En 2018 existía un nivel de deuda para la nación mexicana de diez billones de pesos. Siete años después, una vez iniciado un gobierno populista, la deuda asciende a dieciocho billones, más de un billón de pesos por año. Esto es una infamia. Para la correcta interpretación de esta infamia, es preciso brindar una perspectiva: la acumulación de deuda hasta el 2018 obedeció a un proceso gradual que representaba creación de infraestructura con crecimiento económico. En finanzas existe una configuración para representar niveles adecuados de endeudamiento, conservando una proporción real de repago de deuda contratada; en finanzas corporativas ha trascendido como “leverage” y adecuando su traducción, sería apropiado denominarla “apalancamiento financiero”. Para esta acepción fueron estudiadas diversas fuentes de capitalización dentro de una estructura de capital y derivado de costos alternos de financiamiento, se calculó un costo promedio del capital. Este costo promedio permite apropiar términos de inversión para superar el costo promedio con flujos de la inversión propuesta y cubrir el financiamiento con el tiempo de generación del efectivo necesario.
En finanzas públicas no siempre puede utilizarse este método, toda vez que la inversión pública no define rendimientos monetarios en cada uno de sus proyectos, por ejemplo, electricidad: si una población o comunidad recibe alumbrado, la tasa de criminalidad puede disminuir y eso es un bien intangible. Aquí resulta interesante contemplar las metas de la administración pasada, la de López Obrador, que en forma por demás irresponsable, utilizó deuda para obra que en teoría y planteamiento serían redituables en términos monetarios; esto significó un dispendio colosal sin el adecuado respaldo de lo mencionado en materia de retorno o recuperación de la inversión que nunca lo fue, porque el verdadero sentido y orientación del fondeo de estos proyectos inútiles fueron con cargo al gasto corriente, una vez contratada la deuda asumida por la hacienda pública.
Entonces, la deuda no produjo infraestructura como debería corresponder a la demanda de agentes productivos; la deuda fue inducida desde el poder para construir obra que jamás correspondió a una demanda real de infraestructura. Se unieron dos inducciones desde una óptica perversa: la de la obra en sí y la del gasto que debió atender servicios y otras funciones propias de la administración pública. Esta irreverencia a la ética gubernamental ha provocado una deuda impagable como menciona el enunciado de este texto; es una verdadera trampa mortal para el país porque la secuela de esos actos de impudicia continúan en el sufragio de gasto sin retorno. Amparar una continuidad a proyectos fallidos de origen debería ser motivo de interrupción desde el mayor de los reclamos de justicia para la sociedad mexicana. Esto es una falta a todo precepto de decoro y principio de gobierno.
He intentado, como analista, desprender algunas cifras del endeudamiento que ahoga las finanzas nacionales, iniciando con Pemex y CFE, pero es tal la opacidad en las notas a los estados financieros, que resulta imposible considerar costos y plazos, pero cabe mencionar algunas consideraciones de importancia: el adeudo de la petrolera a proveedores es de más de 140 000 millones, en tanto el presupuesto anual para la empresa es de un monto similar. CFE tiene pérdidas contables acumuladas del orden de 46 000 millones. La deuda de Pemex es verdaderamente inconcebible a la vez de impagable; he resaltado en espacios anteriores que Pemex ha perdido dos veces y un tanto más el total de su patrimonio. Es una empresa quebrada, por más pretensiones que lean del régimen. Intenté también, situar la deuda en una esquema de corto plazo a una tasa promedio del 4%; el panorama resulta verdaderamente aterrador, el déficit fiscal real sería del 5%, en tanto las obligaciones de corto plazo anulan todo presupuesto del año en su totalidad. Cabe añadir que este panorama se enfrenta con una economía estancada. El gobierno desecha esta premisa, que es cierta e irrebatible. La economía mexicana no crece.
Debemos añadir que la inversión en términos reales ha caído y esto es reflejo de reformas que crean incertidumbre en el orden jurídico de la nación. Se han difundido cifras que engañan o desvirtúan la inversión extranjera directa, cuando de la cifra mencionada, el 86% corresponde a reinversión de utilidades. Por otro lado, no solamente este régimen populista no crea infraestructura, tampoco atiende fases de reposición de equipo y mantenimiento. Hemos constatado, tan solo en el Metro, el descuido patente y el franco abandono de instalaciones. De aeropuertos mejor no tocamos el tema porque el señalamiento es de conocimiento público. Así podemos abundar en múltiples renglones hasta llegar al de seguridad y salud, este último en fase de desgracia a niveles insospechados.
El desvío de recursos en innumerables órdenes ya aflora en modo de vida de funcionarios y congresistas que en determinado momento decidieron exhibir su riqueza, producto del desvío de presupuestos de la nación para otros fines que naturalmente fueron traicionados. Así hemos transitado, enterados de esa fase de descaro y de pretensión de austeridad pregonada y pisoteada. Todo abona al descalabro presupuestal de la nación, todo, desde la obra faraónica hasta el abuso individual de actores políticos impresentables y la natural concupiscencia desde el poder que legó seis años permisivos y ejemplo de despojo programático y anunciado, para demoler la praxis discursiva de la austeridad republicana desde el primer día de gestión.
Ahora estamos en la fase de denuncia y prensa desbocada en atención al detalle, para que la opinión pública conozca todas las minucias de traición a la patria, porque no merece otro apelativo. Ahora sabemos el destino de esa deuda irresponsable e impagable, reitero. La sociedad mexicana tendrá la respuesta a este vil despojo que suma siete años. La ayuda a Cuba es tratado aparte y merece consideración, denuncia y repudio. Asi lo veremos próximamente.
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