aumentó a doce y en el 2012 se identificaron dieciséis cárteles. La fragmentación de los cárteles presenta mayores problemas para el gobierno pues las organizaciones pequeñas pueden funcionar más fácilmente porque no son tan perceptibles”. Al concluir el sexenio de Calderón, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida, en donde durante sus años en el poder estableció negocios y adquirió diversas propiedades, según diversos reportes periodísticos. El 10 de diciembre de 2019 fue arrestado en Dallas, Texas, por solicitud del entonces fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, seis días después de que un gran jurado determinara que desde enero de 2001 hasta esa fecha, García Luna conspiró para introducir cocaína a Estados Unidos. Ese día, Donoghue anunció que el extitular de la SSP estaba acusado de “aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”. Desde su arresto hasta hoy García Luna ha estado preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York y mañana, por fin, después de que fracasaron todas sus estrategias para evitarlo y ser liberado, empezará su juicio y tal vez nos enteraremos de muchas cosas que podrían meter en serios problemas legales a muchos exfuncionarios del gobierno de Calderón y tal vez al mismo expresidente. 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  1. Sí, si se refirió al Instituto Federal Electoral (IFE) que desde su creación en 1990 hasta 1996 tuvo como sus presidentes a los cinco priistas que fueron secretarios de Gobernación durante esos seis años –Gutiérrez Barrios, González Garrido, Carpizo, Moctezuma y Chuayffet–, quienes no hicieron gran cosa para evitar que su partido rellenara urnas, falsificara actas de votación, robara paquetes electorales, comprara votos y postulara para diversos cargos de elección a candidatos que no cumplían con los requisitos.
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