El pasado 28 de agosto de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto crucial para la industria del calzado en México: la exclusión del calzado terminado del Programa IMMEX. Esta medida, que entró en vigor al día siguiente, prohíbe la importación de calzado terminado identificado en las partidas 64.01 a 64.05 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).
Para entender la relevancia de esta decisión, es fundamental recordar que la industria del calzado ha enfrentado una coyuntura crítica en los últimos años. Este sector, pilar fundamental de la manufactura y sustento de miles de familias, ha visto su capacidad productiva y su empleo seriamente afectados.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son contundentes. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria del calzado disminuyó un 3.1%, mientras que la producción se contrajo un 0.1% y el empleo un 2.8%. En 2024, la situación se agravó aún más: el PIB cayó un 12.8% y se perdieron 10,958 puestos formales de trabajo, alcanzando un mínimo histórico.
Uno de los principales factores detrás de esta crisis fue el uso indebido del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Diseñado originalmente para fomentar la maquila y la integración en cadenas globales, el programa fue utilizado para importar masivamente calzado terminado. Este calzado se vendía en el mercado interno evadiendo aranceles e impuestos generando una competencia desleal devastadora.
El impacto de esta práctica es evidente en las cifras de importación. En 2024, las importaciones de calzado terminado bajo el esquema IMMEX se dispararon, con crecimientos del 159% en volumen y del 60.3% en valor, en comparación con 2023. Si analizamos la tendencia desde 2021, las importaciones en volumen crecieron más de 24 veces, mientras que su valor aumentó más de 12 veces.
La ratio de retorno es aún más reveladora. Mientras que en 2021 se exportaban aproximadamente seis pares de calzado por cada par importado, en 2024 esa cifra se desplomó a menos de un par exportado por cada par importado, demostrando que el calzado entraba al país para ser vendido en el mercado local, no para ser reexportado.
La respuesta de las cámaras industriales a esta medida no se hizo esperar. La Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) han aplaudido el decreto. Lo consideran como un paso firme en defensa de la producción nacional, el empleo formal y la legalidad, pues combate directamente las prácticas de contrabando, evasión fiscal y competencia desleal que tanto han perjudicado al sector.
Desde una perspectiva económica, esta medida le da a la industria de calzado mexicana la oportunidad de aumentar su participación en el mercado nacional y de fortalecer sus cadenas productivas. Aunque se espera un ajuste temporal en los precios, la perspectiva a mediano plazo es una recuperación sostenida del sector, con la reactivación de empleos y la consolidación de la cadena productiva.
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