Uno de los temas más mencionados en materia de política interna ha sido sin duda la aprobación con cambios a la iniciativa que la Presidenta de la República envió al Senado. Ésta contenía reformas a diversos artículos en materia electoral y que públicamente se dio a conocer como “Plan B”, luego del fracaso del proyecto inicial en la Cámara de Diputados.
Estas letras no tienen por intención abordar el tema del contenido del mencionado plan, ya que soy un convencido de que cuando uno no tiene el conocimiento milimétrico del tema es mejor no abordarlo. Las responsabilidades personales de la semana me han impedido poner la atención suficiente y siendo sincero, tampoco es algo que me importe mucho. Lo cierto es que soy uno más de los muchos ciudadanos que probablemente hemos puesto atención vagamente mientras estamos en el tráfico habitual de las ciudades o leímos por encima algún encabezado de la nota y es que gracias a esos pequeños espacios, mi mente se puso a trabajar en poder redactar esta columna.
Desde mi punto de vista, la aprobación por parte de los senadores al llamado Plan B de la reforma electoral es una muestra clara del funcionamiento del Poder Legislativo Federal. El Congreso de la Unión es el poder del Estado en el que se hace política pura, es donde pasa todo y a la vez no pasa nada, es el Poder colegiado en el que se cabildean los asuntos de más importancia para el funcionamiento del país y en ese contexto considero muy importante resaltar la responsabilidad que tienen los miembros del Congreso y que se desprende desde la Constitución de 1917, en la que se mandata que el Supremo Poder de la Federación se divide para el ejercicio del mismo en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que para el caso del tema que se aborda en esta columna, lo concerniente al Poder Legislativo, éste se dividirá en dos Cámaras (Senadores y Diputados) y estará integrada para el caso del Senado por 128 miembros y de la Cámara de Diputados por 500 miembros, mismos que en su conjunto representan la pluralidad. No es cosa menor porque en teoría en cada uno de los 628 integrantes del Congreso existe una responsabilidad que responde a la generación de políticas públicas que establezcan las reglas del funcionamiento del país y las bases solidas de un estado de derecho al que tengan acceso casi 130 millones de mexicanos.
Siguiendo ese orden de ideas el Congreso de la Unión existe para regular la vida pública del país; sin embargo, los hechos de la aprobación por parte del Senado y el peso político y mediático que esto tuvo ese Plan B nos vuelve a dejar muy claro que los congresistas están para responder a intereses que van mucho más allá de los de sus representados y estos se vuelcan a los personales, de sus partidos, o del propio Poder Ejecutivo. Basta con ver el desarrollo de los hechos, la titular del Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, presentó una iniciativa a la Cámara que ella decidió fuera la de origen, para este caso fue el Senado de la República y hasta ahí la cosa va de manera natural; sin embargo empezó la polémica y solo bastaron seis senadores inconformes para que la iniciativa se apruebe con las modificaciones que ellos quisieron y si lo pensamos, está bien porque como ya lo mencioné, el Congreso es el espacio natural para lograr estos acuerdos. Al ser un Poder de la Unión independiente tiene las facultades para hacerlo de esa forma y es aquí donde empieza el debate del actuar de los congresistas, porque por alguna razón es que estos seis integrantes del Partido del Trabajo y los dirigentes del mismo se mantuvieron firmes en no dar los votos necesarios para la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución y podría estar seguro que esos intereses son meramente personales y nada tienen que ver con intereses de los mexicanos.
Es entonces que podemos decir que tenemos un Poder Legislativo por la mañana, que cuando quiere y se atreve hace las veces de un poder independiente en el que según ellos se vela por el interés de sus representados, pero seamos sinceros para un ciudadano de a pie ¿qué importancia puede tener una reforma electoral? Si en realidad quisieran demostrarnos que trabajan para nosotros, a lo mejor lo podrían hacer metiendo al debate el tema de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que por capricho o desviación de cualquier fiscal puede mantener en la cárcel a una persona inocente, o llevar a la mesa de discusión el aborto y no criminalizar a una mujer por decidir qué quiere hacer con su cuerpo, yo no veo a un solo congresista tomando medidas para ver cómo se puede limpiar el aire que respiramos, tampoco los veo generando políticas publicas de salud o un verdadero sistema de seguridad social, es más la base de la sociedad, hacer algo por una educación publica digna de un país con una economía como la de México.
Si bien es cierto que el Congreso se constituye en un parlamento entonces lo más normal es pensar que es el espacio por naturaleza en el que se van a sostener debates que, muchas veces se vuelven acalorados. Eso pasa en todos los parlamentos del mundo, pero en el de nuestro país muchas veces las sesiones se convierten en escenas teatrales de muy baja calidad y que como en un teatro viejo y de cuento, existe un espíritu que empobrece aún mas hasta el más pobre de los debates y que se encarna en algún legislador legislatura tras legislatura y que se ha visto reflejado particularmente en Senadoras, tal es el caso se Irma Serrano “La Tigresa”, Layda Sansores o la ex morenista (que nunca se nos olvide) hoy panista Lilly Téllez, quienes se convierten en el ejemplo para los mexicanos de la pobreza intelectual que se puede tener y un reflejo para el mundo.
Desde que tengo memoria, no es mucho lo que llevo vivo, he visto que el Poder Legislativo Federal generalmente es una gran e ineficiente oficialía de partes en la que el principal remitente es el titular del Poder Ejecutivo en turno, y se vuelve una enorme oficina burocrática en la que se cumplen los caprichos de una sola persona. Tal es el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación, misma que destrozó la poca certeza jurídica que existía y que pasó por ambas cámaras al más puro estilo de Peña Nieto, sin siquiera ser leída y sin un valiente oficialista que saliera en defensa de los intereses de a quien se le tiene que responder: al pueblo.
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