El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer sanciones contra dos bancos -CIBanco e Intercam Banco- y una casa de bolsa, Vector, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico de fentanilo. Es la primera vez que se aplican sanciones bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act a instituciones financieras mexicanas.
Los señalamientos son graves. Según el Tesoro, CIBanco, dirigido por Mario Alberto Maciel Castro, facilitó operaciones a favor del Cártel del Golfo, el CJNG y los Beltrán Leyva. En 2023, un empleado habría creado una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, procesó 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
Intercam Banco, encabezado por José Rubén de la Mora Berenguer, sostuvo presuntamente reuniones con miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado y canalizó 1.5 millones de dólares a empresas chinas relacionadas con el tráfico de químicos.
Vector Casa de Bolsa, dirigida por Edgardo Cantú Delgado, permitió que un operador del Cártel de Sinaloa lavara 2 millones de dólares entre 2013 y 2021, y entre 2018 y 2023 facilitó más de 1 millón a proveedores chinos vinculados al fentanilo. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro resaltó las “deficiencias significativas” en los controles internos de la firma.
En conjunto, las operaciones detectadas suman menos de 16 millones de dólares, un monto pequeño frente a los miles de millones que mueve anualmente el narcotráfico, pero eso no les resta gravedad. Son indicios de fallas sistemáticas en los controles internos y externos del sistema financiero mexicano. Y sobre todo, son señales de alerta temprana que no deben ignorarse por aparentes insignificancias contables.
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. La Secretaría de Hacienda reconoció haber sido notificada por el Tesoro, pero aclaró que no recibió evidencia contundente. La única información verificable: transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas. La UIF reportó que más de 300 empresas mexicanas realizaron operaciones similares con al menos 10 instituciones financieras.
La CNBV revisó a las tres entidades y detectó solo irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos. Hacienda dejó claro que, si se presentan pruebas sólidas, actuará con todo el peso de la ley. También subrayó que no se encubrirá a nadie, pero que las acciones deben estar sustentadas legalmente, no mediáticamente.
Este caso muestra una realidad incómoda: EEUU detecta antes lo que México no ve o no quiere ver. Tiene más capacidades, mejor tecnología, acceso a inteligencia global y leyes extraterritoriales. FinCEN actúa con rapidez. La CNBV y la UIF, con limitaciones estructurales y políticas.
No importa si se lavaron 2 o 200 millones. Que tres instituciones con más de 25 mil millones de dólares en activos combinados estén bajo la lupa del Tesoro, debe ser suficiente para dejar de minimizar el problema. De no corregirse lo que hoy parece un llamado de atención podría convertirse mañana en una verdadera crisis de confianza financiera.
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