Sin pudor y con todo el poder presidencial para ganar elecciones, AMLO no se detiene 

Sin ocultarlo ni mantener el bajo perfil que requiere la Ley Electoral a los funcionarios públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes en la conferencia mañanera que tiene las manos metidas en las elecciones,...

13 de mayo, 2021

Sin ocultarlo ni mantener el bajo perfil que requiere la Ley Electoral a los funcionarios públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes en la conferencia mañanera que tiene las manos metidas en las elecciones, a pregunta expresa de la reportera del Grupo Fórmula, Sara Pablo.

En múltiples ocasiones el presidente ha violentado la norma y el Instituto Nacional Electoral desiste en la aplicación de la ley, tal vez para evitar la provocación de López Obrador, que desde el 3 de mayo hace lo posible por bajar los negativos de la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde hubo 26 muertos.

Las insistentes presiones de López Obrador llevaron a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero a investigar a los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, los opositores a Morena, Adrián de la Garza del PRI y a Samuel García de Movimiento Ciudadano.

El estado más importante en juego parece perdido para MORENA, después de las mentiras de la candidata Clara Luz Flores sobre su cercanía con NXIVM, la secta de Keith Raniere, encarcelado y sentenciado en Estados Unidos por tráfico sexual.

Dos estados que podrían estar seguros para MORENA, Guerrero y Michoacán sufrieron heridas mortales con Félix Salgado y Raúl Morón, aunque el Ejecutivo impuso a Evelyn Salgado “La Torita”, en el supuesto que la popularidad del “Toro” Salgado le sirva de ventaja al partido. 

Al mismo tiempo, el presidente apunta al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por lavado de dinero, trama donde el gobierno de Estados Unidos aportó pruebas para acelerar el proceso de desafuero.




También esta semana López Obrador acusó a dos secretarios del gobierno de Quirino Ordaz en Sinaloa de violar la ley electoral al asistir a un mitin del candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, lo denunció el candidato de MORENA, Rubén Rocha Moya.

 

 

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  1. El pasado 17 de julio la revista británica The Economist volvió a publicar un artículo muy crítico sobre el presidente López Obrador. No es necesario decir qué es la revista The Economist y cuál es su importancia, y por eso llama la atención el artículo, a pesar de que no dice nada que no se comente en los medios mexicanos.
  2. Después de “Mexico’s false mesiah” (El falso mesías de México, mayo de 2021), ahora The Economist publica “Mexico’s president sets up a show trial of his predecessors” (El presidente de México monta un show para enjuiciar a sus predecesores). En resumen, el nuevo artículo critica la consulta popular del 1 de agosto –la famosa consulta para saber si el pueblo quiere llevar a juicio a actores políticos del pasado– y la califica como un “espectáculo cantinflesco” cuya finalidad es disimular los fracasos de las políticas del presidente Obrador.
  3. El artículo se burla de la pregunta a la cual los mexicanos que participen en la consulta responderán con un “sí” o un “no”, y dice que pudo haber salido de la boca de Cantinflas:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?» Una vez que el artículo reproduce la pregunta (en inglés, claro, y en ese idioma se oye aún más ambigua), dice, no sin cierto sarcasmo: “esto es lo que quiere el presidente López Obrador que decidan los mexicanos el 1 de agosto”. 
  1. Hay que decir que esa no es la pregunta que quería el presidente que respondieran los mexicanos; esa es la pregunta a la que finalmente llegó la Suprema Corte haciendo uso de sus facultades de calificación. Y quedó así de ambigua y “cantinflesca” porque, extendiendo las características de la ley (toda ley es general, impersonal y abstracta) a la pregunta, incluir nombres y apellidos habría sido violatorio de derechos. A fin de cuentas, todos sabemos –y lo sabe The Economist– que el quid es llevar a juicio a los ex-presidentes Echeverría, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. AMLO los ha acusado abiertamente en distintos foros, principalmente en sus conferencias de la mañana, de corrupción, de concentrar la riqueza en unas cuantas manos, de perpetrar fraudes electorales y de promover que los grupos criminales tengan a México sumido en la violencia. ¿Son ciertas estas acusaciones?
  2. El artículo admite que algunos de estos cargos podrían ser ciertos, y como ejemplo señala que el sexenio de Peña Nieto fue notoriamente corrupto. En mi opinión, las cuatro acusaciones que menciona The Economist tienen fundamento. 
  3. ¿Quién podría negar que en los gobiernos de estos expresidentes, y en el del mismo AMLO, no se practicó y no se practica la corrupción? Así que a ese primer cargo habría que decir: sí. No obstante, hay que observar que si bien López Obrador prometió acabar con la corrupción y esa ha sido su bandera desde siempre, en su gobierno el 81% de los contratos gubernamentales se han hecho por asignación directa, sin licitación y sin transparencia, algo a lo que él siempre se opuso, señala la revista británica. Este porcentaje es mayor que el que registró la administración de Peña Nieto. Los contratos por asignación directa, sin licitación y sin transparencia han sido fuente de desfalcos a lo largo de nuestra historia. ¿Qué nos hace pensar que ahora ya no? ¿De repente todos se volvieron buenos porque el presidente los bonificó? Sería demasiado ingenuo pensar eso.
  4. La concentración de la riqueza en unas cuantas manos también es verdad. El presidente Salinas entregó en bandeja de oro las empresas del Estado a unos cuantos empresarios, y éstos multiplicaron sus fortunas y accedieron a las listas de los más ricos del mundo (algunos de esos empresarios, por cierto, son muy cercanos AMLO, y siguen enriqueciéndose con jugosos contratos en este gobierno). En los últimos cincuenta años, según datos del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la pobreza se ha agudizado. O sea, hay más pobres, menos clases medias y los muy ricos son cada vez más ricos, lo cual, sí, es signo de que la riqueza se ha ido concentrando en menos manos. Pero también hay que decir, con datos del CONEVAL, que en este sexenio se ha incrementado notablemente el número de personas en pobreza alimentaria y patrimonial, y si la tendencia se mantiene, Obrador habrá producido más pobres que cualquier presidente de lo que él llama “período neoliberal”.
  5. Sobre los fraudes electorales hay que decir que hay bases para pensar que son verdad, y que hay actores políticos confesos. Tanto Manuel Bartlett como Vicente Fox han dicho que operaron para que las elecciones tuvieran ciertos resultados, Bartlett haciendo fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 para que ganara Salinas, Fox haciendo todo lo que estuvo en sus manos para que no ganara AMLO en 2006. No lo estoy inventando yo. Tanto Fox como Bartlett se han jactado públicamente de ello. Y en cuanto a Peña, hay indicios para pensar que su campaña fue financiada ilícitamente por la empresa brasileña Obedrecht y por PEMEX. Así que esta cuestión de los fraudes electorales no es que sea algo inventado por un loco.
  6. Finalmente, por lo que hace a la violencia y al crimen organizado, hay que admitir que ha existido desde siempre una siniestra relación entre gobierno y grupos delincuenciales. El caso de García Luna es indicio de ello. Los criminales han logrado ejercer influencia en los más altos niveles, y no solo en el nivel municipal. El problema ha llegado a un punto en el que ya no hay solución, ni siquiera si en México se estableciera una durísima dictadura militar, pues nuestras fuerzas armadas no tienen la capacidad –y para mí es manifiesto– de controlar todo nuestro territorio simultáneamente. Y si hemos llegado a este punto ha sido a causa de las negligencias, complicidades, corrupciones, incapacidades y estupideces de todos los presidentes (y de los miembros de gabinete y legisladores que avalaron y aplaudieron sus locuras y torpezas), incluido el actual, quien, como observa el ex-embajador Landau y señala el jefe del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, general Glen VanHerk, ha adoptado una actitud de laissez-faire (dejar hacer) a los grupos criminales.
  7. Así que estas cuatro acusaciones que menciona The Economist no están fuera de la realidad, e incluso me atrevería a decir que tres de ellas también son aplicables al actual gobierno. Lo que sí es totalmente cierto es la afirmación de The Economist en el sentido de que someter a consulta popular la acción de la justicia es “parodiar” el Estado de Derecho (Rule of Law). Y también es verdad el acento surreal que observa la revista en la actitud de Obrador cuando, por un lado ataca con ferocidad supina a los gobiernos “neoliberales” y les atribuye todos los males, y por otro lado exclama que él no es vengativo, que no va a votar en la consulta y que si votara lo haría por el “no”, pero que obedecerá lo que decida el pueblo, lo cual es vil populismo, y ahí está la parodia del Estado de Derecho. Si el periodo que va de 1982 a 2018 es el “periodo neoliberal”, el periodo 2018 a 2024 (o 2030 o incluso 2036, si vuelve a ganar Morena) será conocido como el “periodo populista”, y causará también inmensos daños al país y a su población.
  8. Dice The Economist que la oposición está boicoteando la consulta y que la autoridad electoral solo instalará un tercio de las casillas argumentando que el gobierno los ha dejado sin presupuesto. Para mí es claro que la oposición se opone, valga la redundancia, a la consulta, pero yo no lo llamaría boicot. Además la oposición tiene el derecho de oponerse a la consulta (valga otra vez la redundancia), así como AMLO tuvo el derecho de oponerse a cualquier acción del gobierno cuando él fue oposición. Me da risa que los seguidores de AMLO se ofendan porque la oposición está en contra de la consulta, pero olvidan que estamos en una democracia y que el pensamiento único conduce a la muerte de la inteligencia. La consulta en sí misma es un sinsentido y una parodia del Rule of Law; el hecho de oponerse a ella no es avalar a las administraciones pasadas ni mucho menos defender a los expresidentes (que han sido superlativamente nocivos, por cierto), sino oponerse a la farsa que es el hecho de someter a consulta popular la acción de la justicia. Lo que sí me parece una exageración es afirmar que el INE es parte de una conspiración. La consulta se llevará a cabo sin contratiempo, aunque dudo que participe al menos el 40% del padrón electoral, sin lo cual los resultados no serán vinculantes y hará que este ejercicio sea un fiasco. Y eso no va a ser culpa del INE. Si López Obrador es incapaz de hacer que los 30 millones que votaron por él en 2018 vayan a las casillas para votar por el “sí” en la consulta del 1 de agosto, bueno, pues va mostrar que se le está acabando el gas. Pero tal vez me equivoco y es un éxito, y la gente se desborda en las casillas para hundir a los expresidentes, y lo hace en porcentajes mayores a los de las elecciones de 2018 y 2021.
  9. Y por eso The Economist observa que AMLO no es invencible. Si bien Morena arrasó en la elección de gubernaturas, el presidente no alcanzó mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sufrió una humillante derrota en la Ciudad de México, observa la publicación. El artículo dice que la consulta del 1 de agosto en un show para esconder el fracaso de las políticas de Obrador, principalmente en tres rubros: pandemia, economía y seguridad. ¿Ha fracasado en estos rubros? Aunque AMLO y sus seguidores aseguran que el manejo de la pandemia por parte de Gatell ha sido el mejor del mundo, que la economía va “requetebien” y que el país está en calma y en paz, cualquiera sabe que tanta maravilla no puede ser verdad. En otros artículos he explicado por qué creo que en estos tres rubros los alcances del gobierno obradorista han sido limitados. A lo mejor a mí usted no me cree, pero los números son los números (y hablo de números del propio AMLO). Y si es verdad que en pandemia, economía y seguridad el gobierno no ha dado resultados, entonces The Economist no está diciendo mentiras en su artículo.
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De ahí que la realidad continúa siendo desgarradora.  Tenemos que reconocer que no basta con la tipificación del delito, pues es imprescindible que las acciones llevadas a cabo por los policías, ministerios públicos e impartidores de justicia sean eficientes y efectivas, lo que exige en primer lugar, una reingeniería al marco jurídico en la materia. En segundo lugar y como lo he repetido en distintos espacios, la Ley es de vital importancia, pero no lo es todo. El problema es estructural y está cruzado por múltiples complicidades que derivan en un delito trasnacional con diversos modos comisivos y cada vez más sofisticados. Los clientes forman parte de nuestra sociedad y determinan la magnitud del ilícito; en otras palabras, la demanda de seres humanos en calidad de mercancía determina la oferta. En este sentido, los consumidores pueden estar en cualquier lugar: en nuestra colonia, trabajo o familia, pueden pasar desapercibidos ocultándose bajo la careta de personas “normales” e incluso su conducta puede ser conocida por sus círculos cercanos, cuyos integrantes, a manera de observadores o cómplices silenciosos por omisión, dejan que sucedan delitos aberrantes haciéndose de la vista gorda. Por eso es que la norma jurídica debe estar concebida desde un nuevo paradigma y, el delito, consignado exclusivamente en el Código Penal Federal para evitar la dispersión normativa y su falta de aplicación, lo que implicaría derogar cualquier disposición contraria para hacer de la norma penal sustantiva un mandato ineludible. Una vez más, insisto en que la trata de personas debe ser elevada a rango constitucional por su magnitud, daño e implicaciones, ya que esta conducta ilícita ha sido reconocida internacionalmente como un tipo de esclavitud moderna. Abordar el tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitiría visibilizar y atender el delito desde todos sus ámbitos y enfrentar la indiferencia hacia sus diferentes tipos, la cual subsiste con igual crueldad que la conducta primigenia.  Pensemos, por ejemplo, en las muchas acciones que se tendrían que instrumentar si la Ley Fundamental ordenara que, al igual que la esclavitud, está prohibida la trata de personas; y que las víctimas gozarán de toda la protección del Estado, garantizándoles acceso rápido a la justicia, una integral reparación de los daños y perjuicios por parte de sus victimarios, asesoría jurídica, atención médica y psicológica gratuita, así como el derecho a permanecer en albergues o refugios temporales hasta que puedan reincorporarse a la sociedad plenamente. Elevar el delito de trata de personas a nivel constitucional, posibilitaría que su mandato se cumpla, que caiga todo el peso de la Ley sobre los tratantes, que se castigue con mayor severidad a los clientes y que se otorgue la debida atención a las víctimas. Pero, sobre todo, permitiría aceptar y enfrentar una realidad concreta, indignante y alarmante, usando toda la fuerza del Estado y de la comunidad internacional, ya que es un delito que se resiente a escala global y que requiere ampliar y fortalecer los mecanismos de cooperación para investigar y sancionar la trata de personas, así como brindar refugio y seguridad a las víctimas en países diferentes de donde se cometió o tuvo su origen el delito, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas y sus familias. La trata de personas constituye un asunto de seguridad nacional, pues no sólo significa un agravio a la dignidad de las personas y a los derechos humanos más elementales, sino que también representa una actividad altamente rentable en la que están involucrados redes delictivas trasnacionales, y que, a su vez, es un delito que se encuentra asociado con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y de migrantes, el lavado de dinero y el narcotráfico. Por otro lado, es menester fortalecer nuestro sistema judicial con el fin de poder enfrentar y frenar la red de complicidades que involucra a funcionarios públicos y policías, lo mismo que contar con procesos más ágiles y eficaces que den como resultado un mayor número de sentencias condenatorias que impongan castigos ejemplares a los tratantes y a la red de personas involucradas. Cuando hablo de complicidades, no puedo dejar de recordar que después de catorce años no ha llegado plenamente la justicia para Lydia Cacho, una víctima más del sistema depredador y cómplice que la torturó y persiguió por haber publicado en 2004 su libro, Los demonios del Edén, donde exhibió una red de pornografía, abuso y explotación infantil en la que estuvieron involucrados diversos funcionarios públicos y empresarios. El pederasta Jean Succar Kuri, “el tío Johnny”, acusado por delitos sexuales en contra de varias niñas, purga una condena de 112 años de prisión. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, “el góber precioso”, quien llevaba dos años prófugo de la justicia debido a una orden de detención emitida por una juez de Quintana Roo, fue detenido hace unos meses por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla; asimismo, otros funcionarios fueron vinculados a proceso penal por su participación en dichos delitos. Sin embargo, no son todos los involucrados en esa red que denunció la periodista; no, desgraciadamente muchos de esos pederastas, tratantes y abusadores siguen libres porque forman parte del poder económico y del rancio régimen político que se resiste a desaparecer. Cómo olvidar la filtración de la llamada telefónica entre el entonces gobernador Marín y Kamel Nacif, publicada por el diario La Jornada: “Qué pasó mi góber precioso, mi héroe chingao / No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la Ley”. La realidad es que, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, los delitos cometidos en contra de Lydia Cacho quedaron impunes, al igual que los perpetrados en contra de las niñas, niños y adolescentes. No es ninguna casualidad que la ruta de la trata de personas tenga en Puebla un lugar preponderante, ni que en diversos municipios de esa entidad y Tlaxcala, los tratantes sean protegidos; tampoco es por azar que Cancún sea uno de los destinos favoritos de los pedófilos. La realidad de la trata de personas en nuestro país es escandalosa, revela la existencia de un “mercado nacional” en donde la oferta y la demanda son a gran escala. Los clientes, quienes hacen del sufrimiento de otro ser humano su entretenimiento, arrebatándole la dignidad, sueños y posibilidades de desarrollo, son parte fundamental y primigenia de la cadena delictiva, y deben ser sancionados de manera mucho más severa, a fin de inhibir la conducta. Estamos ante un crimen que en nuestro país se encuentra ubicado por diversos estudios en el segundo o tercer ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada, constituyendo junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, una triada que amenaza a la sociedad.  Además, el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación junto al fenómeno migratorio coinciden con los riesgos y las vulnerabilidades de la población vulnerable al ser víctimas fáciles para los enganchadores. Sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado diversas acciones en esta materia. En el marco de la violencia contra las mujeres en noviembre de 2020 su titular Santiago Nieto, destacó que el crimen organizado está mutando en México a medida que las bandas que roban petróleo y trafican drogas incursionan en el lucrativo negocio de la tarta. México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, un negocio mundial cuyo valor se estima en 150 mil millones de dólares al año. La UIF ha congelado más de 250 millones de pesos relacionados con la trata de personas y la pornografía infantil, y trabaja con la Policía Cibernética para atender esta última problemática. La cosificación de los seres humanos en nuestro país requiere atención inmediata y un abordaje multifactorial. La trata de personas es un delito aberrante, pero también es un fenómeno social cotidiano, creciente y normalizado. La violencia y la inseguridad tienen causas estructurales que se deben combatir de raíz. No podemos mantenernos al margen de la realidad y dar la espalda a un fenómeno delictivo donde los clientes y los consumidores son los delincuentes principales. No podemos seguir solapando una cultura social donde unos seres humanos usan como objetos sexuales o máquinas de trabajo a otros, asumiendo que existe superioridad de unas personas sobre otras. La crueldad extrema, la deshumanización, la falta de compasión y solidaridad y el placer o indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano, son el contexto psico-emocional en el que se lleva a cabo el delito de trata de personas en sus diferentes tipos penales, lo cual no podemos pasar por alto.  En ese sentido, resulta importante señalar que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye el tipo penal más extendido y grave desde el punto de vista de las consecuencias en la salud, la sexualidad, la psicología, el desarrollo y la vida de las víctimas, lo cual, tenemos que decirlo, se ha abordado desde una perspectiva ciega al género que no atiende la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres.  La invisibilización de sus características específicas en los informes y estudios, así como la desvinculación en el discurso, las leyes y las políticas públicas, son factores que han contribuido al incumplimiento de la obligación del Estado de proteger a las mujeres de manera efectiva, ya que es una forma de violencia de género con un proceso de deshumanización particular.  Para enfatizar lo anterior, basta con observar las estadísticas: la inmensa mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres, lo que da cuenta inequívoca de la “jerarquía sexual”, pues el sujeto activo del delito, esto es, el receptor del lucro generado, ya sea como proxeneta o como dueño del lugar donde la víctima es explotada, y mayoritariamente el cliente, es hombre, como acertadamente lo ha señalado Magaly Thill y Pilar Giménez Armenta. Los especialistas coinciden en que la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es un fenómeno social aislado dentro del “sistema de prostitución”, puesto que es su principal abastecedor de acuerdo con la altísima proporción de víctimas en este mercado ilegal. Las políticas públicas en materia de trata de personas, necesariamente requieren contar con un claro enfoque de género, al igual que los estudios y estadísticas generados por las instituciones y las leyes en la materia. Ahora bien, el aparato legislativo también debe tomar en cuenta la relación víctima-victimario (entendiendo que este último puede ser enganchador, trasladador, vigía, proxeneta, dueño del establecimiento donde tiene lugar la explotación, autoridades involucradas, cliente y testigos silenciosos quienes, en esa red de complicidades, omitieron su deber de auxilio a la mujer en peligro o denunciar ante las autoridades). Asimismo, las políticas públicas de prevención también deben involucrar a los hombres desde edades tempranas para que no siga normalizándose una cultura en la cual ellos pueden obtener placer a cambio de dinero, a sabiendas de que las mujeres no lo desean o sienten indiferencia, asco o temor, colocándolas en una situación de inferioridad y, por lo tanto, de vulnerabilidad extrema.  La trata de personas a manera de esclavitud moderna, se diferencia de la de otrora que, dio paso a varios movimientos abolicionistas en todo el mundo, en que existe un conocimiento pleno y generalizado de que la trata constituye un delito grave, de ahí que se han conformado organizaciones delictivas nacionales e internacionales para su comisión; su tipología más recurrente no son los trabajos forzosos, la servidumbre o la gleba, sino la explotación sexual con un alto componente de discriminación y violencia hacia las niñas y las mujeres; y las causas no son colonizadoras ni se fundamentan en la supremacía de una raza sobre otra. Los avances en materia de derechos humanos y los Instrumentos Internacionales asumidos por la gran mayoría de los países del orbe, también hacen diferencias sustanciales, así como el desarrollo científico y tecnológico, lo cual conlleva un entendimiento mayúsculo sobre las implicaciones de la conducta ilícita. Además, el nivel educativo y el poder adquisitivo de los “clientes” es prácticamente homogéneo en el mundo, y la alta incidencia en algunos países o regiones responde más a la corrupción, incapacidad institucional, inseguridad y altos niveles de violencia social, pobreza y discriminación por razones de género. La más grave consecuencia de la globalización es la desigualdad que divide a los seres humanos en el único valor conocido por la economía: el dinero. En la sociedad y la vida líquida, todo, incluidas las personas, tiene la categoría de objeto de consumo que pierde su valor en el instante mismo después de ser usado para convertirse en desecho, lo que limita su esperanza de vida; ejemplo de ello es la industria del sexo y su proveeduría.  La “cosificación” de las personas al reducirlas a categoría de objetos, niega su naturaleza, condición y dignidad humana, las despoja de sus derechos al despersonificarlas, las coloca en el mercado y las sujeta a los principios de la oferta y la demanda bajo las reglas del capitalismo.  Resulta innegable que el delito de trata de personas, en sus diferentes tipologías, está profundamente asociado a satisfacer un deseo y obtener una ganancia económica -además de a una serie de factores antropológicos, sociales y culturales subyacentes que rodean el abuso y la extrema violencia hacia una persona. Lo que significa que está cimentado en una nueva estructura donde se privilegia la jerarquía de unos seres humanos sobre otros, dando paso a un sistema formal e informal en el que lo más importante es el rendimiento económico que produce la mercancía bajo una valoración estrictamente racional de costo-beneficio, donde la justicia, la moral, la equidad, la igualdad y la humanidad misma no tienen cabida si no es para formar parte de una cadena comercial, ya sea como productor, trasladador, vendedor, comprador o mercancía. El capitalismo moderno y la globalización no pueden mirarse de manera separada a la “sociedad de consumo”, de ahí que Marx dedicara extensos análisis a la mercancía. En nuestros días, ésta debe ser estudiada a partir de sus nuevos componentes, valores, asignaciones, símbolos, asociaciones y significados, separándola del proceso de producción para colocarla no como problema central de la economía, sino de la sociedad capitalista moderna en sus diferentes manifestaciones, incluidas las relaciones sociales, socio-comerciales, socio-culturales y sus nuevas interrelaciones con el tiempo (inmediatez), a efecto de tomar conciencia del fenómeno de la cosificación y la ideología que de él se ha derivado, la cual determina las relaciones de poder económico, político y social sobre las que se construye tanto la sociedad capitalista y el mundo globalizado como el Estado mismo y sus estructuras jurídicas e institucionales. La víctima, al haber sido cosificada, queda sujeta a la suerte que la sociedad del consumo le imponga, y, en el mejor de los casos, es rescatada por un sistema de justicia que le asigna un número de expediente para hacerla parte de un procedimiento de sistematización racional al que pertenecen las regulaciones jurídicas con sus vicios, lagunas e inconsistencias, donde, aunque el sistema y su proceso fuera perfecto, su realidad se ajusta a la generalidad de la norma jurídica y a una serie de tipos penales para encuadrar la conducta ilícita cometida en su contra y poder ser receptora del sistema de justicia y sus elementos resarcitorios, compensatorios, reivindicatorios e incluso sancionadores para sus victimarios. Lo anterior, de ninguna manera significa que estoy en contra de las leyes o de los sistemas de justicia, pues es innegable su contribución al mantenimiento del orden social, o bien, a que el delito trate de evitarse mediante políticas preventivas (autodefensivas o dictadas por el Estado) para impedir que las personas sean parte de la estadística de víctimas, lo que se pretende subrayar es que la prevención, legislación, sanción y reparación del daño, por más integrales que sean, no lo son todo, puesto que estas acciones quedan circunscritas a un sistema racional donde las personas en calidad de víctimas o delincuentes quedan sujetas a un tratamiento burocrático formal. La conducta del ser humano no se puede “agotar” en el cálculo previsto en las leyes y políticas públicas, ajustándose conforme surgen nuevos fenómenos delictivos, sino que es necesario trabajar en la reconstrucción del tejido social desde el Estado y la sociedad, porque el trabajo no sólo debe direccionarse hacia las masas, sino a la persona, lo que conlleva un primer esfuerzo de cada uno de nosotros para poderlo proyectar a nuestro entorno más próximo y de ahí a la colectividad, a fin de que pueda ser realmente trascendental.  La concientización sobre lo que significa la persona humana no puede ser una tarea exclusiva del Estado, ya que comienza en el individuo, abriendo el camino a auténticas posibilidades para su evolución y no para su destrucción. Así, reconstruir el tejido social es plantear un nuevo modelo de sociedad que genere otros modelos económicos, jurídicos, políticos y culturales a partir de valores diferentes en los que el ser humano no tenga precio.  " ["post_title"]=> string(47) "LA EXTREMA VIOLENCIA DE LA SOCIEDAD DEL CONSUMO" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(47) "la-extrema-violencia-de-la-sociedad-del-consumo" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-07-14 08:28:44" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-07-14 13:28:44" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=68013" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(2) ["current_post"]=> int(-1) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#17851 (24) { ["ID"]=> int(68290) ["post_author"]=> string(2) "59" ["post_date"]=> string(19) "2021-07-21 12:07:13" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-07-21 17:07:13" ["post_content"]=> string(11573) " 
  1. El pasado 17 de julio la revista británica The Economist volvió a publicar un artículo muy crítico sobre el presidente López Obrador. No es necesario decir qué es la revista The Economist y cuál es su importancia, y por eso llama la atención el artículo, a pesar de que no dice nada que no se comente en los medios mexicanos.
  2. Después de “Mexico’s false mesiah” (El falso mesías de México, mayo de 2021), ahora The Economist publica “Mexico’s president sets up a show trial of his predecessors” (El presidente de México monta un show para enjuiciar a sus predecesores). En resumen, el nuevo artículo critica la consulta popular del 1 de agosto –la famosa consulta para saber si el pueblo quiere llevar a juicio a actores políticos del pasado– y la califica como un “espectáculo cantinflesco” cuya finalidad es disimular los fracasos de las políticas del presidente Obrador.
  3. El artículo se burla de la pregunta a la cual los mexicanos que participen en la consulta responderán con un “sí” o un “no”, y dice que pudo haber salido de la boca de Cantinflas:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?» Una vez que el artículo reproduce la pregunta (en inglés, claro, y en ese idioma se oye aún más ambigua), dice, no sin cierto sarcasmo: “esto es lo que quiere el presidente López Obrador que decidan los mexicanos el 1 de agosto”. 
  1. Hay que decir que esa no es la pregunta que quería el presidente que respondieran los mexicanos; esa es la pregunta a la que finalmente llegó la Suprema Corte haciendo uso de sus facultades de calificación. Y quedó así de ambigua y “cantinflesca” porque, extendiendo las características de la ley (toda ley es general, impersonal y abstracta) a la pregunta, incluir nombres y apellidos habría sido violatorio de derechos. A fin de cuentas, todos sabemos –y lo sabe The Economist– que el quid es llevar a juicio a los ex-presidentes Echeverría, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. AMLO los ha acusado abiertamente en distintos foros, principalmente en sus conferencias de la mañana, de corrupción, de concentrar la riqueza en unas cuantas manos, de perpetrar fraudes electorales y de promover que los grupos criminales tengan a México sumido en la violencia. ¿Son ciertas estas acusaciones?
  2. El artículo admite que algunos de estos cargos podrían ser ciertos, y como ejemplo señala que el sexenio de Peña Nieto fue notoriamente corrupto. En mi opinión, las cuatro acusaciones que menciona The Economist tienen fundamento. 
  3. ¿Quién podría negar que en los gobiernos de estos expresidentes, y en el del mismo AMLO, no se practicó y no se practica la corrupción? Así que a ese primer cargo habría que decir: sí. No obstante, hay que observar que si bien López Obrador prometió acabar con la corrupción y esa ha sido su bandera desde siempre, en su gobierno el 81% de los contratos gubernamentales se han hecho por asignación directa, sin licitación y sin transparencia, algo a lo que él siempre se opuso, señala la revista británica. Este porcentaje es mayor que el que registró la administración de Peña Nieto. Los contratos por asignación directa, sin licitación y sin transparencia han sido fuente de desfalcos a lo largo de nuestra historia. ¿Qué nos hace pensar que ahora ya no? ¿De repente todos se volvieron buenos porque el presidente los bonificó? Sería demasiado ingenuo pensar eso.
  4. La concentración de la riqueza en unas cuantas manos también es verdad. El presidente Salinas entregó en bandeja de oro las empresas del Estado a unos cuantos empresarios, y éstos multiplicaron sus fortunas y accedieron a las listas de los más ricos del mundo (algunos de esos empresarios, por cierto, son muy cercanos AMLO, y siguen enriqueciéndose con jugosos contratos en este gobierno). En los últimos cincuenta años, según datos del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la pobreza se ha agudizado. O sea, hay más pobres, menos clases medias y los muy ricos son cada vez más ricos, lo cual, sí, es signo de que la riqueza se ha ido concentrando en menos manos. Pero también hay que decir, con datos del CONEVAL, que en este sexenio se ha incrementado notablemente el número de personas en pobreza alimentaria y patrimonial, y si la tendencia se mantiene, Obrador habrá producido más pobres que cualquier presidente de lo que él llama “período neoliberal”.
  5. Sobre los fraudes electorales hay que decir que hay bases para pensar que son verdad, y que hay actores políticos confesos. Tanto Manuel Bartlett como Vicente Fox han dicho que operaron para que las elecciones tuvieran ciertos resultados, Bartlett haciendo fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 para que ganara Salinas, Fox haciendo todo lo que estuvo en sus manos para que no ganara AMLO en 2006. No lo estoy inventando yo. Tanto Fox como Bartlett se han jactado públicamente de ello. Y en cuanto a Peña, hay indicios para pensar que su campaña fue financiada ilícitamente por la empresa brasileña Obedrecht y por PEMEX. Así que esta cuestión de los fraudes electorales no es que sea algo inventado por un loco.
  6. Finalmente, por lo que hace a la violencia y al crimen organizado, hay que admitir que ha existido desde siempre una siniestra relación entre gobierno y grupos delincuenciales. El caso de García Luna es indicio de ello. Los criminales han logrado ejercer influencia en los más altos niveles, y no solo en el nivel municipal. El problema ha llegado a un punto en el que ya no hay solución, ni siquiera si en México se estableciera una durísima dictadura militar, pues nuestras fuerzas armadas no tienen la capacidad –y para mí es manifiesto– de controlar todo nuestro territorio simultáneamente. Y si hemos llegado a este punto ha sido a causa de las negligencias, complicidades, corrupciones, incapacidades y estupideces de todos los presidentes (y de los miembros de gabinete y legisladores que avalaron y aplaudieron sus locuras y torpezas), incluido el actual, quien, como observa el ex-embajador Landau y señala el jefe del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, general Glen VanHerk, ha adoptado una actitud de laissez-faire (dejar hacer) a los grupos criminales.
  7. Así que estas cuatro acusaciones que menciona The Economist no están fuera de la realidad, e incluso me atrevería a decir que tres de ellas también son aplicables al actual gobierno. Lo que sí es totalmente cierto es la afirmación de The Economist en el sentido de que someter a consulta popular la acción de la justicia es “parodiar” el Estado de Derecho (Rule of Law). Y también es verdad el acento surreal que observa la revista en la actitud de Obrador cuando, por un lado ataca con ferocidad supina a los gobiernos “neoliberales” y les atribuye todos los males, y por otro lado exclama que él no es vengativo, que no va a votar en la consulta y que si votara lo haría por el “no”, pero que obedecerá lo que decida el pueblo, lo cual es vil populismo, y ahí está la parodia del Estado de Derecho. Si el periodo que va de 1982 a 2018 es el “periodo neoliberal”, el periodo 2018 a 2024 (o 2030 o incluso 2036, si vuelve a ganar Morena) será conocido como el “periodo populista”, y causará también inmensos daños al país y a su población.
  8. Dice The Economist que la oposición está boicoteando la consulta y que la autoridad electoral solo instalará un tercio de las casillas argumentando que el gobierno los ha dejado sin presupuesto. Para mí es claro que la oposición se opone, valga la redundancia, a la consulta, pero yo no lo llamaría boicot. Además la oposición tiene el derecho de oponerse a la consulta (valga otra vez la redundancia), así como AMLO tuvo el derecho de oponerse a cualquier acción del gobierno cuando él fue oposición. Me da risa que los seguidores de AMLO se ofendan porque la oposición está en contra de la consulta, pero olvidan que estamos en una democracia y que el pensamiento único conduce a la muerte de la inteligencia. La consulta en sí misma es un sinsentido y una parodia del Rule of Law; el hecho de oponerse a ella no es avalar a las administraciones pasadas ni mucho menos defender a los expresidentes (que han sido superlativamente nocivos, por cierto), sino oponerse a la farsa que es el hecho de someter a consulta popular la acción de la justicia. Lo que sí me parece una exageración es afirmar que el INE es parte de una conspiración. La consulta se llevará a cabo sin contratiempo, aunque dudo que participe al menos el 40% del padrón electoral, sin lo cual los resultados no serán vinculantes y hará que este ejercicio sea un fiasco. Y eso no va a ser culpa del INE. Si López Obrador es incapaz de hacer que los 30 millones que votaron por él en 2018 vayan a las casillas para votar por el “sí” en la consulta del 1 de agosto, bueno, pues va mostrar que se le está acabando el gas. Pero tal vez me equivoco y es un éxito, y la gente se desborda en las casillas para hundir a los expresidentes, y lo hace en porcentajes mayores a los de las elecciones de 2018 y 2021.
  9. Y por eso The Economist observa que AMLO no es invencible. Si bien Morena arrasó en la elección de gubernaturas, el presidente no alcanzó mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sufrió una humillante derrota en la Ciudad de México, observa la publicación. El artículo dice que la consulta del 1 de agosto en un show para esconder el fracaso de las políticas de Obrador, principalmente en tres rubros: pandemia, economía y seguridad. ¿Ha fracasado en estos rubros? Aunque AMLO y sus seguidores aseguran que el manejo de la pandemia por parte de Gatell ha sido el mejor del mundo, que la economía va “requetebien” y que el país está en calma y en paz, cualquiera sabe que tanta maravilla no puede ser verdad. En otros artículos he explicado por qué creo que en estos tres rubros los alcances del gobierno obradorista han sido limitados. A lo mejor a mí usted no me cree, pero los números son los números (y hablo de números del propio AMLO). Y si es verdad que en pandemia, economía y seguridad el gobierno no ha dado resultados, entonces The Economist no está diciendo mentiras en su artículo.
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