El robo de combustible, conocido como huachicoleo, es un delito contra los bienes nacionales que, además, está íntimamente relacionado con la corrupción, de ahí su dimensión y ramificaciones hacia y/o desde las instituciones públicas en las pasadas administraciones.
La sustracción ilegal de combustible ha convocado por sus cuantiosas ganancias a cárteles del narcotráfico, importantes redes delictivas, tratantes, criminales, delincuentes comunes, cuerpos policiales y funcionarios públicos.
Desde las instalaciones de PEMEX o a través de perforaciones y ductos clandestinos, saquearon gasolinas, gas y otros hidrocarburos para satisfacer la demanda de un amplísimo mercado negro en detrimento del patrimonio nacional y del pueblo de México.
La ordeña de ductos a través de tomas clandestinas involucra diversos delitos, entre ellos, la trata de personas en las modalidades de explotación laboral y utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas.
Por diversos medios de comunicación ha sido documentada la existencia de comunidades cercanas a las tomas clandestinas, cuyos habitantes participan en el robo de hidrocarburos de manera directa e indirecta, así como de manera voluntaria e involuntaria.
Las células delictivas de huachicoleros, en muchas ocasiones obligan a familias enteras a involucrarse en la comisión de estos ilícitos, valiéndose de métodos violentos y aprovechándose de su extrema necesidad.
La intimidación, los abusos y las agresiones que ponen en riesgo la integridad física de los más vulnerables, mujeres, adolescentes y niños, crecieron y se desarrollaron al amparo de las autoridades.
El huachicoleo es mucho más que un delito contra el patrimonio nacional y sus víctimas colaterales, han sido muchas más que las contabilizadas en la tragedia de Tlahuelilpan. El huachicoleo ha dañado el tejido social, penetrado a las familias, abusado de los más vulnerables de la sociedad, sembrado el terror en cientos de comunidades y alterado la tranquilidad y el orden social.
De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria.
La conducta referida en el párrafo anterior, lamentablemente se volvió cotidiana en diversos rincones del país. Los “enganchadores” no siempre convencen, sino que obligan a robar combustible o a participar en robo. Muchos de los involucrados encontraron en el huachicoleo no sólo una manera de subsistencia sino, sobre todo, una forma de resistir la violencia.
Por otro lado, la utilización de menores de edad, se volvió una práctica repudiable y recurrente; los niños y adolescentes han sido utilizados para la extracción, transportación y venta del combustible robado, en actividades de vigilancia (halcones) y de seguridad, entregándoles armas largas para la defensa (escudos).
Los menores de edad, se convirtieron en blanco fácil de la delincuencia. Fueron enganchados a través de falsos sueños sobre un futuro alentador donde la pobreza no tendría cabida. Menores de edad armados, con la moral derrotada que llevan en sus bolsillos billetes y drogas, ha sido una de las consecuencias más devastadoras del huachicoleo.
Combatir el robo de combustible, es una estrategia prioritaria para el Ejecutivo Federal, la cual, está siendo respaldada por la mayoría ciudadana. Erradicar este ilícito, es también combatir la trata de personas. No más impunidad para los “huachicoltratantes.
Activista social
Y titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
@LaraPaola1
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