El Convenio de la triste realidad

El día de ayer, la UNAM y la Cámara de Diputados firmaron un convenio que más allá de lo surrealista e irónico...

5 de diciembre, 2017

Stephanie Herano Canales

El día de ayer, la UNAM y la Cámara de Diputados firmaron un convenio que más allá de lo surrealista e irónico que pueda parecer refleja la triste realidad de un país en donde los que nos dirigen no siempre son los más preparados. El convenio firmado entre ambas instituciones está destinado a permitir que los legisladores y servidores públicos del Palacio Legislativo con estudios de licenciatura interrumpidos puedan regularizarlos. Normalizando de esta manera una realidad que no debe ser pasada por alto y que tiene su origen en una “buena intención constitucional” que ha sido deformada.

En la Constitución no se exige ningún requisito de carácter escolar para ser diputado. El artículo 55 detalla que solo es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario o vecino del estado que aspire representar, no estar en servicio activo en el Ejército o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos, ni ser ministro de algún culto religioso. Es decir, la Constitución permite que pueda llegar al Congreso cualquier mexicano que tenga cierta representatividad sin importar su nivel académico, y tal vez por eso, es que hoy estamos como estamos.

Los mexicanos tenemos la Cámara de Diputados de menor nivel educativo en la última década. De acuerdo con datos provistos por El Universal, en la 63 Legislatura (2015-2018), 394 diputados (79%) cuentan con educación universitaria y 104 (21%) no reportan estudios de licenciatura. Contrastando con las tres legislaturas anteriores en donde más de 80% de los diputados federales tenían estudios universitarios: 83% en 2012-2015, 90% en 2009-2012 y 87% en 2006-2009.

Las fichas curriculares de los diputados federales arrojaron que de los legisladores con educación superior, 167 forman parte del grupo parlamentario del PRI, es decir que 82% de sus integrantes tiene educación superior. En tanto que el PAN, 85 tienen licenciatura (78% de su grupo) y 50 del PRD, lo que representa 82% de su grupo. No obstante, más allá de los datos que se reportan respecto a las tres primeras fuerzas políticas tradicionales cabe resaltar que el partido que tiene el mayor porcentaje de graduados respecto a sus integrantes es Movimiento Ciudadano con 23 de 25 diputados federales, es decir, 92%. Mientras que MORENA presenta el nivel educativo más bajo, ya que sólo tiene 17 universitarios de 35 (48%). El Partido Verde Ecologista de México tiene 38 de 47 (80%); el PANAL siete de 11 y el PES, seis de ocho. Hay que sumar un independiente.

Independientemente de lo alarmante y triste que nos resulten estos números estos se transforman en una realidad que no se encuentra a la altura del desarrollo que buscamos. Porque por poner sólo algunos ejemplos, una diputada con estudios sólo de secretaria decide y vota por los ciudadanos en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Transportes. Una licenciada en enfermería es la secretaria de la Comisión de Hacienda. Un licenciado en artes plásticas decide por los ciudadanos en temas de Seguridad Pública, Deporte y Desarrollo Metropolitano. Siendo esto el mayor exponente del surrealismo total que en sus tinieblas no le permite encontrar al país el camino correcto hacia el desarrollo, y que por si fuera poco, podría empeorar a partir de 2018 cuando los congresistas federales podrán reelegirse por 12 años.

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