PODER JUDICIAL HÉROES Y VILLANOS O NO ENTENDEMOS EL JUEGO

A lo largo de este sexenio, López Obrador ha tomado decisiones controvertidas, tales como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), con un altísimo costo, no solo en lo económico, sino también para...

21 de julio, 2021 PODER JUDICIAL HÉROES Y VILLANOS O NO ENTENDEMOS EL JUEGO

A lo largo de este sexenio, López Obrador ha tomado decisiones controvertidas, tales como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), con un altísimo costo, no solo en lo económico, sino también para el desarrollo de vías de comunicación internacional, al no poder generarse un tráfico comercial y turístico más eficiente, mismo  que impulsaría la economía, sin que pueda siquiera bromearse que el aeropuerto sustituto de Santa Lucía suplirá los beneficios del NAIM. Otras decisiones son las también controvertidas propuestas de reforma a la ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas “sin moverles una sola coma”, ambas reformas sin duda afectarán el desarrollo sustentable de México, por lo que regresará, desafortunadamente, el monopolio de esas actividades al Estado. También debe de agregarse a las anteriores, la reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la que se pretende obtener nuestros datos biométricos y que, al igual que las anteriores, fue aprobada por el Congreso de la Unión. Decisiones, entre muchas, que afectan el desarrollo del país, su economía, y que violentan nuestro máximo marco jurídico.

 

En los ejemplos expuestos se han promovido varios juicios de amparo, respecto de los cuales diversos Jueces de Distrito, quienes forman parte del Poder Judicial de la Federación, los han admitido y han otorgado suspensiones para que esas decisiones y esas leyes no generen los efectos nocivos e ilegales que pretenden evitarse con esas contundentes resoluciones. Sin embargo, esas decisiones de esos jueces, que incluso han sido aplaudidas y calificadas de autónomas y valientes, fueron objeto de ataques sin cuartel desde el comando general de las mañaneras en donde se bombardea constantemente a todo aquel que se le ocurra ir en contra de la máxima voluntad del jefe que habita Palacio Nacional.

 

Los resultados, al parecer derivados de esos ataques públicos, así como de otros seguramente dirigidos a niveles jerárquicamente superiores del Poder Judicial, han logrado que los Magistrados, con base en opiniones en diversas resoluciones de los Ministros, revoquen esas suspensiones, con lo que se permite la continuidad de las decisiones presidenciales, así como el que las leyes y reformas emitidas por el Congreso continúen sus efectos nocivos, lo que seguramente la historia calificará como actos y errores desastrosos para el país y, por tal, para todos sus habitantes.

 

Así es, heróicos Jueces de Distrito, en más de 150 amparos promovidos, concedieron suspensiones para mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como para detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y salvaguardar la integridad del ecosistema; suspensiones, que posteriormente fueron revocadas por Magistrados de Tribunales Colegiados, sucediendo lo mismo con la Ley de la Industria Eléctrica en la que se concedieron valiosas suspensiones, inclusive con efectos generales, para que esas leyes no tuvieran efectos, al considerarse que generaría desequilibrio en la competencia económica entre los actores privados de esos sectores, así como para evitar que se vulnere la protección y demanda constitucional para la protección del medio ambiente e inclusive para la protección de la economía del usuario final, el pueblo.

 

No obstante, estas decisiones muy bien valoradas y recibidas en los sectores energético y de inversión privada, así como sin duda en el ámbito legal, recientemente han sido revocadas por Magistrados integrantes de Tribunales Colegiados, sustentando sus decisiones en opiniones emitidas por Ministros en otras resoluciones. Lo mismo sucedió con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones por la que se pretende crear un registro de usuarios de telefonía móvil y obtener los datos biométricos de quienes usamos este servicio de telefonía, reforma sobre la que primero se otorgaron sendas suspensiones y que luego fueron revocadas por Magistrados Federales que han traído como consecuencia que los amparos se den por concluidos. No dudo, según lo expuesto, que las suspensiones a la reforma de la Ley de Hidrocarburos sigan la misma suerte.

 

Observo y opino que los Jueces a los que consideramos valientes, autónomos e independientes, podríamos llamarlos héroes, mientras que los villanos son los Magistrados y Ministros de la Corte y es posible que desde Palacio Nacional se esté gestando un juego diabólico en el que el único que se divierte, y gana, es el habitante mayor, mientras que los demás tienen que jugar con sus reglas y castigos. Si es así, su juego es perverso.  Concluyo que, a diferencia de lo que siempre se espera, parece que ahora los malos o villanos están ganando este juego.




 

Comentarios
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  1. A partir de que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la justicia está por encima de la ley, la relación entre la ley y la justicia, cuestión filosófica y densa, se convirtió en un tema sobre el cual todo mundo tenía algo qué decir. 
 
  1. El presidente dice siempre que si hay que escoger entre la ley y la justicia, desde luego hay que optar por la justicia. Los opositores de inmediato protestan. Muchos de esos opositores son importantes abogados que estudiaron en algunas de las escuelas y facultades más importantes del país, de modo que tendrían que saber que el presidente estaba en lo cierto: si hay contradicción entre la ley y la justicia, hay que decantarse por la justicia.
 
  1. Casi todos los que estudiaron y hoy en día estudian Derecho en México, han recibido y reciben una formación basada en el pensamiento del jurista austríaco Hans Kelsen, autor de la muy célebre Teoría Pura del Derecho. Esta doctrina postula que el jurista debe desprenderse de toda consideración ajena al derecho positivo, es decir, el ordenamiento normativo vigente en un determinado Estado. Un jurista debe analizar exclusivamente si se actualizó o no el supuesto de la norma, y en tal virtud, si se generan o no consecuencias jurídicas. Si se desvía la atención haciendo consideraciones morales, filosóficas, axiológicas, políticas, religiosas, sociológicas, etcétera, el jurista entrará al terreno de la especulación. Kelsen observa que la justicia es subjetiva, es decir, depende de la opinión y del parecer de las personas, lo mismo que la moral y los valores (axiología); y ni hablar de política y religión. Por lo tanto no hay que considerar si una norma jurídica es justa o no, pues eso es especulativo, sino si es válida o no conforme al sistema. La “justicia” de las normas no importa. Lo que es fundamental es su “validez”. La norma puede gustar o no (el agrado es cuestión totalmente subjetiva), puede compaginar o no con una cosmovisión personal (por demás también subjetiva), puede apegarse o ir a contrapelo de una cierta noción de justicia o de una doctrina política o religión. Nada importa. Lo único que interesa es que sea válida, es decir, que esté fundada y sostenida en una norma superior, y ésta en otra todavía más alta, hasta llegar a la constitución, fuente de validez de todo el sistema normativo. Las normas que no pueden sustentarse o justificarse así, son eliminadas por el propio sistema.
 
  1. El positivismo como doctrina filosófica se abrió paso durante la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en Francia y en Alemania. El positivismo jurídico fue durante la primera mitad del siglo XX la corriente imperante en prácticamente todas las instituciones en donde se enseñaba Derecho, tanto en Europa como en América, si bien en el ámbito anglo-sajón existieron también doctrinas alternativas. Kelsen fue por mucho el jurista más influyente en la primera mitad del siglo XX. La idea de un derecho natural (iusnaturalismo) –doctrina emparentada con la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento católico fue ridiculizada y despreciada por el pensamiento científico. Pero de repente todo cambió.
 
  1. Me parece que el problema de la relación entre la justicia y el derecho positivo (que no sólo la ley, que es sólo una de las varias fuentes del derecho) fue resuelto en definitiva tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces quedó claro –como habían postulado muchos filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles), juristas y pensadores romanos (Cicerón, Séneca) e intelectuales cristianos (San Agustín, Santo Tomás de Aquino)– que la justicia está por encima de la ley. Es más, la justicia de la norma jurídica es uno de sus elementos esenciales, de tal suerte que la ley injusta no es ley, sino violencia institucionalizada, como se verá a continuación.
 
  1. La prueba de que la justicia no es la ley y de que está por encima de la ley, son las leyes “injustas”, que, como acabo de sugerir, no son propiamente leyes, sino instrumentos para institucionalizar la violencia. En efecto, si tomamos en consideración las leyes que permitieron la esclavitud en los Estados Unidos, normas que incluso estaban en la Constitución de aquel país, nos damos cuenta de que a pesar del contexto histórico, la esfera jurídica primordial y primigenia de las personas afro-descendientes era violentada por el Estado, por mucho que la ley positiva lo permitiera. Alguien dirá que entonces esa era la forma de pensar y que en todo caso los esclavistas y dueños de esclavos no tenían otra alternativa de pensamiento, y que en tal virtud la violación de derechos humanos que de facto hubieren realizado, no era culpable, pues era producto de una ignorancia insuperable, dado el contexto histórico. Algunos dirán que Aristóteles mismo, a pesar de hablar del derecho natural, justificaba la esclavitud como una institución económica. Y puede ser que quienes así piensen tengan algo de razón. 
 
  1. Sin embargo, algunas de las nuevas y más importantes corrientes de pensamiento jurídico-filosófico sostienen que la esfera jurídica primigenia, originaria y primordial de las personas ha existido siempre, desde que el ser humano es ser humano, aunque las personas no lo sepan. Y no podría ser de otra manera si sostenemos, con el jurista español Javier Hervada, que el ser humano se auto-pertenece, es decir, es dueño de sí mismo, de su ser, de sus facultades y de sus operaciones, y por lo menos eso –su ser, sus facultades, sus operaciones– le pertenecen frente a los demás, son suyas. Esa es la esfera jurídica primigenia de la cual surgen todos los derechos, desde algunos tan básicos y fundamentales como la vida, la integridad física o la libertad, hasta otros más complejos como la preferencia sexual, el derecho a la información o los derechos culturales. 
 
  1. Si en algunas épocas históricas esta esfera jurídica primigenia no ha sido protegida por el derecho positivo (las leyes), sino, por el contrario, ha sido violentada por el poder político y el ordenamiento legal, en ningún momento dicha esfera ha desaparecido o dejado de existir. Así, pues, no podemos hablar de que en un momento histórico las personas no hayan sido titulares del derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad de expresión; siempre han sido titulares, lo que sucede es que en algunas épocas los derechos de las personas fueron sistemáticamente violentados por leyes injustas. Si decimos que antes los afro-descendientes no tenían ciertos derechos, como la libertad, y ahora sí, habría que sostener un cambio en la sustancia del ser de las personas negras, lo cual sería filosóficamente un disparate: tanto como decir –como de hecho lo asentó la constitución de los Estados Unidos, avalada por la Suprema Corte de Justicia (Dred Scott vs Sandford), hasta antes de las enmiendas XIII y XIV– que los afro-americanos no eran personas, pero ahora, por gracia del Estado, sí lo son. La verdad incuestionable es que siempre han sido personas, aunque el sistema legal de los Estados Unidos los degradara a objetos. Mucho más coherente y lógico explicar que los negros han sido personas en todo momento, que han sido titulares de esa esfera jurídica primigenia y originaria, como cualquier otro ser humano en cualquier otra época, sólo que las leyes de Estados Unidos no los consideraban así y, lejos de ser un instrumento para el perfeccionamiento y bienestar de las personas, las leyes en los Estados Unidos fueron un instrumento de sometimiento y de violencia. Si nosotros negamos esto, jamás podríamos decir que la esclavitud fue y es injusta y tendríamos que concluir que Lincoln no fue el más grande estadista que han visto las tierras estadounidenses, sino un vulgar quebrantador de la ley.
 
  1. Desde el momento en que podemos calificar de injusta una ley, desde ese momento estamos afirmando la preeminencia de la justicia sobre la ley. Si lo que escribí en el párrafo anterior no fuera cierto, no podríamos decir que las Leyes de Nuremberg de 1933 (las tristemente célebres leyes racistas de los nazis que degradaban a los judíos e incluso prohibían a los “alemanes puros” sostener coito con judíos), además de abiertamente injustas, eran una aberración. Al final de la guerra, los criminales nazis intentaron justificar sus fechorías amparándose en dos cuestiones: a) que obedecían órdenes superiores, y b) que el ordenamiento legal los obligaba. Por fortuna los juristas que participaron en los Juicios de Nuremberg no siguieron la doctrina de Kelsen, según la cual todo habría sido legal. Por el contrario, los Juicios de Nuremberg establecieron de una vez por todas la posibilidad de leyes injustas y de regímenes injustos. Los principales jerarcas nazis fueron condenados a muerte.
 
  1. Así que si alguien sostiene –incluido el presidente mexicano– que primero está la justicia, tiene fundamentalmente razón. No pecaremos de inocentes como para no darnos cuenta de que la justicia como ideología –es decir, la justicia tergiversada– ha sido fuente de grandes crímenes. Por eso hay que tener extremo cuidado con el tema de la justicia. Sin entrar en detalles y explicaciones extensas –lo haré en otro momento–, por fortuna tenemos un parámetro objetivo, inobjetable, incuestionable, claro y preciso para delimitar la justicia: los derechos humanos (el ius, diría el neorrealismo jurídico: esfera jurídica primigenia y originaria, fuente de todo derecho –los vocablos latinos iustitia e ius están emparentados; no confundir ius con lex). No lo que un particular crea, según sus ideas, que son los derechos humanos –para un homofóbico, la libertad sexual no sería un derecho–, sino los instrumentos internacionales en la materia. Por encima de la constitución mexicana están los derechos humanos. Pongamos como ejemplo la moción de ciertos grupos para que el aborto sea penalizado. ¿Es justo o injusto? La respuesta no es lo que quiera usted o lo que quiera yo. La respuesta está en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana ha fallado casos y ha emitido jurisprudencia según la cual no debe criminalizarse a las mujeres que abortan. Si un Estado –de los Estados miembro– implementa leyes para criminalizar el aborto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana estaría por encima de dichas leyes. La justicia no es, pues, cuestión de opinión, como creía Kelsen, sino cuestión técnica y objetiva. Mucho menos es cuestión de gustos ni de cosmovisiones ni de religión. 
 
  1. La Teoría Pura del Derecho de Kelsen tiene una falla fundamental que hace que se caiga completa sobre su propio peso. En el mundo normativo kelseniano no tiene cabida nada que no sea una norma. Como señalé hace unos párrafos, la validez de una norma está fundada en otra que es superior, y esa otra en otra más que es más alta, y así, hasta llegar a la constitución, norma fundante, fuente de validez de todo el sistema. Cuando Kelsen se vio en la necesidad de preguntarse por el fundamento de la constitución, se dio cuenta de que la constitución no podía estar fundada en norma alguna, pues entonces no sería la norma suprema. Se vio obligado a admitir que el fundamento de la constitución no era una norma. Pero como no podía salirse de sus ideas, so pena de que su edificio intelectual se cayera, postuló la existencia de una norma fundante, la Grundenorm. Sin embargo, esta Grundenorm es en sí misma un supuesto, no una norma. Y es un supuesto que no se puede fundamentar, pues entonces tendríamos que irnos a otra fuente de validez, y así hasta el infinito. Así que toda la Teoría Pura del Derecho descansa en un supuesto que no se puede justificar ni explicar, y que en sí mismo no es una norma, aún cuando lo llamemos Grundenorm. Parece entonces que la Teoría Pura del Derecho no es, en el fondo, “pura” en modo alguno.
 
  1. No quiero polemizar sobre lo que dice el presidente. Simplemente sostengo que en el fondo es cierto: la justicia está por encima de la ley. Seguramente el presidente sabe que la justicia puede ideologizarse, politizarse y tergiversarse, y que en su nombre se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ignoro si el presidente sabe que la justicia está orientada por los derechos humanos, de modo que tampoco la justicia es algo que se pueda manejar caprichosamente. También sé que algunos juristas y filósofos tendrán ideas alternativas sobre la justicia. De ahí la importancia del diálogo y la riqueza de los debates.
 
  1. Si hay que elegir entre la justicia y la ley, sin duda hay que elegir a la justicia.
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De ahí que la realidad continúa siendo desgarradora.  Tenemos que reconocer que no basta con la tipificación del delito, pues es imprescindible que las acciones llevadas a cabo por los policías, ministerios públicos e impartidores de justicia sean eficientes y efectivas, lo que exige en primer lugar, una reingeniería al marco jurídico en la materia. En segundo lugar y como lo he repetido en distintos espacios, la Ley es de vital importancia, pero no lo es todo. El problema es estructural y está cruzado por múltiples complicidades que derivan en un delito trasnacional con diversos modos comisivos y cada vez más sofisticados. Los clientes forman parte de nuestra sociedad y determinan la magnitud del ilícito; en otras palabras, la demanda de seres humanos en calidad de mercancía determina la oferta. En este sentido, los consumidores pueden estar en cualquier lugar: en nuestra colonia, trabajo o familia, pueden pasar desapercibidos ocultándose bajo la careta de personas “normales” e incluso su conducta puede ser conocida por sus círculos cercanos, cuyos integrantes, a manera de observadores o cómplices silenciosos por omisión, dejan que sucedan delitos aberrantes haciéndose de la vista gorda. Por eso es que la norma jurídica debe estar concebida desde un nuevo paradigma y, el delito, consignado exclusivamente en el Código Penal Federal para evitar la dispersión normativa y su falta de aplicación, lo que implicaría derogar cualquier disposición contraria para hacer de la norma penal sustantiva un mandato ineludible. Una vez más, insisto en que la trata de personas debe ser elevada a rango constitucional por su magnitud, daño e implicaciones, ya que esta conducta ilícita ha sido reconocida internacionalmente como un tipo de esclavitud moderna. Abordar el tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitiría visibilizar y atender el delito desde todos sus ámbitos y enfrentar la indiferencia hacia sus diferentes tipos, la cual subsiste con igual crueldad que la conducta primigenia.  Pensemos, por ejemplo, en las muchas acciones que se tendrían que instrumentar si la Ley Fundamental ordenara que, al igual que la esclavitud, está prohibida la trata de personas; y que las víctimas gozarán de toda la protección del Estado, garantizándoles acceso rápido a la justicia, una integral reparación de los daños y perjuicios por parte de sus victimarios, asesoría jurídica, atención médica y psicológica gratuita, así como el derecho a permanecer en albergues o refugios temporales hasta que puedan reincorporarse a la sociedad plenamente. Elevar el delito de trata de personas a nivel constitucional, posibilitaría que su mandato se cumpla, que caiga todo el peso de la Ley sobre los tratantes, que se castigue con mayor severidad a los clientes y que se otorgue la debida atención a las víctimas. Pero, sobre todo, permitiría aceptar y enfrentar una realidad concreta, indignante y alarmante, usando toda la fuerza del Estado y de la comunidad internacional, ya que es un delito que se resiente a escala global y que requiere ampliar y fortalecer los mecanismos de cooperación para investigar y sancionar la trata de personas, así como brindar refugio y seguridad a las víctimas en países diferentes de donde se cometió o tuvo su origen el delito, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas y sus familias. La trata de personas constituye un asunto de seguridad nacional, pues no sólo significa un agravio a la dignidad de las personas y a los derechos humanos más elementales, sino que también representa una actividad altamente rentable en la que están involucrados redes delictivas trasnacionales, y que, a su vez, es un delito que se encuentra asociado con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y de migrantes, el lavado de dinero y el narcotráfico. Por otro lado, es menester fortalecer nuestro sistema judicial con el fin de poder enfrentar y frenar la red de complicidades que involucra a funcionarios públicos y policías, lo mismo que contar con procesos más ágiles y eficaces que den como resultado un mayor número de sentencias condenatorias que impongan castigos ejemplares a los tratantes y a la red de personas involucradas. Cuando hablo de complicidades, no puedo dejar de recordar que después de catorce años no ha llegado plenamente la justicia para Lydia Cacho, una víctima más del sistema depredador y cómplice que la torturó y persiguió por haber publicado en 2004 su libro, Los demonios del Edén, donde exhibió una red de pornografía, abuso y explotación infantil en la que estuvieron involucrados diversos funcionarios públicos y empresarios. El pederasta Jean Succar Kuri, “el tío Johnny”, acusado por delitos sexuales en contra de varias niñas, purga una condena de 112 años de prisión. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, “el góber precioso”, quien llevaba dos años prófugo de la justicia debido a una orden de detención emitida por una juez de Quintana Roo, fue detenido hace unos meses por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla; asimismo, otros funcionarios fueron vinculados a proceso penal por su participación en dichos delitos. Sin embargo, no son todos los involucrados en esa red que denunció la periodista; no, desgraciadamente muchos de esos pederastas, tratantes y abusadores siguen libres porque forman parte del poder económico y del rancio régimen político que se resiste a desaparecer. Cómo olvidar la filtración de la llamada telefónica entre el entonces gobernador Marín y Kamel Nacif, publicada por el diario La Jornada: “Qué pasó mi góber precioso, mi héroe chingao / No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la Ley”. La realidad es que, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, los delitos cometidos en contra de Lydia Cacho quedaron impunes, al igual que los perpetrados en contra de las niñas, niños y adolescentes. No es ninguna casualidad que la ruta de la trata de personas tenga en Puebla un lugar preponderante, ni que en diversos municipios de esa entidad y Tlaxcala, los tratantes sean protegidos; tampoco es por azar que Cancún sea uno de los destinos favoritos de los pedófilos. La realidad de la trata de personas en nuestro país es escandalosa, revela la existencia de un “mercado nacional” en donde la oferta y la demanda son a gran escala. Los clientes, quienes hacen del sufrimiento de otro ser humano su entretenimiento, arrebatándole la dignidad, sueños y posibilidades de desarrollo, son parte fundamental y primigenia de la cadena delictiva, y deben ser sancionados de manera mucho más severa, a fin de inhibir la conducta. Estamos ante un crimen que en nuestro país se encuentra ubicado por diversos estudios en el segundo o tercer ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada, constituyendo junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, una triada que amenaza a la sociedad.  Además, el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación junto al fenómeno migratorio coinciden con los riesgos y las vulnerabilidades de la población vulnerable al ser víctimas fáciles para los enganchadores. Sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado diversas acciones en esta materia. En el marco de la violencia contra las mujeres en noviembre de 2020 su titular Santiago Nieto, destacó que el crimen organizado está mutando en México a medida que las bandas que roban petróleo y trafican drogas incursionan en el lucrativo negocio de la tarta. México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, un negocio mundial cuyo valor se estima en 150 mil millones de dólares al año. La UIF ha congelado más de 250 millones de pesos relacionados con la trata de personas y la pornografía infantil, y trabaja con la Policía Cibernética para atender esta última problemática. La cosificación de los seres humanos en nuestro país requiere atención inmediata y un abordaje multifactorial. La trata de personas es un delito aberrante, pero también es un fenómeno social cotidiano, creciente y normalizado. La violencia y la inseguridad tienen causas estructurales que se deben combatir de raíz. No podemos mantenernos al margen de la realidad y dar la espalda a un fenómeno delictivo donde los clientes y los consumidores son los delincuentes principales. No podemos seguir solapando una cultura social donde unos seres humanos usan como objetos sexuales o máquinas de trabajo a otros, asumiendo que existe superioridad de unas personas sobre otras. La crueldad extrema, la deshumanización, la falta de compasión y solidaridad y el placer o indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano, son el contexto psico-emocional en el que se lleva a cabo el delito de trata de personas en sus diferentes tipos penales, lo cual no podemos pasar por alto.  En ese sentido, resulta importante señalar que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye el tipo penal más extendido y grave desde el punto de vista de las consecuencias en la salud, la sexualidad, la psicología, el desarrollo y la vida de las víctimas, lo cual, tenemos que decirlo, se ha abordado desde una perspectiva ciega al género que no atiende la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres.  La invisibilización de sus características específicas en los informes y estudios, así como la desvinculación en el discurso, las leyes y las políticas públicas, son factores que han contribuido al incumplimiento de la obligación del Estado de proteger a las mujeres de manera efectiva, ya que es una forma de violencia de género con un proceso de deshumanización particular.  Para enfatizar lo anterior, basta con observar las estadísticas: la inmensa mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres, lo que da cuenta inequívoca de la “jerarquía sexual”, pues el sujeto activo del delito, esto es, el receptor del lucro generado, ya sea como proxeneta o como dueño del lugar donde la víctima es explotada, y mayoritariamente el cliente, es hombre, como acertadamente lo ha señalado Magaly Thill y Pilar Giménez Armenta. Los especialistas coinciden en que la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es un fenómeno social aislado dentro del “sistema de prostitución”, puesto que es su principal abastecedor de acuerdo con la altísima proporción de víctimas en este mercado ilegal. Las políticas públicas en materia de trata de personas, necesariamente requieren contar con un claro enfoque de género, al igual que los estudios y estadísticas generados por las instituciones y las leyes en la materia. Ahora bien, el aparato legislativo también debe tomar en cuenta la relación víctima-victimario (entendiendo que este último puede ser enganchador, trasladador, vigía, proxeneta, dueño del establecimiento donde tiene lugar la explotación, autoridades involucradas, cliente y testigos silenciosos quienes, en esa red de complicidades, omitieron su deber de auxilio a la mujer en peligro o denunciar ante las autoridades). Asimismo, las políticas públicas de prevención también deben involucrar a los hombres desde edades tempranas para que no siga normalizándose una cultura en la cual ellos pueden obtener placer a cambio de dinero, a sabiendas de que las mujeres no lo desean o sienten indiferencia, asco o temor, colocándolas en una situación de inferioridad y, por lo tanto, de vulnerabilidad extrema.  La trata de personas a manera de esclavitud moderna, se diferencia de la de otrora que, dio paso a varios movimientos abolicionistas en todo el mundo, en que existe un conocimiento pleno y generalizado de que la trata constituye un delito grave, de ahí que se han conformado organizaciones delictivas nacionales e internacionales para su comisión; su tipología más recurrente no son los trabajos forzosos, la servidumbre o la gleba, sino la explotación sexual con un alto componente de discriminación y violencia hacia las niñas y las mujeres; y las causas no son colonizadoras ni se fundamentan en la supremacía de una raza sobre otra. Los avances en materia de derechos humanos y los Instrumentos Internacionales asumidos por la gran mayoría de los países del orbe, también hacen diferencias sustanciales, así como el desarrollo científico y tecnológico, lo cual conlleva un entendimiento mayúsculo sobre las implicaciones de la conducta ilícita. Además, el nivel educativo y el poder adquisitivo de los “clientes” es prácticamente homogéneo en el mundo, y la alta incidencia en algunos países o regiones responde más a la corrupción, incapacidad institucional, inseguridad y altos niveles de violencia social, pobreza y discriminación por razones de género. La más grave consecuencia de la globalización es la desigualdad que divide a los seres humanos en el único valor conocido por la economía: el dinero. En la sociedad y la vida líquida, todo, incluidas las personas, tiene la categoría de objeto de consumo que pierde su valor en el instante mismo después de ser usado para convertirse en desecho, lo que limita su esperanza de vida; ejemplo de ello es la industria del sexo y su proveeduría.  La “cosificación” de las personas al reducirlas a categoría de objetos, niega su naturaleza, condición y dignidad humana, las despoja de sus derechos al despersonificarlas, las coloca en el mercado y las sujeta a los principios de la oferta y la demanda bajo las reglas del capitalismo.  Resulta innegable que el delito de trata de personas, en sus diferentes tipologías, está profundamente asociado a satisfacer un deseo y obtener una ganancia económica -además de a una serie de factores antropológicos, sociales y culturales subyacentes que rodean el abuso y la extrema violencia hacia una persona. Lo que significa que está cimentado en una nueva estructura donde se privilegia la jerarquía de unos seres humanos sobre otros, dando paso a un sistema formal e informal en el que lo más importante es el rendimiento económico que produce la mercancía bajo una valoración estrictamente racional de costo-beneficio, donde la justicia, la moral, la equidad, la igualdad y la humanidad misma no tienen cabida si no es para formar parte de una cadena comercial, ya sea como productor, trasladador, vendedor, comprador o mercancía. El capitalismo moderno y la globalización no pueden mirarse de manera separada a la “sociedad de consumo”, de ahí que Marx dedicara extensos análisis a la mercancía. En nuestros días, ésta debe ser estudiada a partir de sus nuevos componentes, valores, asignaciones, símbolos, asociaciones y significados, separándola del proceso de producción para colocarla no como problema central de la economía, sino de la sociedad capitalista moderna en sus diferentes manifestaciones, incluidas las relaciones sociales, socio-comerciales, socio-culturales y sus nuevas interrelaciones con el tiempo (inmediatez), a efecto de tomar conciencia del fenómeno de la cosificación y la ideología que de él se ha derivado, la cual determina las relaciones de poder económico, político y social sobre las que se construye tanto la sociedad capitalista y el mundo globalizado como el Estado mismo y sus estructuras jurídicas e institucionales. La víctima, al haber sido cosificada, queda sujeta a la suerte que la sociedad del consumo le imponga, y, en el mejor de los casos, es rescatada por un sistema de justicia que le asigna un número de expediente para hacerla parte de un procedimiento de sistematización racional al que pertenecen las regulaciones jurídicas con sus vicios, lagunas e inconsistencias, donde, aunque el sistema y su proceso fuera perfecto, su realidad se ajusta a la generalidad de la norma jurídica y a una serie de tipos penales para encuadrar la conducta ilícita cometida en su contra y poder ser receptora del sistema de justicia y sus elementos resarcitorios, compensatorios, reivindicatorios e incluso sancionadores para sus victimarios. Lo anterior, de ninguna manera significa que estoy en contra de las leyes o de los sistemas de justicia, pues es innegable su contribución al mantenimiento del orden social, o bien, a que el delito trate de evitarse mediante políticas preventivas (autodefensivas o dictadas por el Estado) para impedir que las personas sean parte de la estadística de víctimas, lo que se pretende subrayar es que la prevención, legislación, sanción y reparación del daño, por más integrales que sean, no lo son todo, puesto que estas acciones quedan circunscritas a un sistema racional donde las personas en calidad de víctimas o delincuentes quedan sujetas a un tratamiento burocrático formal. La conducta del ser humano no se puede “agotar” en el cálculo previsto en las leyes y políticas públicas, ajustándose conforme surgen nuevos fenómenos delictivos, sino que es necesario trabajar en la reconstrucción del tejido social desde el Estado y la sociedad, porque el trabajo no sólo debe direccionarse hacia las masas, sino a la persona, lo que conlleva un primer esfuerzo de cada uno de nosotros para poderlo proyectar a nuestro entorno más próximo y de ahí a la colectividad, a fin de que pueda ser realmente trascendental.  La concientización sobre lo que significa la persona humana no puede ser una tarea exclusiva del Estado, ya que comienza en el individuo, abriendo el camino a auténticas posibilidades para su evolución y no para su destrucción. Así, reconstruir el tejido social es plantear un nuevo modelo de sociedad que genere otros modelos económicos, jurídicos, políticos y culturales a partir de valores diferentes en los que el ser humano no tenga precio.  " ["post_title"]=> string(47) "LA EXTREMA VIOLENCIA DE LA SOCIEDAD DEL CONSUMO" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(47) "la-extrema-violencia-de-la-sociedad-del-consumo" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-07-14 08:28:44" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-07-14 13:28:44" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=68013" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(2) ["current_post"]=> int(-1) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#17842 (24) { ["ID"]=> int(67972) ["post_author"]=> string(2) "59" ["post_date"]=> string(19) "2021-07-12 14:16:05" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-07-12 19:16:05" ["post_content"]=> string(14835) "Mi artículo de hoy, a propósito del Día del Abogado:
  1. A partir de que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la justicia está por encima de la ley, la relación entre la ley y la justicia, cuestión filosófica y densa, se convirtió en un tema sobre el cual todo mundo tenía algo qué decir. 
 
  1. El presidente dice siempre que si hay que escoger entre la ley y la justicia, desde luego hay que optar por la justicia. Los opositores de inmediato protestan. Muchos de esos opositores son importantes abogados que estudiaron en algunas de las escuelas y facultades más importantes del país, de modo que tendrían que saber que el presidente estaba en lo cierto: si hay contradicción entre la ley y la justicia, hay que decantarse por la justicia.
 
  1. Casi todos los que estudiaron y hoy en día estudian Derecho en México, han recibido y reciben una formación basada en el pensamiento del jurista austríaco Hans Kelsen, autor de la muy célebre Teoría Pura del Derecho. Esta doctrina postula que el jurista debe desprenderse de toda consideración ajena al derecho positivo, es decir, el ordenamiento normativo vigente en un determinado Estado. Un jurista debe analizar exclusivamente si se actualizó o no el supuesto de la norma, y en tal virtud, si se generan o no consecuencias jurídicas. Si se desvía la atención haciendo consideraciones morales, filosóficas, axiológicas, políticas, religiosas, sociológicas, etcétera, el jurista entrará al terreno de la especulación. Kelsen observa que la justicia es subjetiva, es decir, depende de la opinión y del parecer de las personas, lo mismo que la moral y los valores (axiología); y ni hablar de política y religión. Por lo tanto no hay que considerar si una norma jurídica es justa o no, pues eso es especulativo, sino si es válida o no conforme al sistema. La “justicia” de las normas no importa. Lo que es fundamental es su “validez”. La norma puede gustar o no (el agrado es cuestión totalmente subjetiva), puede compaginar o no con una cosmovisión personal (por demás también subjetiva), puede apegarse o ir a contrapelo de una cierta noción de justicia o de una doctrina política o religión. Nada importa. Lo único que interesa es que sea válida, es decir, que esté fundada y sostenida en una norma superior, y ésta en otra todavía más alta, hasta llegar a la constitución, fuente de validez de todo el sistema normativo. Las normas que no pueden sustentarse o justificarse así, son eliminadas por el propio sistema.
 
  1. El positivismo como doctrina filosófica se abrió paso durante la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en Francia y en Alemania. El positivismo jurídico fue durante la primera mitad del siglo XX la corriente imperante en prácticamente todas las instituciones en donde se enseñaba Derecho, tanto en Europa como en América, si bien en el ámbito anglo-sajón existieron también doctrinas alternativas. Kelsen fue por mucho el jurista más influyente en la primera mitad del siglo XX. La idea de un derecho natural (iusnaturalismo) –doctrina emparentada con la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento católico fue ridiculizada y despreciada por el pensamiento científico. Pero de repente todo cambió.
 
  1. Me parece que el problema de la relación entre la justicia y el derecho positivo (que no sólo la ley, que es sólo una de las varias fuentes del derecho) fue resuelto en definitiva tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces quedó claro –como habían postulado muchos filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles), juristas y pensadores romanos (Cicerón, Séneca) e intelectuales cristianos (San Agustín, Santo Tomás de Aquino)– que la justicia está por encima de la ley. Es más, la justicia de la norma jurídica es uno de sus elementos esenciales, de tal suerte que la ley injusta no es ley, sino violencia institucionalizada, como se verá a continuación.
 
  1. La prueba de que la justicia no es la ley y de que está por encima de la ley, son las leyes “injustas”, que, como acabo de sugerir, no son propiamente leyes, sino instrumentos para institucionalizar la violencia. En efecto, si tomamos en consideración las leyes que permitieron la esclavitud en los Estados Unidos, normas que incluso estaban en la Constitución de aquel país, nos damos cuenta de que a pesar del contexto histórico, la esfera jurídica primordial y primigenia de las personas afro-descendientes era violentada por el Estado, por mucho que la ley positiva lo permitiera. Alguien dirá que entonces esa era la forma de pensar y que en todo caso los esclavistas y dueños de esclavos no tenían otra alternativa de pensamiento, y que en tal virtud la violación de derechos humanos que de facto hubieren realizado, no era culpable, pues era producto de una ignorancia insuperable, dado el contexto histórico. Algunos dirán que Aristóteles mismo, a pesar de hablar del derecho natural, justificaba la esclavitud como una institución económica. Y puede ser que quienes así piensen tengan algo de razón. 
 
  1. Sin embargo, algunas de las nuevas y más importantes corrientes de pensamiento jurídico-filosófico sostienen que la esfera jurídica primigenia, originaria y primordial de las personas ha existido siempre, desde que el ser humano es ser humano, aunque las personas no lo sepan. Y no podría ser de otra manera si sostenemos, con el jurista español Javier Hervada, que el ser humano se auto-pertenece, es decir, es dueño de sí mismo, de su ser, de sus facultades y de sus operaciones, y por lo menos eso –su ser, sus facultades, sus operaciones– le pertenecen frente a los demás, son suyas. Esa es la esfera jurídica primigenia de la cual surgen todos los derechos, desde algunos tan básicos y fundamentales como la vida, la integridad física o la libertad, hasta otros más complejos como la preferencia sexual, el derecho a la información o los derechos culturales. 
 
  1. Si en algunas épocas históricas esta esfera jurídica primigenia no ha sido protegida por el derecho positivo (las leyes), sino, por el contrario, ha sido violentada por el poder político y el ordenamiento legal, en ningún momento dicha esfera ha desaparecido o dejado de existir. Así, pues, no podemos hablar de que en un momento histórico las personas no hayan sido titulares del derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad de expresión; siempre han sido titulares, lo que sucede es que en algunas épocas los derechos de las personas fueron sistemáticamente violentados por leyes injustas. Si decimos que antes los afro-descendientes no tenían ciertos derechos, como la libertad, y ahora sí, habría que sostener un cambio en la sustancia del ser de las personas negras, lo cual sería filosóficamente un disparate: tanto como decir –como de hecho lo asentó la constitución de los Estados Unidos, avalada por la Suprema Corte de Justicia (Dred Scott vs Sandford), hasta antes de las enmiendas XIII y XIV– que los afro-americanos no eran personas, pero ahora, por gracia del Estado, sí lo son. La verdad incuestionable es que siempre han sido personas, aunque el sistema legal de los Estados Unidos los degradara a objetos. Mucho más coherente y lógico explicar que los negros han sido personas en todo momento, que han sido titulares de esa esfera jurídica primigenia y originaria, como cualquier otro ser humano en cualquier otra época, sólo que las leyes de Estados Unidos no los consideraban así y, lejos de ser un instrumento para el perfeccionamiento y bienestar de las personas, las leyes en los Estados Unidos fueron un instrumento de sometimiento y de violencia. Si nosotros negamos esto, jamás podríamos decir que la esclavitud fue y es injusta y tendríamos que concluir que Lincoln no fue el más grande estadista que han visto las tierras estadounidenses, sino un vulgar quebrantador de la ley.
 
  1. Desde el momento en que podemos calificar de injusta una ley, desde ese momento estamos afirmando la preeminencia de la justicia sobre la ley. Si lo que escribí en el párrafo anterior no fuera cierto, no podríamos decir que las Leyes de Nuremberg de 1933 (las tristemente célebres leyes racistas de los nazis que degradaban a los judíos e incluso prohibían a los “alemanes puros” sostener coito con judíos), además de abiertamente injustas, eran una aberración. Al final de la guerra, los criminales nazis intentaron justificar sus fechorías amparándose en dos cuestiones: a) que obedecían órdenes superiores, y b) que el ordenamiento legal los obligaba. Por fortuna los juristas que participaron en los Juicios de Nuremberg no siguieron la doctrina de Kelsen, según la cual todo habría sido legal. Por el contrario, los Juicios de Nuremberg establecieron de una vez por todas la posibilidad de leyes injustas y de regímenes injustos. Los principales jerarcas nazis fueron condenados a muerte.
 
  1. Así que si alguien sostiene –incluido el presidente mexicano– que primero está la justicia, tiene fundamentalmente razón. No pecaremos de inocentes como para no darnos cuenta de que la justicia como ideología –es decir, la justicia tergiversada– ha sido fuente de grandes crímenes. Por eso hay que tener extremo cuidado con el tema de la justicia. Sin entrar en detalles y explicaciones extensas –lo haré en otro momento–, por fortuna tenemos un parámetro objetivo, inobjetable, incuestionable, claro y preciso para delimitar la justicia: los derechos humanos (el ius, diría el neorrealismo jurídico: esfera jurídica primigenia y originaria, fuente de todo derecho –los vocablos latinos iustitia e ius están emparentados; no confundir ius con lex). No lo que un particular crea, según sus ideas, que son los derechos humanos –para un homofóbico, la libertad sexual no sería un derecho–, sino los instrumentos internacionales en la materia. Por encima de la constitución mexicana están los derechos humanos. Pongamos como ejemplo la moción de ciertos grupos para que el aborto sea penalizado. ¿Es justo o injusto? La respuesta no es lo que quiera usted o lo que quiera yo. La respuesta está en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana ha fallado casos y ha emitido jurisprudencia según la cual no debe criminalizarse a las mujeres que abortan. Si un Estado –de los Estados miembro– implementa leyes para criminalizar el aborto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana estaría por encima de dichas leyes. La justicia no es, pues, cuestión de opinión, como creía Kelsen, sino cuestión técnica y objetiva. Mucho menos es cuestión de gustos ni de cosmovisiones ni de religión. 
 
  1. La Teoría Pura del Derecho de Kelsen tiene una falla fundamental que hace que se caiga completa sobre su propio peso. En el mundo normativo kelseniano no tiene cabida nada que no sea una norma. Como señalé hace unos párrafos, la validez de una norma está fundada en otra que es superior, y esa otra en otra más que es más alta, y así, hasta llegar a la constitución, norma fundante, fuente de validez de todo el sistema. Cuando Kelsen se vio en la necesidad de preguntarse por el fundamento de la constitución, se dio cuenta de que la constitución no podía estar fundada en norma alguna, pues entonces no sería la norma suprema. Se vio obligado a admitir que el fundamento de la constitución no era una norma. Pero como no podía salirse de sus ideas, so pena de que su edificio intelectual se cayera, postuló la existencia de una norma fundante, la Grundenorm. Sin embargo, esta Grundenorm es en sí misma un supuesto, no una norma. Y es un supuesto que no se puede fundamentar, pues entonces tendríamos que irnos a otra fuente de validez, y así hasta el infinito. Así que toda la Teoría Pura del Derecho descansa en un supuesto que no se puede justificar ni explicar, y que en sí mismo no es una norma, aún cuando lo llamemos Grundenorm. Parece entonces que la Teoría Pura del Derecho no es, en el fondo, “pura” en modo alguno.
 
  1. No quiero polemizar sobre lo que dice el presidente. Simplemente sostengo que en el fondo es cierto: la justicia está por encima de la ley. Seguramente el presidente sabe que la justicia puede ideologizarse, politizarse y tergiversarse, y que en su nombre se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ignoro si el presidente sabe que la justicia está orientada por los derechos humanos, de modo que tampoco la justicia es algo que se pueda manejar caprichosamente. También sé que algunos juristas y filósofos tendrán ideas alternativas sobre la justicia. De ahí la importancia del diálogo y la riqueza de los debates.
 
  1. Si hay que elegir entre la justicia y la ley, sin duda hay que elegir a la justicia.
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¿Está la justicia por encima de la ley?

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