EL INFONAVIT CUMPLE 50 AÑOS 

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los trabajadores nace en abril de 1972  cuando se promulgó la ley que lo crea y con el  que se da cumplimiento al Derecho a la Vivienda de...

27 de mayo, 2022

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los trabajadores nace en abril de 1972  cuando se promulgó la ley que lo crea y con el  que se da cumplimiento al Derecho a la Vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución. El presidente de la República era Luis Echeverría Alvarez.

El objetivo del INFONAVIT, es otorgar créditos a los trabajadores para adquisición de vivienda y funciona desde su  creación en forma tripartita con un sector empresarial otro de los trabajadores y el gobierno, donde el empresario aporta al fondo el 5% del salario del trabajador que se abona a una sub-cuenta de vivienda que administrado por el Instituto servirá o bien para otorgar crédito al trabajador o para su retiro.

El Infonavit cuenta con un Consejo de Administración integrado por 15 miembros propietarios y un suplente por cada uno, designado por la Asamblea General.

Quién vigila al Infonavit

Una comisión de vigilancia integrada por nueve miembros, tres  a propuesta del Gobierno, tres  a  propuesta de los representantes de los trabajadores y tres  a  propuesta de los representantes patronales ante la Asamblea General.

Las diversas etapas del Instituto

Luego de fundarse, el 1 de mayo de 1972 es designado Director General el Lic. Jesús Silva Herzog quien diseña la primera estructura organizacional, recluta y selecciona al personal, construye normas, reglamentos, formula políticas, proyectos y programas necesarios para iniciar el otorgamiento de créditos. En esa etapa y durante algunos años el Instituto adquiría terrenos, contrataba proyectos y obras a través de empresas constructoras y hacia la supervisión de las obras.

Durante la administración de Luis Echeverría y la de José López Portillo, el Infonavit estuvo a cargo de solo dos directores generales y fue modificando sus reglas de operación para incorporar a los asalariados de menores ingresos, es decir, a quienes percibían de 1 a 3 salarios mínimos. Una vivienda a fines del gobierno de Echeverría tenía un costo promedio de 200 mil (viejos pesos); en 1980 mediante una reforma fiscal, surge el IVA que añadía un 10% al costo de los insumos pagaderos por el consumidor final (la vivienda en su enajenación no causa IVA).

La inflación galopante a fines del gobierno de López Portillo y de Miguel de la Madrid obligó  a hacer adecuaciones a la Ley del Instituto para buscar abatir costos mediante la excepción de impuestos, lo que empezó a crear nuevas dificultades al erario federal.

¿Quién construía?

Empresas constructoras que al principio eran seleccionadas al interior del Instituto, pero con el paso de los primeros años, la CTM y otros grupos sindicales empezaron a constituir constructoras que empezaron a  hacer de su actividad un botín difícil de controlar (con todo las implicaciones que eso conllevó).

En 1982 López Portillo nacionaliza la banca. Esto generó nuevas afectaciones y  modificaciones a la operación del Instituto.

Durante esos 10 primeros años el Instituto construyó 302 410 viviendas. Al terminar el Gobierno de la Madrid, el Instituto desde sus creaciones había construido 665 000 viviendas. El valor promedio debido a la inflación era de 31 millones de viejos pesos en tanto el dólar llegaba a un valor de 2280 viejos pesos.

Al inicio del Gobierno de Carlos Salinas, el Infonavit tenía ya 20 sedes estatales y seguía manteniendo un esquema de “promociones externas” donde desarrolladores y constructores sometían propuestas para la edificación de conjunto de vivienda incluyendo el terreno y la obtención de licencias de construcción y dotación de servicios.

A partir de 1990 inicia una etapa como organismo fiscal autónomo e hipotecaria social; se crea una red satelital para consolidar la información de todos los beneficiarios, de sus subcuentas  y de los créditos otorgados.

Al término de la administración del presidente Salinas, el Instituto había otorgado 1 178 524 créditos lo que benefició a más de 6 millones de personas. 

El costo promedio de la vivienda (después de quitarle tres ceros a la moneda) era de 77,454 nuevos pesos en tanto el dólar se cotizaba en 4 nuevos pesos.

En 1995, con la crisis financiera y económica que se conoció  al iniciar la administración del presidente Zedillo como el “error de diciembre”, surgen las figuras del confinamiento y ahorro previo.

El huracán Paulina de 1997 provocó para beneficio de los trabajadores que se constituyera  un seguro de riesgos para proteger su patrimonio.

Así en ese periodo, se otorgan 607,914 nuevos créditos y la población beneficiada alcanza a 2 millones 400 mil mexicanos.

A partir del año 2000, en el sexenio del presidente Vicente Fox, empiezan a sumarse en los programas liderados por Infonavit, bancos a través de créditos hipotecarios y SOFOLIS. El Instituto se fortalece financieramente, pero la producción de vivienda por el apetito insaciable de desarrolladores, empieza a darse en sitios alejados de las zonas urbanas, sin equipamiento adecuado, sin conectividad y con servicios precarios.

Mientras la parte financiera se fortalecía, la visión social se desvanecía por completo. Hacer casitas pequeñitas, igualitas, sin personalidad y arquitectura, sin tomar en cuenta condiciones climáticas de cada región del país, trajo como consecuencia una terrible expansión urbana, desordenada donde el gran vencedor era el desarrollador, el Infonavit pagaba los platos rotos y el trabajador abandonaba su vivienda (una minúscula casita) en medio de ninguna parte.

Tres sexenios donde la vivienda tropezó y enfrento un panorama muy desesperanzador.

Entidades financieras que se sumaron al co-financiamiento: 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sofoles, como su Casita, Patrimonio, Microfinanciera, Bancos como Banorte, Scotiabank. BBVA Bancomer, Santander y otros se sumaron al programa.

A partir de 2007 colocaciones de certificados de vivienda (CEDEVIS) entre inversionistas extranjeros generaron  excelentes resultados.

En el año 2013, el Infonavit alcanzaba la nada despreciable cifra de 7 millones 659 mil créditos desde su fundación.

Al cierre del 2018, solo en ese año se otorgaron 545 mil créditos y el índice de cartera vencida era solo del 5.6%.

Al inicio de esta administración federal  con la pandemia, la producción de vivienda, el otorgamiento de créditos y la participación de los desarrolladores, la situación  cambió drásticamente.

Viviendas deshabilitadas en el país

Al cierre del año 2021 se contabilizaron casi 6 millones de unidades, el incremento respecto al 2010 (que ya era de 5 millones) se debió a migración, desempleo, violencia creciente y la pandemia que orilló por falta de recursos económicos a dejar sus casas, construidas en un gran número de casos en zonas de difícil acceso, alejadas de los centros urbanos, sin equipamiento educativo, de salud o recreación.

Los estados con mayor abandono y de casas deshabitadas son Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Estado de México. Al abandono de muchas unidades ha sobrevenido la ocupación ilegal y el vandalismo.

El Infonavit reconoce del total anterior que  650 mil corresponden a sus derechohabientes y prevé recuperar solamente 170 mil, con lo que el quebranto para la institución  es de enormes proporciones.

Hay que aclarar que el abandono de la vivienda se da en muchas partes del mundo, pero al final, representa un gran quebranto para el país donde esto sucede.

El Infonavit cumple este mes 50 años de su fundación. En ese periodo ha vivido grandes transformaciones pasando de organismo constructor a hipotecaria social. Ha contribuido a lo largo de los años al PIB en forma importante con cifras que rondan el 3% del total nacional. Ha vivido complejas situaciones laborales, económico-financieras y sociales.

El abandono o existencia de tantas viviendas desocupadas, sigue mostrando la errática política en la materia a lo largo de sus 50 años de existencia, que hay que decirlo se agudiza en esta administración donde el gobierno impulsa que la vivienda la haga el trabajador y a él se le dé el recurso.

 

Comentarios


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Y es que en México hay un mercado accionario subdesarrollado.  A pesar de ser considerado como uno de los principales motores de crecimiento de una economía, en nuestro país este mercado es pequeño y poco profundo, además de que cada vez se ha ido achicando más. El mercado accionario o de capitales es parte integrante, junto con el mercado de deuda y de derivados, del mercado de valores (o bursátil). Y al día de hoy, no se ha encontrado la fórmula para desarrollarlo con todo su potencial.  Un mercado pequeño para dos bolsas de valores Una bolsa de valores tiene como finalidad hacer posible el funcionamiento del mercado de valores, ya que es el medio para efectuar y registrar las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros que hacen las casas de bolsa (también llamados intermediarios bursátiles), en nombre de sus clientes.  Hasta el 2018, operaba solamente la BMV (creada hace 125 años) como única bolsa de valores en el país. BIVA (Bolsa Institucional de Valores) inició operaciones ese año, a partir de una serie de reformas de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) de la SHCP, que buscaban impulsar al mercado bursátil, entre otras, mediante la inclusión de un “competidor” para la BMV. A partir de esa fecha, hay muchos claroscuros sobre las ventajas que la operación de BIVA ha tenido para el mercado.  Para empezar, no ha logrado el objetivo principal de atraer más participantes (emisores e inversionistas) para hacer crecer el mercado de valores, particularmente el de capitales (el mercado de deuda ha tenido mayor desarrollo), y darle mayor dinamismo, que es lo que se buscaba fundamentalmente, al incentivar la competencia.  Se ha cuestionado que más que competir con la BMV, la operación de BIVA solo ha generado “pirateo” de clientes, en detrimento de una mejor funcionalidad del mercado, donde se han visto afectadas las 35 casas de bolsa que operan en el país (que han asumido costos de operación más altos -de hasta 60%-, por ejemplo, por operar los sistemas de comunicación diferentes de las dos bolsas), con aún pocos beneficios para los clientes.  Entre los beneficios, es que las empresas tienen ahora dos bolsas a elegir para emitir (lo que ha reducido costos de listado y mantenimiento en alrededor de un 4%); y para los inversionistas se está promoviendo “el deber de mejor ejecución”, para que, entre otras, sus órdenes de compra y venta de valores se presenten en ambas bolsas, y las casas de bolsa tengan la obligación de darles el mejor precio posible, según las condiciones del mercado.  Pero no se ha generado competencia real. Al pasado 10 de junio, la BMV tenía una participación del 97%, por importe y volumen operado en el mercado local, frente al 3% de BIVA (así como una participación similar por lo operado en el SIC, o mercado global, que cabe decir, ya representa el 54% de todas las operaciones). Claramente, la BMV sigue siendo el actor dominante, que puede mantener el control de precios y del mercado. Un mercado de capitales que no crece y la CNBV que se queda atrás La BMV marca la pauta en el mercado:
  • El eje de la BMV son 5 empresas, que en conjunto acumulan el 55% del principal índice, el S&P/BMV IPC (América Móvil, Walmart, Femsa, Banorte y Grupo México). 
  • El mercado accionario mexicano se caracteriza por su reducido número de emisores. Hace 20 años había 172 empresas listadas/cotizando en la BMV, y hoy hay 143 (se considera que por el tamaño de nuestra economía por lo menos debería haber 500 empresas listadas). 
  • Siete empresas, más Aeroméxico, recientemente, declararon su intención o iniciaron su proceso, para deslistarse (cancelar su registro de acciones en la Bolsa). Lamentablemente, podrían darse más salidas por el poco atractivo que representa una limitada liquidez, y un bajo volumen operado (la liquidez se concentra en las 35 empresas del IPC -el 24% de todas las listadas en la Bolsa-), lo que lleva a valuaciones que no representan lo que esperan los accionistas como valor justo. Cabe destacar que esto sucede a nivel mundial, donde las empresas se deslistan en épocas de volatilidad, o por otras razones, pero en esos casos, es un fenómeno de ciclicidad.
  • Algunas compañías están suspendidas por no cumplir los requisitos para estar en Bolsa que es tener un mínimo de 100 inversionistas y mantener colocado por lo menos el 12% del capital social (float).
  •  Al día de hoy, el mercado se ha achicado y no hay nuevas empresas listadas. Se habla de una “sequía” de colocaciones. La BMV no espera que se realice ninguna Oferta Pública Inicial (OPI) durante 2022, (ya van 5 años así, entre otros, porque las empresas prefieren colocar en otros mercados, como el de Estados Unidos). BIVA tiene en el tintero la colocación de una empresa nueva (Globcash y una Fibra), pero la CNBV ha retrasado su autorización. 
La CNBV tiene una tarea pendiente que es fortalecer su capacidad supervisora en el sector. A partir de la administración del presidente López Obrador, por la fuga de talentos, la CNBV se ha visto rebasada por su falta de capital humano capacitado.  Además, desde la perspectiva regulatoria, la CNBV se ha enfocado en las empresas, como potenciales emisoras (oferta), y se ha descuidado a los inversionistas (demanda), especialmente a los institucionales, como las Afores, quienes son los principales inversionistas en el país, para fortalecer el mercado. Con las plataformas tecnológicas ha crecido sustancialmente el número de inversionistas minoristas/retail (al cierre del 2021, el número de cuentas de las casas de bolsa fue de 3,090,307, un aumento del 226.2% frente al 2020), pero se ha descuidado la promoción de la cultura y educación financiera en el país, para que se tomen decisiones de inversión bien informadas. El reto Si bien BIVA ha aportado innovación tecnológica a partir de su alianza con Nasdaq, no ha sido aún opción para las empresas medianas que supuestamente eran su objetivo, y no ha generado competencia efectiva en el mercado. Cabría cuestionarse si el tamaño actual del mercado realmente justifica la existencia de dos bolsas de valores en el país, “compitiendo”, o si habría mejor que crear un “mercado alternativo bursátil” enfocado principalmente en el segmento de las empresas medianas, como sucede en varios países en que operan ambos mercados. Actualmente hay condiciones económicas mundiales de volatilidad, y nacionales inciertas, por la incertidumbre que se ha generado con las políticas del presidente López Obrador, que dificultan y han ralentizado la inversión, pero esto no debe ser justificante para no emprender las acciones necesarias para vigorizar al mercado de valores en el país, en la forma en que mejor se adapte a las circunstancias actuales y se proyecte al futuro. Es necesario crear las condiciones para hacer al mercado más atractivo para los emisores (en especial para las empresas medianas, que en su mayoría son familiares, que o no tienen apetito o no cumplen con los requerimientos) y para los inversionistas, como crear mayores incentivos fiscales, mejores valuaciones para las empresas a partir de generarles más visibilidad y mejor distribución (quizás a partir de “dual listings” en otros mercados), más diversidad de productos y vehículos de inversión, un régimen y esquema regulatorio más flexible, y promover una mejor cultura financiera.  Tanto el sector público, como el privado, deben aportar para que en México realmente exista un mercado de valores robusto, quizás segmentado, con un mercado alternativo, que cumpla con su función de ser una fuente fundamental de financiamiento y captación de ahorro, que fomente la actividad económica en el país, más allá de las demás opciones existentes (capital privado, sector bancario, shadow banking, fintech, etc), tanto a nivel local, como globalmente.  El Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez de la CNBV, así como Marcos Martínez y José Oriol Bosch, de la BMV, y María Ariza, de BIVA, tienen el reto de cumplir con la consigna de que “el mercado de valores no es para las empresas grandes, es para que las empresas se hagan grandes”, redundando en beneficios para los inversionistas y el país. 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La banca mexicana de desarrollo le otorgó un crédito por 161 millones de dólares, es decir el 41% de los recursos, y el 59% restante proviene de la participación de los proveedores (166.6 millones de dólares) los accionistas (50.5 millones de dólares) y los clientes (10 millones de dólares).  La empresa informó que con el apoyo de todos los acreedores se avanza para presentar ante el Poder Judicial un acuerdo dentro del proceso de Concurso Mercantil, con el objetivo de fortalecer la viabilidad y continuidad de sus operaciones.  En este contexto es muy interesante la opinión de Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel A.C., quien señaló en El Universal que el anuncio realizado por el presidente López Obrador del “rescate de Altán”, debe ser analizado de forma objetiva.  La especialista menciona varios puntos para entender los efectos de esta decisión del gobierno. Para empezar, Altán y la Red Compartida no son lo mismo, es decir, el hecho de que esta empresa que ganó la licitación del proyecto haya fracasado hasta el momento, no significa que esta política pública nacida con la reforma constitucional del año 2013 sea mala; de hecho, tiene varias ventajas y debe ser juzgada dentro del entorno histórico del sector de telecomunicaciones en México.  Por otra parte, la crónica del fracaso de Altán Redes se viene escribiendo desde hace al menos dos años. Pero este proyecto fue protegido con la creación de Promtel, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. En el contrato que Promtel tiene firmado con Altán Redes se establece un fideicomiso de mil millones de pesos, un fondo de reserva para la cobertura requerida y una garantía de cumplimiento de 5 mil millones de pesos, entre otros candados. La pregunta que se hace Irene Levy es: “¿dónde está todo eso, por qué no sabemos nada y por qué llegamos hasta el punto en que AMLO anuncia un “rescate” sin que antes se hayan activado los mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas?”  Por otra parte, la inyección de 166.6 millones de dólares que anunció el Gobierno de AMLO servirá quizás para evitar la quiebra de aquí a que termine el sexenio, pero no mucho más.  Por último, menciona la especialista, la necesidad de un plan realmente estratégico para la conectividad y la competencia, que incluya a CFE, Telecom y a la industria, no para que Altán Redes se salve, sino porque, en efecto, en este momento no se va a ningún lado y el costo de oportunidad para el país está siendo altísimo. El sector de telecomunicaciones requiere urgentemente rumbo." 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