La recuperación económica de México después de la pandemia del COVID-19

A mediados del mes de julio de 2020, México se ubicó en 4° lugar en número de muertos por  COVID -19 y en 7° lugar en número de infectados, de acuerdo a cifras oficiales. En muertos, desgraciadamente...

22 de julio, 2020

A mediados del mes de julio de 2020, México se ubicó en 4° lugar en número de muertos por  COVID -19 y en 7° lugar en número de infectados, de acuerdo a cifras oficiales. En muertos, desgraciadamente México supera, hasta el día de hoy, a Italia, Francia y España y nos acercamos a Reino Unido. 

En este contexto, la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela  Siller  Pagaza, señaló que tanto los niveles de confianza entre consumidores e inversionistas en México como el avance de la pandemia y las perspectivas económicas de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pintan un panorama oscurecido para nuestro país. 

Hay que recordar que el Grupo Financiero Banco Base es un grupo financiero mexicano con más de 33 años en el mercado. Nació en 1986 como Base Internacional Casa de Cambio en la ciudad de Monterrey (Nuevo León). En 2005 se le otorgó la autorización para operar como Casa de Bolsa y en 2011, para operar como Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple.

De acuerdo a las proyecciones de Banco Base, la recuperación en Estados Unidos puede tardar de dos a tres años. Este año podría caer 6%, pero si se llegara a extender la contingencia  o hubiese mayores impactos en la economía de Estados Unidos, estaría presente la posibilidad de que México pueda contraerse más que en el año de 1932, cuando la economía cayó 14.92%. 

Sobre la posible pérdida del grado de inversión, Banco Base ve una alta probabilidad de que México pierda el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. 

Un movimiento en el grado de la calificación crediticia de México podría afectar al tipo de cambio, que podría cerrar alrededor de 24 pesos mexicanos por dólar. También podría provocar salida de capitales de nuestro país.




Banco Base ve un 90% de probabilidades de que, a finales de este año o a inicios del año 2021, al menos dos de las agencias calificadoras de riesgo bajen la calificación de México. Hay que  recordar que ya Fitch Ratings tiene a México al borde de perder el grado de inversión.

Las expectativas para el cierre del año 2020 de Banco Base son las siguientes:

– Inversión fija bruta, que ya acumula 15 meses de contracción, caerá 25% al cierre de año.

– Inversión extranjera directa se contraría un 45%.

– Consumo privado caería 11.2% en 2020, mucho más de lo que ocurrió en el año 2019.

– La inflación cerraría en niveles de entre 3.2% y 3.5%, lo que da un gran margen de maniobra para más recortes a la tasa de interés por parte de Banxico.

– La tasa de interés de referencia cerraría en 4% nominal con dos recortes más por parte de Banxico en la segunda mitad del año. Incluso, podría ser reducida al 3.75%, si Banxico hace recortes más agresivos o si aplica más de dos recortes. 

Por último, cabe señalar que Banco Base estima que la recuperación económica en México va a tomar entre 6 y 11 años.

Comentarios
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Una auditoría revela el cruce inevitable del empleo de cualquier ingreso en las arcas públicas; esto incluye naturalmente la deuda como recurso fresco, la liquidación de conceptos que alguna vez reunieron partidas presupuestales y cualquier otro desvío de gasto programado que no haya reunido su destino como presupuesto de gasto corriente. Esta última parte es muy importante porque esta transición instaló desde su inicio una suplantación de partidas presupuestales por una eufemística suposición de cambio más eficiente en muchos casos; en otros, simplemente desapareció programas asistenciales en marcha pretextando mayor eficiencia en su cobertura y ésta jamás llegó a los beneficiarios. Se utilizó una salida que nunca operó en la llamada intermediación, aludiendo a la intermediación como vicio y proceso de corrupción. Entonces, se centralizó la operación de programas y hasta este momento no existe un padrón confiable en la utilización selectiva del recurso. La auditoría de cualquier ente económico siempre mostrará la ruta del egreso y siempre mostrará el tiempo y circunstancia de aplicación del mismo: esto naturalmente subraya la eficiencia y control del gasto corriente cuando de la administración de la cuenta pública se trate. En la administración pública el ingreso puede ser programado, con base en experiencias anteriores de ejercicios pasados; de igual modo el presupuesto de egresos se presupone y es deber del Congreso aprobar y vigilar su aplicación. Lo más importante es destacar el término gasto que es el adecuado para representar en la ética gubernamental toda disposición del tesoro nacional.    El énfasis en el gasto corriente se hace por respeto a la norma que rige la aplicación de recursos a la vía correcta que corresponde al principio inalterable en economía de distribución de recursos. Toda desviación de la norma puede convertirse en un costo. Se remarca esta diferencia porque la concepción de gasto en la vida pública es un flujo de satisfactores y servicios y puede ser medido. El costo es simplemente una pérdida de recursos porque no cubrió satisfacción alguna. El afán de esta transición en un ahorro inexistente, llamado austeridad y todavía adjetivado como republicano, consistió en suplir funciones en marcha, centralizar decisiones de reparto de recursos, delinear selectividad regional en esa dispersión y concentrar el recurso para una discreción que desvió el concepto de gasto y lo desperdició convirtiéndolo en costo irrecuperable. Esta constante dañó el mercado interno, desequilibró la demanda y el resultado en fecha reciente es la pérdida del control de una variable significativa en la inflación. La dispersión del recurso nunca consideró la cadena productiva; el descuido de esta fase de reacción a toda productividad estancó la producción y la sumió en una recesión del producto. El camino de los costos se fue agravando conforme el dispendio consolidaba dos acepciones: el reparto sin control ni padrón y la construcción de obra alterna aeroportuaria, obra adicional en una refinería y un tren en la selva. Estos últimos conceptos han recibido infinita cobertura y crítica de especialistas; se han convertido en una simbología que anticipa improvisación y capricho. Resulta imposible evadir su alusión en tanto añadan a la cadena de desperdicio de recursos y costos para la nación. Con estas obras se abandonó todo concepto de gasto y de inversión pública en esta transición. La visión de inversión no puede considerarse por la utilización del presupuesto nacional que no es para eso y por la incertidumbre en el retorno de esos cuantiosos montos empleados. Seguimos la ruta de los costos y situamos la deuda como recurso violado en su precepto primordial. La deuda pública en teoría debe ser etiquetada por el delicado destino para el que se contrata; esto significa que en todo momento debe resolver situaciones de fondo. La deuda aporta a la infraestructura carretera, portuaria, hidráulica, como ejemplo de desarrollo, pero jamás se adiciona al gasto; la deuda no es complemento del gasto corriente porque invade en forma automática la función del ingreso. La deuda coadyuva al desarrollo y si no lo hace se convierte en carga adicional del gasto en el servicio de la deuda misma. Esta transición ha hecho un uso indebido de la deuda, no ha creado infraestructura. Si se piensa que Santa Lucía es creación de infraestructura, no podría serlo porque simplemente se concibió como una situación alterna a un espacio aéreo en operación y a otro espacio despojado de toda actividad conjunta en Texcoco, de modo que ni Santa Lucía ni la refinería ni el tren son infraestructura porque no obedecen a la demanda de agentes productivos. Los pasos son esenciales en este orden: se crea demanda de infraestructura, se resuelve en planes conjuntamente con sector privado, se desarrollan planes a largo plazo y entonces se afianza la capitalización con endeudamiento para que la operación recaiga en manos privadas,  Los pasos mencionados y la intervención del sector empresarial en todo momento, son la garantía de cualquier empresa gubernamental. Esta transición ha aislado sus proyectos del escrutinio de expertos, de guía de especialistas, de preceptos de inversión, de fondos de capitalización y de perspectivas de desarrollo, ignorando toda secuencia regional. Todas las acciones que ha emprendido esta transición de gobierno, todas sin excepción, porque la disciplina fiscal corresponde a un terreno de acción diferente, todas se han traducido en costos para la nación y muchos de ellos generacionales. 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Esta modernización de las políticas energéticas de EEUU es la primera actualización integral de la política energética nacional en 13 años. La Ley de Energía incluye disposiciones de consenso de la Ley de Innovación Energética Estadounidense del Senado y la Ley de Empleos e Innovación de Economía Limpia de la Cámara. “The American Jobs”, plan del presidente Joe Biden, está alineado a la ley energética bipartidista actual. Por lo tanto, ambas cámaras deberán ponerse de acuerdo en la forma de poder tener los recursos, y debido a esto, el plan de financiamiento (U.S. International Climate Finance Plan)4 presentado en la cumbre por parte de EEUU alivia parte de esto. Al ser bipartidista fomentará la innovación en ámbitos de tecnologías en energía, seguridad nacional, competitividad económica a largo plazo. Esta fue no para la administración que entraría, sino que está  alineado a un plan de nación de largo plazo, bajo un concepto en conjunto. 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Rusia, China e India, no tienen una ley actual basada en la nueva diplomacia, solo se adicionarán a programas existentes, esto da una ventaja comercial, financiera y de adaptación a EEUU. México no contempla una política radical sobre esto. Solo hay una ley de transición energética que no conceptualiza inversiones adicionales a procesos, en la que se indica el porcentaje de energía limpia a producir. Nos convertiremos en importadores del nuevo negocio climático, y las inversiones de nuestros socios comerciales tendrán una componente para dar un financiamiento de algún programa gubernamental o financiero privado, incluir el dinero para mitigar el cambio climático al colocar equipos que “CAPTUREN” gases de efecto invernadero. PEMEX y CFE en su plan de negocios no incluyen la captura de gases de efecto invernadero, solo cuántos gases pretenden emanar en cada proceso. ¿Será que en 2022 lo incluyan inversiones de captura? 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NUEVA REFORMA ENERGÉTICA EN EEUU

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