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El Acuerdo para la Reactivación Económica y sus limitaciones

7 de octubre, 2020

En la conferencia de prensa del pasado 5 de octubre de 2020, en Palacio Nacional, el Gobierno Federal junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunciaron el Acuerdo para la Reactivación Económica. Éste contempla un conjunto de acciones y proyectos de infraestructura financiados por capital privado.

En este acto, Andrés Manuel López Obrador señaló que están trabajando de manera conjunta el sector público, el sector social y el sector privado, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Sin embargo, para el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), dicho acuerdo –que consta de un nuevo paquete de 39 proyectos de infraestructura física como complemento al ya anunciado en el marco del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado el pasado 26 de noviembre de 2019– no atiende a las necesidades centrales de México en materia energética.

De los 39 proyectos anunciados, 32 se concentran en el sector de comunicaciones y transportes, dos en temas de agua y medio ambiente, y cinco en energía. Los proyectos para el sector energético representan una inversión de 98 980 millones de pesos, esta cifra equivale al 24.5% del gasto de inversión de PEMEX y la CFE etiquetado en el proyecto de Presupuesto de Ingresos de la Federación 2021.

Además, como parte de este anuncio, se aplazó nuevamente la inversión por parte de la iniciativa privada en proyectos orientados a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como en exploración y producción de hidrocarburos. Lo anunciado está orientado únicamente al segmento de transformación industrial de hidrocarburos, promovidos por PEMEX y la CFE.

Los proyectos son una terminal de etano en Pajaritos (2520 millones de pesos), una planta de fertilizantes en Camargo (1155 millones de pesos), la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula (54 705 millones de pesos), la rehabilitación de una planta de coquización en la refinería de Cadereyta (15 400 millones de pesos) y una unidad de licuefacción en Salina Cruz (25 200 millones de pesos).

De acuerdo al IMCO, al no incluir inversiones en generación eléctrica específicamente energías renovables, transporte y almacenamiento de combustibles, este plan no atiende las necesidades centrales de México en materia energética y se enfoca en áreas que no responden a una visión futura de nuestro país y del sector. Lo anterior, no abona a generar un ambiente de certidumbre para la inversión y en los hechos se cancela la participación de agentes privados en el mercado de energía.

Los proyectos anunciados en el Acuerdo para la Reactivación Económica confirman la visión de un sector energético dirigido más que a una reapertura del mercado, a la inversión privada. Hay que recordar las 17 acciones enlistadas en el memorándum del 22 de julio de 2020, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con el objetivo de revertir en gran medida la reforma energética de 2013.

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