El pasado 1 de noviembre de 2019, en la ciudad de Mexicali, se llevó a cabo la toma de posesión del señor Jaime Bonilla, como titular del Ejecutivo Estatal para el estado de Baja California.
Mexicali es la capital del estado y en el “Centro Cívico” de esa ciudad se encuentra la llamada “Plaza de los Poderes”, donde las tres instancias de gobierno tienen su asentamiento principal.
Hasta ahí llegaron los protagonistas del día. El propio gobernador electo acompañado de quienes estarían con él en la encomienda.
El período para el que había sido votado o electo era de dos años, pero el plan, el proyecto y la visión era que se quedara más tiempo: cinco años. Para ello, el Congreso votaría por el cambio de la ley.
Se rumoró del obsequio de una fuerte suma de dinero para los diputados salientes por emitir su voto a favor de la ampliación del periodo a cinco años y ciertamente se votó en ese sentido. Esto se conoció como la “Ley Bonilla”.
La mañana de la toma de posesión era como todas las anteriores, de pasadas administraciones. Llena de algarabía, de risas, de alegría.
Ya con la ley votada a favor, se tenía la confianza generalizada en el nuevo gabinete que surtiría su efecto. Máxime que Jaime Bonilla contaba con el respaldo amistoso e incondicional del hombre importante de Palacio Nacional: el presidente de la República.
La votación mayoritaria de la ley levantó controversia inmediata. No solo en las cámaras. Algunas instituciones se manifestaron en contra.
Como se trataba de una violación a la Constitución, entonces sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolvería la controversia.
Con esto en el contexto y en el ambiente, se llegó al día de la toma de posesión que describí. Para lo que arribó la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante de su jefe: el presidente de la República.
En sus declaraciones públicas, la señora fue muy institucional. Como debe de ser. Afirmaba, sin mostrar inclinación alguna, que la corte decidiría la ley. Lo que era correcto y parte del papel que tenía que interpretar en público; sin embargo, en privado, la cosa fue diferente.
Todos vimos un video que se filtró del trayecto y el arribo de la feliz comitiva a la oficina del electo gobernador, previo a la toma de posesión. Al llegar y tomar sus asientos todos con la sonrisa en los labios, con la actitud corporal de quienes se encuentran en confianza, relajados, divertidos, celebrando, cuando alguien menciona el tema de la ley y la secretaria lanza su comentario: “La “ley Bonilla” está vigente y es legal, va a pervivir”.
Lo dijo con tal convencimiento que todos rieron y asintieron. Procedieron a la toma de posesión y todos felices. Jaime Bonilla confiaba en la amistad con el presidente. Se sentía seguro. Llegó a decir que de haber sido la elección por dos años, no se habría registrado.
Eso indica que había un plan. Pero claro, esto es solo una de las muchas hipótesis que circulaban en el estado.
¿Qué pasó entonces?
Un par de días después, en noviembre 4, la misma Sánchez Cordero tendría que salir a aclarar sus dichos y decir, como se acostumbra en estos casos, que sus declaraciones las habían sacado de contexto. ¿Quiénes? No especificó. Generalizó. Lo que es la costumbre en esos casos.
Entonces se tiene que deducir que serían todas las personas que afirmaran que ella estaba apoyando la “Ley Bonilla”.
La secretaria de Gobernación dijo: “Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme. Eventualmente podré equivocar una expresión más, mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado”.
Así enfrentó su dicho y el video el 4 de noviembre 2019, tres días después de que se vio el mencionado video. Y ayer, 11 de mayo de 2020, debió de haber tenido un “Deja vu”. Es decir, volvió a ver y a vivir aquel 4 de noviembre en que fue expuesta por alguien y salió a declarar de nueva cuenta.
Ahora dijo: “Era un esgrima jurídico, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”, señaló. O sea, algo así como un juego.
Ayer, 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la ampliación del mandato del gobernador Bonilla de dos a cinco años, contenida en la “Ley Bonilla”, es inconstitucional. Los exdiputados que la votaron, deben de estar inquietos.
¿Sorpresa? No, no lo creo. No obstante, las hipótesis señalan que la relación entre Bonilla y López Obrador se fracturó hace tiempo. ¿Será por ello las declaraciones que el propio gobernador ha tenido en contra de la administración federal en cuanto al manejo de la pandemia?
De hecho, Jaime Bonilla (del partido MORENA) junto con gobernadores panistas, se manifestó en desacuerdo por las decisiones centralistas que perjudican a sus estados ahora en la crisis sanitaria. Entonces: ¿Ya sabría Jaime Bonilla o sospecharía que el fallo sería en su contra?
De la manera que haya sido, o como dijo el clásico, “haiga sido como haiga sido”, el hecho es que Jaime Bonilla gobernará solo dos años.
A lo que el secretario de Gobierno de BC, Amador Rodríguez Lozano dijo que “no les hace mella”. Y el propio Jaime Bonilla, dijo respetar el fallo, aunque no estaba de acuerdo”. ¿Y qué otra le queda?
Ah, y la Señora Sánchez Cordero, bueno, ella insiste en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Lo que al ver el video completo puede uno darse cuenta que su lenguaje corporal sí dice, lo que ella dijo entonces y que hoy afirma que no dijo. Ahí El Meollo del Asunto.
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