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Mejores prácticas de inversión pública para una infraestructura de calidad

17 de noviembre, 2020

Recientemente la OCDE publicó un compendio de las mejores prácticas en materia de inversión para generar infraestructura de calidad. Dicha publicación enuncia los factores más relevantes a tomarse en cuenta. Lo anterior deja ver que la calidad de la inversión pública es un tema que se toma con mucha seriedad alrededor del planeta y que su éxito depende de cómo se planea, gestiona, financia e implementa en todos los órdenes de gobierno. Ello sin duda contrasta con la forma como se gestiona la inversión pública en México.

El Compendio de la OCDE titulado Buenas prácticas de política pública para la inversión en infraestructura de calidad¹, contiene más de 340 prácticas recomendables. El compendio subraya que elegir inversiones adecuadas en infraestructura, alineadas con objetivos de desarrollo de largo plazo, implementadas a través de mecanismos apropiados, y manejadas eficientemente durante todo su ciclo de vida, pueden contribuir al desarrollo económico, y a alcanzar objetivos ambientales, de gobernanza y de desarrollo sostenible.

Sin embargo, el compendio también señala que “cuando los recursos escasos son gastados en proyectos débiles, los cuales fallan en entregar beneficios netos a la sociedad, cuando una mala gobernanza resulta en sobrecostos y retrasos, o cuando los proyectos conducen a la degradación ambiental o a abusos de los derechos humanos, pueden socavar el desarrollo económico y social e incrementar el riesgo para el medio ambiente, así como reducir la confianza en el gobierno y las instituciones”². A continuación, se enlistan algunas de las mejores prácticas contenidas en el Compendio:

Interesar a promotores de los sectores público, privado y sociedad civil en el diseño e implementación de estrategias de inversión pública para fomentar el valor económico y social, y asegurar la rendición de cuentas.
Utilizar licitaciones competitivas, maximizando la participación de todos los proveedores calificados y limitando el uso de las excepciones como las adjudicaciones directas.
Asegurar el desarrollo de sistemas de infraestructura verde, garantizando un transporte sostenible, generación eléctrica de bajas emisiones y en general el desarrollo de infraestructura que haga un uso eficiente de los recursos.
Realizar evaluaciones del impacto en el medio ambiente como parte del proceso de planeación y para la toma de decisiones.
Conformar una visión estratégica para la infraestructura por medio de una evaluación rigurosa de las necesidades de infraestructura actuales y futuras tanto nacionales como subnacionales, y presentar un plan de cómo esas necesidades deberían ser priorizadas.
Asegurar que los funcionarios encargados de las compras públicas tengan una trayectoria profesional basada en el mérito y que el gobierno brinde las herramientas para mejorar sus habilidades y competencias en la materia.
Promover que la gestión de riesgos incluya un enfoque que busque mitigar el fraude, colusión, abuso, corrupción, riesgos de captura e influencia inapropiada en cada etapa del ciclo de vida del proyecto de infraestructura.
Proveer un grado de transparencia adecuado a lo largo del ciclo de vida del proyecto al ofrecer información abierta, accesible, completa y de alta calidad. Garantizar que la información relevante se publique de manera oportuna y esté disponible al público.

Con base en las mejores prácticas enlistadas arriba, se puede observar que existe una brecha muy amplia entre las prácticas de inversión pública en infraestructura de calidad que se realizan alrededor del planeta y las que efectivamente se realizan en México. En este sentido, sería muy deseable convertir al debilitado y casi inexistente Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de México en un verdadero sistema que regule, planee e integre a los actores involucrados con una visión de largo plazo. Esto sucede así en Chile, por citar un ejemplo latinoamericano, y bien haríamos en nuestro país en consolidar un SNIP como el chileno, que goza de un altísimo prestigio debido en gran medida a que los dictámenes relacionados con los proyectos de infraestructura que emiten sus profesionales obedecen a criterios técnico-científico, sin sesgo político o partidista.

También debe recordarse que el 17 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, coordinado por Alfonso Romo. Esto en lugar de fortalecer al SNIP. El saldo al día de hoy arroja la existencia de dos entes, pero ninguno de ellos jugando un papel relevante en torno a la inversión en infraestructura de calidad, aun cuando la infraestructura es un detonante del crecimiento económico.

1Disponible en: http://www.oecd.org/finance/OECD-compendium-of-policy-good-practices-for-quality-infrastructure-investment.pdf

2 Ibid, p. 7

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Liliana Alvarado Baena

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia tributaria y análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es directora del Área de Desarrollo Económico y Social, responsable del análisis de finanzas públicas, seguridad, transparencia y anticorrupción. Actualmente colabora en Grupo Fórmula en el programa de Eduardo Ruiz-Healy. Twiter: @lilialvaradob

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