Los caprichos e intensiones electorales de Donald Trump nos tienen el alma pendiendo de las fronteras. Estamos muy concentrados en lo que pasa en ellas y en las mejores maneras de contener y atender a los migrantes que protagonizan la crisis humanitaria en la frontera sur.
La mayoría de ellos son víctimas de la migración forzada por causa de violencia y eso es algo que no es ajeno a la realidad de muchos mexicanos. Pero, ¿qué pasa con ellos?, ¿qué pasa con nuestros refugiados? ¿Nos preocupamos tanto en contabilizarlos y albergarlos como lo hacemos con los de afuera? O, ¿es que la ausencia de un Donald Trump y fronteras internacionales los ha vuelto invisibles?
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hay 8,726,375 personas en México que abandonaron sus viviendas por miedo a la inseguridad desde 2011 hasta 2017 y que han sufrido graves problemas para integrarse en el nuevo destino. Resaltando entre ellos la pérdida de las fuentes de ingreso. Porque la mayoría de ellos pierden su empleo, propiedades, y tienen que continuar con sus pagos en los lugares de origen. Sin recibir ningún apoyo institucional.
Demostrando de esta manera que no bastó con proclamar que “la mejor política exterior sería la interior”, que la brújula se averió desde hace mucho, y que al parecer “el buen juez” por su casa no empezó.
En el informe presentado por la CMDPDH a principios de este año, se mostró que del total de personas que migró a otro estado por motivo de inseguridad pública o violencia desde el 2011 al 2017, 22.08% lo hizo desde el estado de Tamaulipas, el mayor porcentaje registrado.
Los otros estados que tienen porcentajes elevados son Chihuahua, con 14.27%, Ciudad de México, con 12.32%, Estado de México, con 10.14%, Guerrero, con 6.77%, y Veracruz, con 5.69%.
El mismo informe también muestra que el estado de Veracruz recibió al 22.18% del total de las personas que migraron a otro estado por motivo de inseguridad pública o violencia entre 2009 y 2014, siendo el mayor porcentaje registrado.
Se destaca el hecho de que esta entidad colinda con el principal estado expulsor: Tamaulipas. En el caso de los principales estados receptores, son cinco los que en conjunto recibieron a la mitad de las personas que migraron por inseguridad o violencia en el periodo. Además de Veracruz, los principales estados receptores fueron el Estado de México con 9.27%; Jalisco con 7.32%; Puebla con 6.89% y Querétaro con 6.14%.
Ante todo esto ¿qué hace el Estado?, ¿los ayuda de alguna manera? Me parece que difícilmente. Porque la Ley General de Víctimas (LGV) no incluye la definición de desplazamiento interno, obstaculizando —e inclusive negando— la posibilidad de acceder al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que atendería su compleja condición de víctima.
En México no hay ley que los ayude y esto implica que tampoco haya los recursos. Ni siquiera los técnicos, como los del INEGI, para poder localizarlos y contabilizarlos.
Mientras tanto la violencia sigue aumentando, e incluso en junio de este año, se ha llegado a un nuevo récord de la historia reciente.
Parece que la mejor política se ha vuelto la exterior.
¿Y nuestros refugiados?
El último en salir apague la luz.
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