El 26 y 27 de septiembre de 2014, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, policías preventivos municipales y personas no identificadas atacaron de manera violenta al menos cuatro veces a los estudiantes normalistas de entre 15 y 19 años de edad de la Normal Rural Isidro Burgos que viajaban en un camión. El resultado de las agresiones derivó en que seis personas fueron ejecutadas, incluyendo a tres estudiantes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, en paz descansen; veinte estudiantes heridos, de los cuales dos fueron de gravedad: Aldo Gutiérrez Solano, quien fue hospitalizado con muerte cerebral y Edgar Andrés Vargas; y 43 estudiantes desaparecidos hasta la fecha[1].
A dos años de los terribles hechos, el caso Ayotzinapa es sinónimo de impunidad, de negligencia, de opacidad y de corrupción. La sangre de los normalistas asesinados, la desaparición forzada de los 43 que México reclama bajo la consigna “vivos se los llevaron y vivos los queremos”, el narcotráfico, la participación de las autoridades municipales y la sospecha latente de la participación de las autoridades estatales, así como las omisiones de los integrantes del ejército que se encontraban en sus instalaciones a unos metros de los hechos, así como la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, siguen siendo elementos que abonaron y abonan a la incertidumbre y la desconfianza de la sociedad.
Esa primera versión oficial calificada por el exprocurador general la República como la "verdad histórica", en donde aseguró que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, y la cual, a pesar de haberse localizado e identificado un resto óseo de un estudiante, fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por haberse basado en el testimonio de personas que fueron presuntamente torturadas, también fue rechazada por la opinión pública y la sociedad. Fue rechazada porque no sólo porque escapa a la lógica y al sentido común, sino porque esa verdad no revela el motivo del ataque a los normalistas ni el motivo de haber quemado y tirado al río a los estudiantes –en caso de que fuera cierto-.
Es una verdad que no nos dice cómo llegó José Luis Abarca a la Alcaldía de Iguala y por qué permitieron que llegara si desde el 2009 de manera oficial sabían que su esposa María de los Ángeles Pineda y varios integrantes de su familia, estaban vinculados con el crimen organizado.
En dos años, la detención de más de 130 personas, relacionados directa e indirectamente con la desaparición de los estudiantes, no ha sido suficiente para esclarecer el móvil de los hechos y por lo tanto para hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables.
Es evidente que los hechos ocurridos son tan terribles como la realidad que hay detrás de ellos: narcotráfico, funcionarios y exfuncionarios locales, guerrilla y militares infiltrados en la normal. Una realidad que está por encime de cualquier detención y consignación, y que mientras no se revelé, la falta de credibilidad seguirá pesando como una losa sobre muchas espaldas y sobre muchas consciencias.
De qué han servido las marchas, los reclamos, los cientos o tal vez miles de artículos escritos, las voces, los gritos y los pases de lista. No podemos perder de vista que esos jóvenes asesinados eran parte de la sociedad, al igual que los 43 desaparecidos, pero también el expresidente municipal de Iguala, los sicarios, el exgobernador, los integrantes de guerreros unidos, el exprocurador, las madres, padres y hermanos que hoy los lloran, ustedes y yo.
Sí, esta es la sociedad que tenemos y de la que somos parte. Éste es el país que tenemos, aunque seguramente no es el deseamos pero es el que hemos construido.
Nada borrará los hechos, aunque la verdad puede aliviar la herida social. La aplicación de la justicia no secará las lágrimas de los familiares pero si les dará algo de paz. Nuestra solidaridad nos les regresará a sus hijos pero les acariciará el alma.
El país conmueve como nunca antes y duele como nunca había dolido.
[1] http://www.tlachinollan.org/ayotzinapa/
PREVÉN INCREMENTO DE TRABAJO INFANTIL POR PANDEMIA NIVEL MUNDIAL
La UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo realizaron un estudio comparativo de cómo otras crisis globales han impactado...
junio 25, 2020
REFORMAS CONSTITUCIONALES CON AMLO
En 15 meses los legisladores aprobaron 8 Reformas Constitucionales: 1.- Extinción de Dominio 2.- Creación de la Guardia Nacional...
febrero 5, 2020
Huachicoltratantes
El robo de combustible, conocido como huachicoleo , es un delito contra los bienes nacionales que, además, está íntimamente...
febrero 1, 2019
La seguridad de tener seguridad
La crisis de seguridad y violencia, impone retos mayúsculos a los Poderes del Estado en sus tres niveles de...
enero 18, 2019