Inmediatamente que concluyó la Consulta Popular, el presidente echó a andar su siguiente estrategia para mantener su capital político y continuar en campaña, a saber, la revocación de su mandato, retando a sus “adversarios” para que lo separen de su cargo.
Andrés Manuel López Obrador sabe que este ejercicio político que se considera democracia participativa, le generará un gran capital político y sabe que de ninguna forma será removido de su cargo. Al final, él saldrá ganando.
Al reformarse la Constitución, el 20 de diciembre de 2019, se incorporó la posibilidad de que el mandato presidencial sea revocado, una vez cumplidos tres años del encargo, ordenándose en esa reforma que el Congreso tenía obligación de emitir la ley secundaria respectiva en un plazo de 180 días, el cual concluyó en el mes de junio de 2020, pero el Congreso, como siempre y fiel a omitir su trabajo, tampoco cumplió.
Actual y apresuradamente, a propuesta del Senador Monreal, se intenta emitir dicha ley que, vale la pena mencionar, aun sin ella podría efectuarse el procedimiento de elección (en este caso de índole negativa), que no es consulta, atendiendo a los lineamientos que da el artículo 35 de la propia Carta Magna, requisitos que resultan, en sí mismos, completos para tal efecto.
Dentro de los requisitos más complejos que se indican en nuestra Constitución, el primero de ellos es la obtención de firmas de los ciudadanos que representen el 3% de las listas de la lista nominal de electores pero, adicionalmente, esas firmas deben de corresponder también al 3% respecto de cada una de las listas de 17 entidades de la República Mexicana; luego entonces de un padrón electoral en número de 93’762,780 ciudadanos registrados (con corte al 30 de julio de 2021), se requiere que 2.8 millones de ciudadanos firmen la solicitud para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato.
Cabe mencionar, que para que el procedimiento de revocación sea procedente, se requiere la participación del 40% de los integrantes de la lista nominal de electores, esto es, se requiere que el día de la votación, acudan a las urnas por lo menos 37.5 millones de votantes, pues, de lo contrario, esta decisión no tendría consecuencia legal alguna y, si consideramos que debe de tomarse por mayoría, esto es la mitad más uno, para que procediera la revocación del mandato se requeriría de, por lo menos, 18.75 millones de votantes que deseen que López Obrador deje de ser Presidente.
No debemos perder de vista, que este procedimiento está dirigido a los ciudadanos y no a los partidos políticos, lo que no resulta sencillo para la obtención de firmas, pero aun en el escenario de que éstas se llegaran a obtener y la decisión fuera en el sentido de la revocación, López Obrador o cualquier interesado con facultades para ello, podría reclamar, por los cauces constitucionales, que la revocación del mandato no puede aplicarse a en este periodo, por ser una norma que no existía cuando él fue electo como Presidente de la República, y, seguramente obtendría la protección de la Justicia Federal que resolvería en su favor, respetándole la garantía de irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, aun las constitucionales.
Si el resultado de la votación fuera en el sentido de la no revocación, Andrés Manuel López Obrador obtendría toda la fuerza necesaria para continuar manejando este país en la forma que quiera, sin importar las nefastas consecuencias de sus decisiones, considerando que la mayoría del pueblo así lo ha decidido nuevamente, y gobernaría sin freno alguno bajo la autoridad de haber ganado dos elecciones.
En el caso hipotético de juntar las firmas, de llevarse a cabo esta elección entre la continuidad o no del Presidente y que éste no impugnara la inconstitucionalidad del procedimiento por aplicarse retroactivamente en su contra, quien le sucedería como provisional, sería el presidente del Congreso, que atento a cómo quedó conformada la siguiente Legislatura lo más probable es que sea alguien del partido presidencial, el de MORENA.
Posterior a ello, dentro de los 30 días siguientes, el Congreso se convertirá en Colegio Electoral el cual debe nombrar al Presidente de México, que sustituirá a AMLO hasta el fin del periodo presidencial, lo que se advierte muy complicado y eventualmente violento ante la división que ya existe entre las diversas fracciones políticas que integran el Poder Legislativo, sin que podamos advertir ni quién, ni cuándo, ni con qué daños se nombraría a ese presidente sustituto de México, quien deberá gobernar al país en medio de un evidente caos, y hasta las nuevas elecciones que deberán celebrarse en la forma y tiempos previstos para el período 2024-2030.
A diferencia de la consulta popular de la semana pasada, una vacilada, pienso que la elección que viene es una gran oportunidad democrática e histórica. Por tal, debemos lograr un resultado contundente, desde la misma obtención de firmas, hasta el cómputo final, sea cual sea la decisión de nosotros los ciudadanos. Debemos acudir a votar y dejar patente cuál es nuestro sentimiento, que no seamos grises, que no seamos medias tintas, y que, suceda lo que suceda, la voluntad del pueblo se vea reflejada, sin dejar duda alguna.
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