AMLO y la mayoría de los funcionarios del país pueden ser encubridores

El  gobierno federal y los de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente cometieron funcionarios federales y estatales del pasado y del presente. Si esa es su obligación, ¿por qué me preguntan si deben hacerlo...

2 de agosto, 2021

El  gobierno federal y los de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente cometieron funcionarios federales y estatales del pasado y del presente. Si esa es su obligación, ¿por qué me preguntan si deben hacerlo mediante una consulta popular?

El Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público,  proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido  detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.

Nada en la Constitución federal o en las constituciones de los estados señala que los probables delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios federales deben investigarse siempre y cuando así lo determine una consulta popular.

Tampoco lo señala ninguna ley federal o estatal.

Y es que el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se presta a interpretaciones: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público …”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona “en ejercicio de funciones públicas” y hasta el momento no ha cumplido con su obligación de denunciar “inmediatamente al Ministerio Público” lo que sabe de los innumerables hechos que la ley señala como delitos.

AMLO ha dicho una y otra vez que son corruptos muchos empresarios, exfuncionarios, periodistas, intelectuales, académicos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, dueños de medios de información y otros que no están de acuerdo con sus decisiones y acciones.

Si alguien está informado de la probable corrupción de funcionarios y particulares durante pasadas administraciones federales y locales es él, pero solo acusa sin mencionar los nombres de quienes deberían ser investigados.

Al igual que él, están incumpliendo la obligación que les señala el 222 todos los funcionarios de su gobierno y los de los gobiernos estatales y municipales que, conociendo los supuestos delitos de quienes los antecedieron en sus cargos, no los han denunciado ante el Ministerio Público.

Puede ser que los funcionarios de hoy, igual que los de ayer, por conveniencia política decidieron no denunciarlos. Al hacerlo tal vez están cometiendo el delito de encubrimiento que, de acuerdo con la Fracción III del Artículo 400 del Código Penal Federal, perpetra quien “Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe”.

Andrés Manuel acusa de corrupción a funcionarios del pasado pero no da nombres. O no tiene pruebas o por alguna razón no quiere denunciarlos como se lo ordena el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo convierte eso en encubridor de probables delincuentes?

¿Son encubridores y, por eso, delincuentes todos los funcionarios del país que no denuncian a los corruptos de ayer y hoy?

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El mapa electoral estadounidense no se tiñó ayer de rojo, el color que se relaciona con el Partido Republicano, como lo aseguraron muchos encuestadores que, de nueva cuenta, fallaron en sus pronósticos. Por lo tanto, no llegó a concretarse la catastrófica derrota que pronosticaron para el Partido Demócrata.

Si bien el control de la Cámara de Representantes pasará a manos de los republicanos, como se preveía, estos no disfrutarán de la amplia mayoría que esperaban tener. Hasta el momento de escribir esto se había confirmado el triunfo republicano en 204 de los 435 distritos electorales, faltando 14 para lograr los 218 que les dará la mayoría.

Así, el líder de los representantes republicanos, Kevin McCarthy, será a partir de enero el nuevo presidente de la cámara (Speaker the House), sustituyendo así a la célebre Nancy Pelosi, quien a sus 82 años tal vez decida concluir su carrera política.

En lo que al Senado se refiere, no fallaron los pronósticos y el partido que obtenga la mayoría tendrá un mínimo margen de maniobra. También hasta el momento de escribir esto, los republicanos ya tenían 49 senadurías y los demócratas 48.

El control del Senado dependerá de lo que ocurra en tres estados en donde hasta ayer aún no se declaraba vencedor: Arizona, Georgia y Nevada. En cada uno de ellos el candidato demócrata llevaba una ligera ventaja, pero no la suficiente para que se diera por descontada su victoria.

Si los demócratas ganan en dos de los tres, mantendrán la mayoría en vista de que tendrán 50 senadores más el voto que le toca a la vicepresidenta Kamala Harris en su calidad de presidenta del Senado.

A quien no le fue muy bien es a Donald Trump en vista de que no ganaron todos los 39 candidatos que respaldó en elecciones competitivas, la mayoría de ellos promotores de la Gran Mentira que afirma que Joe Biden no ganó la presidencia en 2020. De los 39, 10 ganaron, nueve perdieron y 20 aún no habían podido ser declarados como vencedores. Esto acabó con la leyenda de que la manera segura para obtener una victoria electoral es contar con el aval del expresidente, lo cual necesariamente debilita su de por sí deteriorada imagen.

A los demócratas les fue muy bien en las elecciones de gobernadores. Ganaron 16 de las 36 gubernaturas en juego mientras que los republicanos se quedaron con otras 16. Dos de los triunfos demócratas fueron en estados en donde hoy gobiernan republicanos. Al momento de escribir esto, faltaban por contabilizarse los resultados en cuatro estados.

La realidad política de EEUU será más complicada si tomamos en cuenta que ayer ganaron más de 210 republicanos que cuestionaron la validez de la elección presidencial de 2020. Entre ellos 16 senadores, poco más de 170 representantes, 11 gobernadores, seis secretarios de estado y siete fiscales generales. Más de 30 de ellos han dicho que Biden no ganó la presidencia.

A partir del 3 de enero, día en que entrará en funciones el nuevo congreso de EEUU, las cosas se le complicarán más a Joe Biden, quien deberá enfrentar a una Cámara de Representantes hostil integrada por republicanos que harán todo lo que esté a su alcance para debilitar a su gobierno. Eso solo contribuirá a debilitar la gobernabilidad del país y poner en mayor riesgo la seguridad del mundo.

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