AMLO no tiene derecho de exigir que los periodistas auditemos al auditor

El lunes pasado casi todos los periodistas y analistas especializados en economía y política dedicamos una parte importante de nuestros espacios en los medios de comunicación para comentar el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública...

1 de marzo, 2021

El lunes pasado casi todos los periodistas y analistas especializados en economía y política dedicamos una parte importante de nuestros espacios en los medios de comunicación para comentar el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que el sábado 20 difundió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dos aspectos del informe llamaron especialmente nuestra atención:

  1. Que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX fuera de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la SCT en abril de 2019.
  2. Que el monto de las irregularidades en el gasto público en 2019 ascendiera a poco más de 67 000 millones de pesos.

Las cifras dadas por la ASF fueron tomadas como ciertas porque provinieron del órgano creado en 1999 para “fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales”.

Por eso nadie tenía porqué dudar de la veracidad de los datos obtenidos de las diversas auditorías realizadas al Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM), el organismo responsable de la cancelación del NAICM.

Quien dudó ese mismo lunes fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa dijo: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí…”. En seguida acusó al órgano fiscalizador de estar “dando mal la información a nuestros adversarios”.

Horas después de la conferencia, la ASF emitió un comunicado del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en donde “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría… Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”.




El “error” metodológico fue aprovechado por AMLO para irse contra sus adversarios reales y ficticios, a quienes acusó, como suele hacerlo, de ser neoliberales, conservadores y corruptos.

Su agresión contra los periodistas y los medios siguió hasta el viernes, cuando el presidente mostró planas de diarios y fragmentos de programas de TV, incluido el mío, para acusarnos de estar “al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar por sus fueros”. Dijo que “Es realmente lamentable, vergonzoso, que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la Auditoría, pero… ¿no pudieron constatar, revisar la información?

Pues sí, Andrés Manuel, la culpa es de la ASF porque sus datos, por ser oficiales, se dieron por buenos; además, nadie iba a revisarlos porque, hasta donde yo sepa, ningún particular u organismo público o privado tiene el acceso a la información ni los recursos económicos, humanos y técnicos para auditar al principal órgano auditor.

AMLO tiene todo el derecho de reclamarle a la ASF, pero no para asegurar que somos corruptos todos los que comentamos la información basada en una fuente que, hasta el lunes, gozaba de total credibilidad; tampoco para exigirnos que seamos los auditores del auditor.

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El 14 de agosto pasado comenté aquí los resultados de una encuesta que The Conference Board realizó entre poco más de 1300 altos ejecutivos alrededor del mundo con el fin de conocer sus opiniones sobre el impacto que a largo plazo tendrá la pandemia de COVID-19.

Esta encuesta indicó que los ejecutivos opinaban que, para sobrevivir y progresar en la nueva realidad, las empresas debían transformarse profundamente y que no iban a parecerse mucho a lo que eran antes de la pandemia.

Ayer se difundieron los resultados de una encuesta para saber cómo los directores generales (CEOs) de las empresas más influyentes del mundo están planificando el regreso a la llamada nueva normalidad.

El estudio, que fue realizado en febrero y marzo por KPMG International (una de las cuatro grandes empresas de contabilidad del mundo), le preguntó a los CEOs de 500 empresas globales sobre “su respuesta a la pandemia y las perspectivas para los siguientes tres años”.

El reporte anota que “los CEOs están planeando cómo será el regreso a la ‘normalidad’, pero la falta de acceso de su fuerza laboral a una vacuna COVID-19 los está obligando a repensar sus estrategias. Solo un 31% anticipa un regreso a la normalidad en 2021 y 45% espera que la normalidad se reanude en 2022 (…) el 24% dice que su negocio ha cambiado para siempre”.

Más adelante, el reporte dice que “La seguridad de su personal domina los planes de los CEOs para operar en el nuevo panorama empresarial (…) 21% de las empresas les preguntarán si han sido vacunados a los clientes y visitantes de sus instalaciones (…) 26% planea reducir los viajes internacionales hasta que concluya la pandemia (…) 17% dice que reducirá el tamaño de las instalaciones físicas de su empresa, porcentaje menor al 69% que en agosto de 2020 dijo que lo haría (…) 30% tendrá una mayoría de empleados trabajando de forma remota entre 2 y 3 días a la semana”.

Los CEOs tienen sentimientos encontrados en cuanto a los próximos tres años y sienten “un poco más de confianza en su empresa, sector y país que el año pasado” pero, por otro lado, su confianza en la economía global “está en su nivel más bajo desde 2017”.

A la pregunta “¿Cuál de los siguientes riesgos representa la mayor amenaza para el crecimiento de su organización durante los próximos tres años?”, ocupó el primer lugar, con 18% de las respuestas, el riesgo para la ciberseguridad, seguido por riesgos fiscales y regulatorios (14% cada uno) y, en tercer lugar, con 12% de las respuestas, riesgos en la cadena de suministros. Esto significa que los CEOs opinan que la mayor digitalización de sus empresas las hará blancos de hackers y ciberterroristas, que los gobiernos podrían incrementar los impuestos corporativos e imponer nuevas reglas medioambientales y que la inestabilidad política generada por la pandemia podría afectar a sus proveedores.

El estudio concluye que “Aunque pocos líderes empresariales anticipan un rápido regreso a la normalidad, tienen una sólida comprensión de los requisitos para restaurarla en la forma en que trabajan. También tienen una visión clara de las acciones necesarias para reafirmar su competitividad en un mercado que cambió para siempre…”.

Habrá que ver qué nos dicen otras encuestas, pero la nueva normalidad no será muy normal.

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