AMLO y la mayoría de los funcionarios del país pueden ser encubridores

El  gobierno federal y los de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente cometieron funcionarios federales y estatales del pasado y del presente. Si esa es su obligación, ¿por qué me preguntan si deben hacerlo...

2 de agosto, 2021

El  gobierno federal y los de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente cometieron funcionarios federales y estatales del pasado y del presente. Si esa es su obligación, ¿por qué me preguntan si deben hacerlo mediante una consulta popular?

El Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público,  proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido  detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.

Nada en la Constitución federal o en las constituciones de los estados señala que los probables delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios federales deben investigarse siempre y cuando así lo determine una consulta popular.

Tampoco lo señala ninguna ley federal o estatal.

Y es que el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se presta a interpretaciones: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público …”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona “en ejercicio de funciones públicas” y hasta el momento no ha cumplido con su obligación de denunciar “inmediatamente al Ministerio Público” lo que sabe de los innumerables hechos que la ley señala como delitos.

AMLO ha dicho una y otra vez que son corruptos muchos empresarios, exfuncionarios, periodistas, intelectuales, académicos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, dueños de medios de información y otros que no están de acuerdo con sus decisiones y acciones.

Si alguien está informado de la probable corrupción de funcionarios y particulares durante pasadas administraciones federales y locales es él, pero solo acusa sin mencionar los nombres de quienes deberían ser investigados.

Al igual que él, están incumpliendo la obligación que les señala el 222 todos los funcionarios de su gobierno y los de los gobiernos estatales y municipales que, conociendo los supuestos delitos de quienes los antecedieron en sus cargos, no los han denunciado ante el Ministerio Público.

Puede ser que los funcionarios de hoy, igual que los de ayer, por conveniencia política decidieron no denunciarlos. Al hacerlo tal vez están cometiendo el delito de encubrimiento que, de acuerdo con la Fracción III del Artículo 400 del Código Penal Federal, perpetra quien “Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe”.

Andrés Manuel acusa de corrupción a funcionarios del pasado pero no da nombres. O no tiene pruebas o por alguna razón no quiere denunciarlos como se lo ordena el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo convierte eso en encubridor de probables delincuentes?

¿Son encubridores y, por eso, delincuentes todos los funcionarios del país que no denuncian a los corruptos de ayer y hoy?

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El presidente Andrés Manuel López Obrador es su presidente pro tempore y por lo tanto presidirá la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará a partir de mañana en la CDMX. Las anteriores se realizaron en Chile (2013), Cuba (2014), Costa Rica (2015), Ecuador (2016) y República Dominicana (2017). No se efectuaron las programadas para 2018, 2019 y 2020. La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo de esta cumbre es crear un organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA), porque para AMLO se necesita un nuevo “organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Ebrard ha dicho que el acuerdo que se logre dentro de la CELAC se le presentará a Estados Unidos y Canadá para que se sumen a la nueva organización. Lograr ese acuerdo tomará tiempo. El hecho de que a la CDMX solo asistan 17 de los 32 jefes de estado y de gobierno permite suponer que para muchos de ellos la reunión no es algo que les merezca mucho la pena. Ese acuerdo deberá indicar el sistema de financiamiento del nuevo organismo porque actualmente el 56.31% del presupuesto de la OEA proviene de EEUU, 13.41% de Brasil, 10.55% de Canadá, 6.96% de México, 3.23% de Argentina, 2.1% de Venezuela, 1.77% de Colombia, 1.52% de Chile y 1.1% de Perú. Los otros 23 países aportan menos del 1.0% cada uno. El nuevo organismo, si es que llega a conformarse, deberá encontrar un mecanismo que le reste el poder financiero a EEUU y a su socio Canadá, y se lo aumente a los demás países, sobre todo los económicamente más fuertes. Dicen los dichos que “con dinero baila el perro” y que “el dinero manda”; por eso no debe extrañarnos que, al aportar el 66.86% del presupuesto, EEUU y Canadá quieran mandar en la OEA. 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