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México: más que una economía rota, una economía trabada

Lo verdaderamente roto en México no es la macroeconomía; es el mecanismo de transmisión entre estabilidad, exportación y prosperidad interna.

1 de abril, 2026

Jose Luis Romero Hicks

pronosticos para Mexico | Ruiz Healy Times

El semanario británico The Economist acaba de publicar un artículo crítico intitulado “Mexico’s broken economy -La economía rota de México”. La tesis central desarrolla de manera sucinta que: el problema de México no es el Presidente Trump ni los aranceles, sino una combinación interna de menor inversión, incertidumbre jurídica, debilitamiento regulatorio, cerrazón energética, ausencia de una reforma fiscal de fondo e inseguridad.

The Economist acierta en la dirección general, pero se queda corto en el diagnóstico profundo. México no parece una economía “rota” en el sentido clásico de una crisis macrofinanciera: no hay un colapso externo, ni una corrida bancaria, ni un desplome de la cuenta corriente. Lo que sí hay es algo quizá más grave en el largo plazo: una economía estructuralmente trabada, donde la plataforma exportadora funciona mejor que el resto del país, la estabilidad macro convive con una gran debilidad microeconómica, y el potencial de la relocalización productiva no logra traducirse en un ciclo sostenido de inversión, productividad y formalización. El FMI sigue hablando de un sistema financiero sano y de amortiguadores externos adecuados, mientras Banxico reportó para 2025 un déficit en cuenta corriente de apenas 0.4% del PIB.

El artículo del semanario británico pega donde más duele: la economía sí se ha enfriado. INEGI reportó que el PIB creció 0.9% trimestral y 1.8% anual en el cuarto trimestre de 2025, pero el IGAE de enero de 2026 cayó 0.9% mensual y sólo avanzó 0.5% anual. Al mismo tiempo, la inflación de la primera quincena de marzo subió a 4.63%, todavía lejos del objetivo de 3%, y Banxico recortó la tasa de referencia a 6.75% el 26 de marzo. Es decir: México está entrando en 2026 con una mezcla incómoda de actividad débil e inflación todavía alta, justo el tipo de entorno que alimenta titulares pesimistas como el de The Economist.

Pero el enfriamiento actual no es sólo un mal trimestre. La OCDE fue más lejos y habló de la necesidad de “reimpulsar el crecimiento” tras dos décadas de desempeño modesto. El FMI, por su parte, ha insistido en que el crecimiento potencial de México depende de cerrar brechas de infraestructura, fortalecer el Estado de derecho y profundizar la integración comercial. Esa combinación importa mucho, porque sugiere que el problema mexicano no es meramente coyuntural: hay una falla persistente en la forma en que el país convierte sus ventajas geográficas y manufactureras en crecimiento de largo plazo.

Aquí aparece el primer gran punto que amplía, y a la vez mejora, el argumento de The Economist: el verdadero problema no es que México no exporte o no atraiga capital; el problema es que no logra transformar esos éxitos en un círculo virtuoso doméstico. La balanza de pagos de Banxico mostró que en 2025 México exportó 664.8 mil millones de dólares e importó 664.1 mil millones, con un superávit comercial de 771 millones. Además, la inversión directa “en México” sumó 40.9 mil millones de dólares. A primera vista, eso no parece el retrato de un país quebrado. El detalle decisivo es que, de ese total de IED, sólo 7.4 mil millones fueron nuevas inversiones, mientras 27.6 mil millones provinieron de reinversión de utilidades. Traducido: los que ya están en México siguen, pero la gran ola de capital fresco y transformador no termina de despegar. Ese es el verdadero “nearshoring paradox”.

Dicho de otra manera: México sí está insertado en Norteamérica, sí mantiene una base exportadora formidable y sí recibe inversión; lo que no ha conseguido es que ese dinamismo se derrame con suficiente fuerza hacia el resto de la economía. El propio FMI lo ha planteado con claridad: la reconfiguración de las cadenas globales ofrece una oportunidad excepcional, pero aprovecharla exige regulación más ágil, infraestructura de transporte, agua y energía más confiables, más capacidades laborales, más participación femenina y una ofensiva seria contra crimen, corrupción e incertidumbre judicial. Es decir, el país no fracasa por falta de oportunidad; fracasa por no remover a tiempo los cuellos de botella internos.

Ése es el núcleo del asunto: México tiene una macroeconomía razonablemente creíble, pero un clima microeconómico cada vez más costoso para invertir. En su misión de 2024, el FMI advirtió que las reformas judiciales recientes crean incertidumbre sobre la ejecución de contratos y la previsibilidad del Estado de derecho, y que la sustitución de jueces puede afectar decisiones privadas de inversión. La OCDE, por su lado, subrayó que combatir el crimen es esencial para impulsar inversión y crecimiento. No es casual que The Economist haya puesto la lupa en la reforma judicial, los organismos autónomos y la energía: esas tres áreas concentran buena parte de la percepción de riesgo país que hoy enfrenta México. Una decisión reciente que abona a estas preocupaciones para invertir es la recién aprobada Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que excluye al arbitraje internacional al remitir la resolución de controversias exclusivamente a tribunales federales.

Ahora bien, el semanario británico también tiene razón en algo que suele incomodar en el debate mexicano: la baja inversión no se explica sólo por factores externos. Sin embargo, me parece excesivo sugerir que el componente externo es casi irrelevante. La OCDE dijo expresamente que la economía mexicana se ha visto “significativamente afectada” por la incertidumbre global y por cambios en la política comercial de Estados Unidos. El FMI atribuyó la debilidad de 2025 a una mezcla de consolidación fiscal, política monetaria restrictiva e incertidumbre comercial. Y el propio Banxico, en su comunicado del 26 de marzo, reconoció riesgos derivados de una posible prolongación o escalamiento del conflicto en Medio Oriente. En otras palabras: el freno mexicano es parcialmente autoinfligido, sí, pero también ocurre en un contexto externo mucho más hostil que el de hace tres o cuatro años.

Hay otro punto donde vale la pena ir más allá del artículo: el mercado laboral mexicano engaña si se ve sólo por la tasa de desempleo. En noviembre de 2025, la desocupación fue de apenas 2.7% de la PEA, pero la informalidad laboral alcanzó 54.8% y la tasa de condiciones críticas de ocupación llegó a 37.5%. A eso se suma que el índice global de productividad laboral cayó 0.4% trimestral en el segundo trimestre de 2025. El mensaje es brutal: México no tiene un problema primordial de “falta de empleo”, sino de mala calidad del empleo, baja productividad y escasa formalización. Por eso muchas familias pueden percibir mejoría de ingreso y, al mismo tiempo, el país seguir estancado.

Y aquí es donde el debate se vuelve más interesante, porque obliga a matizar el titular de The Economist. Si uno mira el frente social, el panorama no es monocromático. CONEVAL reportó que la pobreza multidimensional bajó de 41.9% a 36.3% entre 2018 y 2022. Eso importa y no debería minimizarse. Pero el mismo documento mostró que la carencia por acceso a servicios de salud subió de 16.2% a 39.1%. Es decir, hubo una mejora en pobreza medida por ingreso y carencias agregadas, pero a la vez se deterioró fuertemente una capacidad básica del Estado. Ésta es una clave que el artículo británico no desarrolla: el problema mexicano no es simplemente “más Estado” o “menos Estado”; es un Estado que redistribuye mejor de lo que invierte, recauda y provee servicios.

El frente fiscal confirma esa lectura. La OCDE recordó que México tuvo en 2023 una carga tributaria de 17.7% del PIB, la más baja de todo el organismo. El FMI ha insistido en que hace falta una consolidación fiscal creíble, apoyada en medidas del lado del gasto y de los ingresos, y en que sería preferible incluir una reforma tributaria. Al mismo tiempo, la propia SHCP reportó que en 2025 las finanzas públicas incorporaron un apoyo extraordinario a Pemex de 193 mil millones de pesos, y que sin ese apoyo los RFSP habrían sido de 4.3% del PIB y el SHRFSP de 52.6% del PIB. No hace falta compartir el tono de The Economist para reconocer el fondo del problema: con una base recaudatoria tan estrecha y con un balance público todavía tensionado por Pemex, el margen para financiar infraestructura, seguridad, justicia, agua y transición energética es insuficiente.

De hecho, si uno quiere resumir la economía mexicana en una sola frase, quizá no diría “rota”, sino desbalanceada. El país tiene banco central creíble, una inserción comercial poderosa, una base manufacturera competitiva y una geografía envidiable. Pero también tiene un Estado que recauda poco, una empresa petrolera que consume espacio fiscal, una infraestructura energética y logística insuficiente, una informalidad masiva y un deterioro institucional que eleva el costo del capital. Esa combinación es letal, no porque provoque un derrumbe inmediato, sino porque condena a la economía a crecer por debajo de lo que podría. Ésa es la tragedia mexicana: no la crisis abierta, sino la mediocridad estructural en medio de una oportunidad histórica.

La respuesta del gobierno, por supuesto, va en sentido contrario. La Presidencia ha defendido que la economía está “sólida y fuerte”, ha presentado el Plan México con un portafolio de inversiones por 277 mil millones de dólares y ha destacado logros como el aumento del salario mínimo de 13% en 2026. No son datos inventados; son datos reales y políticamente rentables. El problema es que ninguno de ellos, por sí mismo, resuelve la pregunta decisiva: ¿cómo convertir esas señales positivas en un salto sostenido de productividad y de inversión nueva? Ahí es donde la narrativa oficial sigue quedándose corta.

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The Economist acierta al decir que México no puede seguir explicando todos sus problemas por Trump. Pero se equivoca si da a entender que basta con denunciar el deterioro institucional para haber agotado el análisis. Lo verdaderamente roto en México no es la macroeconomía; es el mecanismo de transmisión entre estabilidad, exportación y prosperidad interna. México exporta bien, pero invierte demasiado poco en relación con su oportunidad; crea empleo, pero formaliza demasiado poco; mejora algunos indicadores sociales, pero debilita servicios públicos básicos; proclama soberanía energética, pero no consigue suficiente capital, competencia ni confiabilidad para convertirla en crecimiento. Eso no es exactamente una economía quebrada. Es, quizá, algo más frustrante: una economía bloqueada por sus propias contradicciones.

La salida tampoco es misteriosa. Pasa por una reforma fiscal seria; por una implementación de la reforma judicial que preserve independencia y previsibilidad; por abrir espacio efectivo a la inversión privada en energía, redes y renovables; por atacar de frente inseguridad, extorsión y corrupción; por invertir en agua, logística, digitalización, habilidades y participación laboral femenina; y por usar el momento del TMEC y del nearshoring para construir proveedores nacionales, no sólo para ensanchar enclaves exportadores. En el fondo, el debate que abrió The Economist no debería cerrarse preguntando si México está “roto” o no. Debería abrirse preguntando por qué, teniendo tantas ventajas, México sigue creciendo como si no las tuviera.

Referencias

https://www.economist.com/the-americas/2026/03/26/mexicos-broken-economy

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Jose Luis Romero Hicks

Politólogo, economista, y abogado por la Universidad de Guanajuato. Diplomático en las embajadas de México en India y Japón. Consejero de PEMEX, Director General de Bancomext y Secretario de Planeación y Finanzas en Guanajuato. Abogado postulante, consultor financiero y en políticas públicas de vivienda. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

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