Argentina enfrenta un grave problema asociado a sus pérdidas recaudatorias. Actualmente, los subsidios destinados a las empresas de gas y electricidad han provocado un desequilibrio en las finanzas públicas del país. Para corregir esta situación y cumplir con los acuerdos estipulados a inicios del año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha implementado un plan para reducir los aportes a dicho sector a partir del mes de agosto.
El plan de Fernández se centra en garantizar que las ayudas del gobierno no lleguen a los hogares de mayores ingresos, sino que se concentren en los sectores medios y bajos. La recaudación para este año derivada de la medida se estima en alrededor de 110 millones de dólares, mientras que en 2023 superará los 592 millones de dólares.
Cabe mencionar que para dicho efecto se busca corroborar los ingresos de los hogares a través de una declaración jurada que los usuarios deben llenar de manera digital: aquellas personas que superen un equivalente a 3.5 canastas básicas (o 2700 dólares mensuales), o disponen de tres o más vehículos o propiedades, perderán el subsidio.
De esta manera, se calcula que casi un millón de personas dejarán de recibir el subsidio solo en Buenos Aires y su periferia. La idea de esta nueva segmentación fiscal fue del Ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, Guzmán renunció hace unas semanas y abandonó su puesto sin poder aplicar la reforma directamente.
No obstante, los subsidios a la energía en Argentina llevan en pie bastante tiempo. La misma Cristina Kirchner los aplicó como un mecanismo para controlar la inflación. Incluso, Mauricio Macri intentó reducirlos durante su gobierno, pero ante su temor por perder la reelección, los regresó en 2019.
Pero, ¿cómo funcionan estos subsidios? Lo que sucede es que el Estado compra a precio de mercado a los productores y después lo vende a las distribuidoras a un precio más bajo, ahí está el subsidio. De esta manera se evita que se trasladen los aumentos a los hogares y a las empresas. En este sentido, el Estado argentino absorbe más del 65% del costo del gas y del 70% del costo de la electricidad. Por esto, es un sistema casi insostenible para el gobierno. El Banco Central no puede acumular reservas y el gobierno tampoco reduce el déficit.
Cabe destacar que esta no ha sido una decisión sencilla para el gobierno argentino. Reducir el subsidio representa un debilitamiento sustancial de su base electoral, así como un efecto considerable en la inflación, hoy por encima del 60% anual. Pero de no hacerse, el boquete fiscal seguirá creciendo y tendrá graves consecuencias sobre la deuda y el gasto público. Por lo pronto, el problema ya ha sido identificado y se ha decidido atenderlo.
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