Siguen prófugos el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que fue priista durante varios años hasta que, hacer algunos días, el PRI decidió expulsarlo de sus filas.
Ambos han sido linchados en la mayoría de los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Para la sociedad entera, Padrés y Duarte son más culpables que el pecado mismo.
El problema es que, de acuerdo al nuevo sistema de impartición de justicia, los dos políticos caídos en desgracia son inocentes hasta que no se pruebe ante un tribunal que en efecto cometieron los delitos por los que se les acusa.
Por lo menos en teoría, terminó la era en que cualquier persona era presunta culpable y bastaba una simple confesión, aunque fuera obtenida mediante torturas, para que un juez lo mandara a la cárcel.
Hoy, todos somos presuntos inocentes cuando alguien nos acusa de cometer un delito. Ahora, quien acusa debe demostrar con hechos y pruebas la culpabilidad del acusado. Para enviar a alguien a la cárcel ya no bastan las confesiones ilegalmente obtenidas, las evidencias inventadas, las declaraciones de policías corruptos. En el nuevo sistema deben respetarse los derechos humanos de los acusados, la ciencia y tecnología deben utilizarse para determinar la evidencia necesaria para probar su culpabilidad; no bastan las declaraciones de soplones ni de presuntos prestanombres. Las pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien deben ser contundentes y fuera de toda duda.
Cuando las autoridades nos informan acerca de los casos del sonorense y del veracruzano abundan las palabras “presunto” y “supuesto” y las que de ellas se derivan.
Por ejemplo, ayer en el diario mexiqueño 24 Horas, apareció una nota intitulada Revelan lujos de rancho de Javier Duarte en Valle de Bravo que entre otras cosas decía: “Alcaldes de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) revelaron algunas fotografías de un rancho, supuestamente, propiedad del gobernador con licencia, Javier Duarte… El terreno fue adquirido por 4 millones de pesos en 2011 y vendido en un 33.3% de la superficie a Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez por un millón 600 mil pesos a cada uno en 2014… El inmueble está a nombre de tres personas, ninguno de ellos es Javier Duarte o su familia… El pasado 27 de octubre, autoridades federales de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon el rancho, presuntamente propiedad de Javier Duarte, que habría adquirido con recursos públicos que estaban destinados para la Secretaría de Salud y de Educación del estado de Veracruz… Dentro de la acusación por la que Duarte de Ochoa se encuentra prófugo, la Procuraduría afirmó que aproximadamente 223 millones de pesos fueron ocupados para la adquisición, remodelación y construcción de dicho inmueble”.
Yo, al igual que millones de personas creo que Padrés y Duarte cometieron diversos delitos. Pero entre lo que yo crea y lo que las autoridades puedan probarles hay una gran diferencia. Y ahí está el problema: el reto de las diversas procuradurías que los investigan es demostrar que sí delinquieron. Ojalá puedan hacerlo porque, como se ha dicho siempre, son ladrones, pero no son tontos.
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