17 000 millones desviados en un acto más de corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó ayer que congeló las cuentas del dueño de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo, quien ha sido acusado de homicidio, secuestro y extorsión, entre otros delitos....

13 de agosto, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó ayer que congeló las cuentas del dueño de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello Valenzo, quien ha sido acusado de homicidio, secuestro y extorsión, entre otros delitos.

El exvoceador, excarpintero y exalbañil aparentemente descubrió que ser líder sindical es el mejor camino a la opulencia ya que, de acuerdo a la UIF, “Utilizaba el sistema financiero para dispersar los recursos que obtenía de sus actividades criminales. Manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado (…) durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por 1252 millones de pesos, así como retiros por 1844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo”.

De acuerdo con un reportaje que apareció el 7 de enero pasado en el diario El Universal, la organización sindical de Bello Valenzo junto con el Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), controlaron la venta de materiales de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Lo anterior permitió un desvío de 17 000 millones de pesos que “fue investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) –encargado de construir el NAIM– a la SFP y a la PGR” y que en él participaron Raúl González Apaolaza, ex director general de Obra del NAIM, y Carlos Noriega, ex director general de Administración de GACM. Curiosamente, González Apaolaza es miembro del SITRAM y nunca lo declaró al ser nombrado director de la obra.

Cuestionado sobre el asunto el mismo día en que se publicó todo lo anterior en el citado diario, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa mañana lo había revisado durante su reunión con su gabinete de seguridad y añadió: “Vamos a investigar y mañana tendremos mayor información”.

Abundan las notas periodísticas relacionadas a Hugo Bello Valenzo y su sindicato. De acuerdo a una nota publicada el 30 de mayo de 2019, “La Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría capitalina asestó un golpe a la estructura del denominado Sindicato Libertad –ligado  al cártel de Tláhuac–, al detener a siete de sus integrantes (…) Autoridades del gabinete de seguridad capitalino revelaron que dicha organización se caracteriza por despojos, invasión de predios, extorsiones, amenazas, golpizas y cobro de derecho de piso”.

Han transcurrido siete meses desde que se le informó a AMLO sobre ese probable desvío de 17 000 millones de pesos y ayer actuó la UIF al congelar las cuentas bancarias de uno de los involucrados. La UIF no informó si también se congelaron las de la Confederación Libertad de Trabajadores de México o de los exfuncionarios del GACM y del NAIM arriba mencionados.

Hasta el momento, nadie ha sido detenido y no se ha informado si existe una orden para su arresto.

Este es solo uno de tantos supuestos actos de corrupción perpetrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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Fue removido por la Asamblea de Gobernadores del banco después de que se hizo público que mantuvo una relación sexual con una de sus subordinadas a quien, además de su afecto, le dio aumentos salariales no justificados. Ahora, la Asamblea de Gobernadores debe elegir a su sucesor. Para que alguien sea electo debe obtener los votos de una mayoría absoluta del capital social que está repartido entre los 48 países miembros del BID y también una mayoría absoluta de los 28 países miembros en América (el Banco tiene 26 países miembros en América Latina y el Caribe, además de Canadá y Estados Unidos, y 22 no prestatarios en Europa y Asia). Los 15 países que tienen más de 1.0% de la participación accionaria del banco son: EEUU (30.006%), Argentina (11.354%), Brasil (11.354%), México (7.299%), Japón (5.0%), Canadá (4.001%), Venezuela (3.403%), Chile (3.119%), Colombia (3.119%), Italia (1.966%), España (1.964%), Alemania (1.896%), Francia (1.896%), Perú (1.521%) y Uruguay (1.219%). Entre ellos poseen el 89.118% de las acciones; el 10.882% restante está repartido entre los otros 33 países. Es evidente que lograr el apoyo de más del 50% de los 28 países americanos y del 50% de las acciones del banco no es cosa fácil. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que propondrá la candidatura de Alicia Bárcena, la embajadora de México en Chile que de 2008 a 2022 fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y antes ocupó diversos cargos en la ONU. Además de ella se menciona que también serán candidatas las expresidentas de Chile Michelle Bachelet y de Costa Rica Laura Chinchilla, ambas también poseedoras de un amplio y excelente currículum. También podría buscar ser candidata la hondureña Reina Irene Mejía Chacón, quien es la vicepresidente ejecutiva del BID a cargo de la presidencia que ahora está vacante. 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