¿Cómo demostrar que sí delinquieron?

Siguen prófugos el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y el gobernador con licencia de Veracruz...

1 de noviembre, 2016

Siguen prófugos el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que fue priista durante varios años hasta que, hacer algunos días, el PRI decidió expulsarlo de sus filas.

Ambos han sido linchados en la mayoría de los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Para la sociedad entera, Padrés y Duarte son más culpables que el pecado mismo.

El problema es que, de acuerdo al nuevo sistema de impartición de justicia, los dos políticos caídos en desgracia son inocentes hasta que no se pruebe ante un tribunal que en efecto cometieron los delitos por los que se les acusa.

Por lo menos en teoría, terminó la era en que cualquier persona era presunta culpable y bastaba una simple confesión, aunque fuera obtenida mediante torturas, para que un juez lo mandara a la cárcel.

Hoy, todos somos presuntos inocentes cuando alguien nos acusa de cometer un delito. Ahora, quien acusa debe demostrar con hechos y pruebas la culpabilidad del acusado. Para enviar a alguien a la cárcel ya no bastan las confesiones ilegalmente obtenidas, las evidencias inventadas, las declaraciones de policías corruptos. En el nuevo sistema deben respetarse los derechos humanos de los acusados, la ciencia y tecnología deben utilizarse para determinar la evidencia necesaria para probar su culpabilidad; no bastan las declaraciones de soplones ni de presuntos prestanombres. Las pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien deben ser contundentes y fuera de toda duda.

Cuando las autoridades nos informan acerca de los casos del sonorense y del veracruzano abundan las palabras “presunto” y “supuesto” y las que de ellas se derivan.

Por ejemplo, ayer en el diario mexiqueño 24 Horas, apareció una nota intitulada Revelan lujos de rancho de Javier Duarte en Valle de Bravo que entre otras cosas decía: “Alcaldes de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) revelaron algunas fotografías de un rancho, supuestamente, propiedad del gobernador con licencia, Javier Duarte… El terreno fue adquirido por 4 millones de pesos en 2011 y vendido en un 33.3% de la superficie a Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez por un millón 600 mil pesos a cada uno en 2014… El inmueble está a nombre de tres personas, ninguno de ellos es Javier Duarte o su familia… El pasado 27 de octubre, autoridades federales de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon el rancho, presuntamente propiedad de Javier Duarte, que habría adquirido con recursos públicos que estaban destinados para la Secretaría de Salud y de Educación del estado de Veracruz… Dentro de la acusación por la que Duarte de Ochoa se encuentra prófugo, la Procuraduría afirmó que aproximadamente 223 millones de pesos fueron ocupados para la adquisición, remodelación y construcción de dicho inmueble”.

Yo, al igual que millones de personas creo que Padrés y Duarte cometieron diversos delitos. Pero entre lo que yo crea y lo que las autoridades puedan probarles hay una gran diferencia. Y ahí está el problema: el reto de las diversas procuradurías que los investigan es demostrar que sí delinquieron. Ojalá puedan hacerlo porque, como se ha dicho siempre, son ladrones, pero no son tontos.

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Porque muchas de estas empresas son fantasmas que solo sirven para  realizar diferentes operaciones empresariales sin poseer activos significativos u operaciones propias. Estas empresas no son ilegales, pero muchas veces sirven para evadir impuestos o lavar dinero. Y esta evasión es de muchísimo dinero. Un estudio realizado por la ONG británica Tax Justice Network difundido en noviembre pasado señala que cada año las corporaciones multinacionales evaden pagar 245 000 millones de dólares en impuestos en los países donde operan, mientras que las personas que trasladan su riqueza al extranjero dejan de pagarle 182 000 millones de dólares en impuestos a sus gobiernos. En total las tesorerías nacionales dejan de percibir 427 000 millones de dólares que en pesos son casi 8.8 billones. En abril de 2016, 109 medios de comunicación electrónicos e impresos en 76 países difundieron sus análisis de casi 11.5 millones de documentos confidenciales filtrados de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuyos servicios incluían fundar y establecer compañías en un paraíso fiscal para así esconder la identidad de sus dueños. El escándalo que causaron los denominados Panama Papers fue mayúsculo porque identificó a 140 políticos, entre ellos 17 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno que establecieron empresas offshore para realizar transacciones financieras, algunas de ellas ilegales. Uno de ellos, el primer ministro de Islandia, renunció al cargo poco después. Hace unos días, por cortesía de quien antes divulgó los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, por sus siglas en inglés), se difundieron los denominados Pandora Papers, que son resultado del análisis de 11.9 millones de documentos filtrados que provienen de 14 empresas de servicios que establecieron unas 29 000 empresas offshore o fantasma para sus clientes. El escándalo originado por los Pandora Papers es mayor que el de hace cinco años porque ahora son 35 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno, 336 políticos y funcionarios de alto nivel y más de 100 multimillonarios los que son identificados como dueños de empresas offshore o realizando transacciones financieras por medio de ellas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo menos 11.3 billones de dólares se mantienen en empresas offshore y paraísos fiscales y “debido a la complejidad y el secreto del sistema extraterritorial, no es posible saber qué parte de esa riqueza está vinculada a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto de ella involucra fondos que provienen de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades fiscales correspondientes”. Después del escándalo de los Panama Papers no sucedió gran cosa y es muy probable que no suceda ahora con los Pandora Papers. Tal vez porque quienes ahí figuran son personas muy poderosas e influyentes que, a fin de cuentas, son intocables en sus respectivos países. 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