EPN debe lograr acuerdos que permitan la gobernabilidad

Hasta mayo de 2016, después de lograr que el Poder Legislativo aprobara sus reformas estructurales… Hasta mayo de 2016, después de lograr que el Poder Legislativo aprobara sus reformas estructurales, el presidente Enrique Peña Nieto era evaluado...

10 de enero, 2017

RHT

Hasta mayo de 2016, después de lograr que el Poder Legislativo aprobara sus reformas estructurales…

Hasta mayo de 2016, después de lograr que el Poder Legislativo aprobara sus reformas estructurales, el presidente Enrique Peña Nieto era evaluado positivamente por casi el 60% de los mexicanos. Hoy es evaluado negativamente por casi el 75%.

La encuesta trimestral que realiza Consulta Mitofksy indicaba en mayo de 2013 que el gobierno federal era evaluado positivamente por el 57% de la población. La encuesta trimestral elaborada por Buendía y Laredo mostraba que en febrero de 2010 el 56% de los encuestados calificaba favorablemente al presidente. La encuesta trimestral que lleva a cabo el diario Reforma de la Ciudad de México señalaba que en abril de 2013 el 50% de los mexicanos aprobaba la forma en que Peña Nieto estaba haciendo su trabajo.

Si tomamos en cuenta que el presidente ganó la presidencia con solo el 38.2% de los votos, los resultados de estas tres encuestas muestran que durante los primeros seis meses de su administración el presidente se ganó el apoyo de un porcentaje importante de los que no votaron por él en junio de 2012.

A partir del tercer trimestre de 2016 y hasta la fecha, Peña Nieto empezó a perder popularidad y adeptos, tanto, que de acuerdo a Mitofsky, en noviembre de 2016 el 69% de los encuestados calificó negativamente a su gobierno. En ese mismo mes, la encuesta de Buendía y Laredo indicó que el 66% de la población reprobó el trabajo del presidente, porcentaje que fue del 73% en la encuesta que en diciembre del año pasado realizó Reforma. Las razones de su creciente impopularidad son varias, pero la inseguridad, el deterioro de la economía y la corrupción e impunidad con que actúan los corruptos son las principales causas.

Después del aumento de los precios de la gasolina, la electricidad y el gas, es inevitable que crezca el rechazo que siente la mayoría de la población hacia el presidente, el cual seguramente será mayor conforme aumenten los precios a causa de los incrementos arriba citados y también al encarecimiento del costo del dinero debido a las alzas de las tasas de interés y a la aparentemente inevitable y continua depreciación del peso frente al dólar.

Desde un punto de vista económico, tal vez era necesario e ineludible aumentar el precio de la gasolina, el gas y la electricidad a partir del 1 de enero. Sin embargo, dicha decisión podría haberse explicado de manera clara y convincente y tanto Peña Nieto como los funcionarios y políticos priistas no deberían haber insistido en que los aumentos no se traducirían en incrementos de los precios de los diversos productos y servicios que adquirimos los consumidores. O sea, además de que no supieron explicar las causas del aumento, buscaron minimizar sus efectos.

Si los aumentos de los precios de los energéticos no iban a afectar a la economía, muchos han de preguntarse porque el gobierno federal, el sector privado, los sindicatos y los campesinos firmaron ayer un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, un acuerdo que me recordó a los que se firmaron durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo para enfrentar las diversas crisis económicas que se dieron entre 1988 y 2000.

Faltan 692 días para que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y solo un 25% de la población aprueba su desempeño. Después de los aumentos del 1 de enero ese porcentaje seguramente descenderá y descenderá aún más conforme se agrave la situación económica, no se persiga a los corruptos y la delincuencia siga haciendo de las suyas.

Un presidente con tan poco apoyo popular difícilmente puede gobernar efectiva y eficazmente. Por eso el presidente de la República debe buscar y lograr a una alianza de las fuerzas políticas del país con el fin de lograr acuerdos que permitan la gobernabilidad del país.

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