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La impunidad, vicio universal

Una de las mayores quejas actuales de la ciudadanía mexicana es la extendidísima practica de la impunidad en todos los asuntos de la vida diaria. La definición de impunidad es: un acto ilegal que queda sin castigo,...

1 de junio, 2020

Antonio G Trejo

Una de las mayores quejas actuales de la ciudadanía mexicana es la extendidísima practica de la impunidad en todos los asuntos de la vida diaria. La definición de impunidad es: un acto ilegal que queda sin castigo, esto es precisamente lo que sucede cuando se descubre un acto tramposo o fuera de algún acuerdo, donde simplemente, no pasa nada, no hay ninguna sanción al infractor o delincuente.

Dicho personaje con suficiente influencia económica o política corrompe las reglas y generalmente resulta ganador en todas las transacciones, negocios o tratos que realice. La tónica de este juego es ganar siempre, salirse con la satisfacción de la victoria, aunque esta sea inmerecida.

En México estamos muy familiarizados con esta práctica, desafortunadamente es una manera de vivir y en mucho depende de las circunstancias y del personaje con quien estemos intentando la transacción.

Lo más indigno de esta práctica es que esta ampliamente difundida, se repite con tanta continuidad que es aceptada en todas partes, a todas horas y se aplica a cualquier actividad que se efectúe, generalmente sin averiguaciones ni reclamos; todo acorde a los deseos del poderoso personaje.

La impunidad es uno de los problemas que más ha lastimado a las sociedades actuales, esta ampliamente representada en la administración de la justicia, porque sencillamente el delincuente no recibe castigo y queda libre para proseguir su carrera criminal, además constituye un estímulo adicional para el infractor.

Las acciones en cuestión pueden ser actos burdos, simples donde la infracción o el acto ilegal y los personajes saltan a la vista, pero también existen otras situaciones más complejas que requieren una serie de investigaciones minuciosas, análisis, declaraciones, pruebas, que deben conducirse con un buen nivel profesional. En estos casos nos referimos a delitos que deben ser resueltos con ayuda de la ciencia y la tecnología que están disponibles en la actualidad.

Las llamadas ciencias forenses se empezaron a desarrollar en el siglo XIX con pruebas químicas que resolvían la presencia – ausencia de algún indicio que definiera un acto ilegal en la forma más veraz y oportuna que fuera posible, para que un juez pudiera dictar una sanción justa y necesaria. Los métodos usados en la solución de los casos criminales han progresado enormemente con el advenimiento de la electrónica y los sistemas de computación, ahora es factible encontrar información importante en los bancos de datos en tan solo cuestión de minutos, también se ha aumentado la precisión y la resolución en los análisis químicos a niveles moleculares, lo cual constituye una ventaja extraordinaria en la obtención y resolución de las evidencias.

Los progresos científicos y tecnológicos existen, los laboratoristas talentosos continúan desarrollando métodos y técnicas cada vez más efectivas y precisas que obviamente obligaran a abogados, burocracia jurídica, jueces y hasta la prensa especializada a asimilar y entender la información científica proporcionada en los resultados analíticos, presentados como evidencias. Es decir, todo debiera funcionar diferente sobre todo la calidad y el peso de las evidencias presentadas en un juicio; que es lo que supuestamente determinara el veredicto final.

Esta cuestión tan delicada y definitiva quedó plenamente resuelta en 2005 cuando la National Academy of Sciences organizó una reunión nacional para atender el problema de los 2,400 casos criminales que resultaron anulados por la admisión de evidencias dudosas, incompletas o simplemente inadmisibles. Obviamente, dichos juicios condujeron al pronunciamiento de condenas injustas que fueron una vergüenza para el sistema de la Administración de la Justicia en los EEUU.

El resultado de estas revisiones fue la publicación de un sustancioso reporte en 2009 que precisamente invalidaba la consideración de pruebas y evidencias logradas con: el detector de mentiras (muchos países no lo aceptan como una evidencia legal valida), el análisis óptico de fibras sintéticas, las huellas digitales inconclusas, las grabaciones auditivas de mala calidad, el análisis microscópico de pelos, las diversas formas de las salpicaduras de sangre, como evidencias legales. Con esto no se pretende eliminar la veracidad de las pruebas sino ratificarles la confianza y la importancia como evidencias de calidad, no como una prueba in objetable en la consideración de un juicio.¹

Estamos presenciando una realidad muy incómoda porque los aparatos y sistemas legales de muchos países emiten leyes y reglamentos que no se cumplen aun cuando las evidencias proveen los elementos necesarios para la sanción, o lo que es peor, cuando alguien muy poderoso literalmente compra las voluntades y las acciones de los involucrados. La práctica es tan generalizada que podemos asegurar que la impunidad es un acto promovido y regulado por las huestes que ostentan el poder económico o político y que sus acciones afectan profundamente a las sociedades. Es lamentable que los aparatos encargados de impartir la justicia en muchos países estén tan inmersos en el fomento y la promoción de esta injusta y devastadora acción.

En México, la impunidad es una facultad que se adquiere con el sistema teocrático de la administración de la justicia. Aun cuando existe el personal y el talento de criminólogos competentes y analistas, el equipo necesario para realizar los análisis y la disposición de muchos profesionales competentes para realizar los trabajos requeridos, aún seguimos como espectadores de un teatro donde un sin número de actores pretendieron resolver casos criminales o accidentes como:

La caída de un helicóptero sin haber encontrado una falla.
Dictaminar que un bat no puede considerarse como un arma mortal porque fue fabricado para fines deportivos
Inculpar a un defraudador fiscal con la elaboración de un expediente deficiente o falto de pruebas, etc.

Ambas situaciones me recuerdan una historia donde el protagonista compra un espejo para admirar su figura, pero poco después tiende un trapo sobre el espejo para que este no refleje la imagen. Simplemente, no le gusto lo que vio ni pretende modificarlo; todo sigue igual

Esta situación obliga a la siguiente pregunta:

¿Qué será más urgente: más avances en la tecnología u otras actitudes éticas de interés social?

REFERENCIAS: