Moody’s bajó anteayer la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, el último escalón antes del grado especulativo, conocido como el de bonos chatarra. Ocho días antes, el 12 de mayo, S&P había cambiado la perspectiva del país de estable a negativa. Y el 10 de abril, Fitch había confirmado a México en BBB-, también el piso del grado de inversión en su escala. Las tres coinciden al informar que México mantiene el grado de inversión, pero con un margen cada vez menor.
Moody’s citó el deterioro fiscal, el gasto rígido, la baja recaudación, el apoyo irrenunciable a Pemex y el crecimiento insuficiente. Un paso adicional colocaría a México en Ba1, ya en territorio de bonos chatarra. S&P no recortó la nota, pero su perspectiva negativa implica que si la consolidación fiscal no avanza con suficiente convicción en los próximos 12 a 24 meses, la baja vendrá. Fitch mantiene la perspectiva estable, aunque también desde el piso: debajo de BBB- está BB+, territorio especulativo. Las tres tienen a México en el borde, aunque con distintos plazos de paciencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió con precisión técnica: con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, México conserva el grado de inversión; cerca del 80% está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce la exposición a choques externos; la estrategia fiscal seguirá orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda. Todo cierto. Todo insuficiente. Hacienda describe lo que México todavía conserva; las calificadoras advierten lo que México está perdiendo. Son diagnósticos distintos sobre el mismo problema.
Los problemas de fondo son los mismos que documentan las tres agencias. Crecimiento débil que frena la recaudación. Gasto cada vez más rígido entre pensiones, subsidios e intereses. Pemex como agujero fiscal disfrazado de activo estratégico nacional. CFE con sus propias presiones. Incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y sobre la relación comercial con Estados Unidos. Cuellos de botella en energía, agua, seguridad e infraestructura que deprimen la inversión privada. El conjunto no configura todavía una crisis de deuda. Es una acumulación de rezagos que, sin corrección, podría convertirse en una.
¿Qué tendría que hacer México para revertirlo? La receta es conocida aunque políticamente costosa: reducir el déficit de forma creíble, estabilizar la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, elevar ingresos tributarios sin frenar más la economía, revisar el gasto rígido y transparentar el costo fiscal real de Pemex y la CFE. Sin reforma fiscal no alcanza. Sin certidumbre para la inversión privada tampoco. Y sin crecimiento, cualquier ajuste fiscal será más doloroso y menos creíble. Difícil con la estrategia actual. Imposible si el gobierno insiste en que la estabilidad macroeconómica heredada basta para tranquilizar a los mercados. No basta.
México todavía pasa. Pero con Moody’s y Fitch está en el último escalón antes de caer a bonos chatarra. Con S&P conserva uno más, aunque con perspectiva negativa. No es lo mismo estar sólido que estar al borde. El gobierno puede presumir que el país conserva el grado de inversión. Las calificadoras están evaluando si lo seguirá manteniendo en los próximos meses. Y la trayectoria actual no les da esa certeza.
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