Uno de los muchos retos que enfrentan los nuevos gobernadores electos de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo es la formulación en el plazo que les mandata la constitución de cada entidad del “Plan Estatal de Desarrollo”.
La SEDATU, con fecha 18 de mayo 21, emitió una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) que forma parte de la Ley General de Asentamientos Humanos, y que es según la Secretaría la principal herramienta para evitar la expansión urbana descontrolada sobre áreas agrícolas y naturales.
La estrategia referida es realmente un ordenamiento legal, de aplicación forzosa y con una visión de 20 años y toca a estos seis nuevos gobiernos cumplir sí o sí con este ordenamiento. Con ello se espera detener el abuso en los permisos de cambio de uso de suelo que permitan utilizar zonas agrícolas o de bosque para favorecer la expansión urbana descontrolada.
Cabe señalar que solamente en 2019, se perdieron en el país 321 000 hectáreas de bosque, con lo que 480 municipios, casi el 20% de los 2500 del país quedaron en condiciones de gran vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, desertificación, pérdida de recursos hídricos, pérdida de suelo con cobertura vegetal, basureros, tiraderos de escombro, desecación de ríos y cuerpos de agua, etc.
Esta es una situación de crisis severa que exige la aplicación inmediata de una política pública que favorezca la ocupación y utilización del territorio, apegada al plan de desarrollo urbano aprobado y que sea la base de un mejor desarrollo socioeconómico que privilegie la preservación ambiental, prevenga riesgos, evitando asentamientos en sitios sujetos a ellos en laderas, barrancas, cauces de arroyos o ríos, zonas inundables…
Hemos referido en varias ocasiones que el cambio climático provoca periodos de sequía más prolongados, lluvias extraordinarias con efectos devastadores en poblaciones ubicadas en zonas de riesgo.
Toca a estos seis nuevos gobiernos estatales la aplicación de esta Estrategia de Ordenamiento Territorial de reciente publicación.
Una de las ventajas de hacerlo es que los programas de desarrollo de Estado y Municipios deberá tener ya una visión de 20 años y tocará a las autoridades su formulación, promulgación, aplicación y vigilancia a efecto de revertir Los perniciosos efectos causados en poblados y ciudades a través de permisos “fáciles” de otorgar y de actos de corrupción que han causado tan grave daño al territorio nacional.
Los Planes Nacionales y Estatales que se formulan cada gobierno han sido desde siempre letra muerta, no son vinculantes con las acciones de los gobiernos y nunca son sujetos de verificación y cumplimiento por ninguna autoridad ( tocaría al legislativo hacerlo).
La estrategia referida deberá ser vinculante, medible y auditable para asegurar que sus objetivos se alcancen. Deberá privilegiar a grupos sociales vulnerables que lo son aún más por ubicarse siempre en zonas de riesgo, con lo que tener oferta de suelo municipal asequible y seguro deberá ser parte de la estrategia.
Por ser de largo plazo, las autoridades subsecuentes a su promulgación, están obligadas a seguir, dando cumplimiento y puntual seguimiento a las acciones emanando del plan ( no como ahora…. ).
En el papel es un gran reto y por ello una gran oportunidad de estos seis gobiernos entrantes de dar nuevo rumbo a las entidades que han de gobernar.
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