Anoté aquí hace una semana algunas cifras que contiene el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Julio 2016, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y señalé que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en 2015 no se denunció el 93.7% de los delitos cometidos porque las víctimas dijeron que el hacerlo es una pérdida de tiempo o porque desconfían de la autoridad”.
Con base en los datos anotados en este espacio el jueves pasado, este año se cometerán más asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones que el año pasado. También se robarán más vehículos. Disminuirán ligeramente, muy ligeramente, los robos con violencia y a negocios y solo se registrará una baja notoria en los robos a casas habitación y transeúntes.
Ahora bien, ¿cómo es posible que las tasas delincuenciales no hayan disminuido si tomamos en cuenta el monto impresionante de recursos económicos, materiales y humanos que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han dedicado durante los últimos años para combatir al delito?
De acuerdo al estudio Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, de 2001 a 2013 el presupuesto anual que el gobierno federal destinó a la seguridad aumentó 200%, mientras que el de los estados se incrementó 97%. En total, el dinero gastado equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese período nuestras autoridades federales y estatales se gastaron poco más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia.
Y pese a ese inmenso gasto, apenas el 25% de los delitos federales y el 10% de los del fuero común que fueron denunciados acabaron con sentencia y castigo. Si tomamos en cuenta que no se denunció el 94%, resulta que solo 1.5 de cada 100 delitos federales y 0.6 de los delitos del fuero común recibieron una sentencia condenatoria.
A los dos billones de pesos gastados entre 2001 y 2013 es necesario añadir los que nuestros gobernantes se gastaron en 2014 y 2015: unos 150,000 millones y casi 153,500 millones, respectivamente. Este año, serán 160,000 millones más.
En resumen, casi casi 2.5 billones de pesos desde 2001 a este año y, lejos de percibir que las cosas mejoran, la mayoría de los mexicanos sienten que empeoran.
De acuerdo con la antes citada ENVIPE 2016, el 70 % de los encuestados dijo vivir inseguro, porcentaje más alto que el 66.6% que arrojó la ENVIPE 2012 y similar al 69.5% registrado en 2011, uno de los años más violentos del sexenio calderonista.
Los pésimos resultados logrados en la lucha contra la delincuencia y la alta percepción de que vivimos inseguros significa que los 2.6 billones de pesos se han tirado a la basura.
Ese desperdicio de dinero tiene sus razones, las cuales señalaré próximamente.
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