NI MUJER NI HOMBRE, SOLO GÉNERO “X”

El autor señala las consecuencias de las ideologías de género en la política,  el lenguaje y el deporte.

27 de septiembre, 2021

Está sucediendo una lucha de índole mundial en la que minorías pretenden modificar no solo el lenguaje, sino al propio ser humano tal como ha sido conceptualizado desde su origen mismo: o eres hombre o eres mujer. ¿De qué hablo? De la corriente mundial en la que se pretende que la concepción del ente humano ya no sea “binario”, esto es, hombre-mujer, para convertirse en “no Binario”, y que cada quien pueda auto-determinarse ya no solo en un “él” o un “ella”, sino ahora en un “elle”, esto es ni hombre ni mujer.

La corriente, que tiene mucha fuerza en España, en Holanda, en Alemania e Inglaterra, intenta que las legislaciones establezcan que ya no debe usarse, en ningún documento, la identificación de “sexo”, tal como hombre o mujer.

Pero el tema no queda ahí. Estos movimientos han llevado a determinar que no deben utilizarse términos que puedan diferenciar a una mujer biológica, anatómica y genéticamente así determinada, con quienes, identificados bajo los mismos parámetros como hombres, se han autodeterminado como mujeres, esto es las llamadas mujeres trans, quienes ya no requieren siquiera realizarse cirugías absolutas que eliminen su factor anatómico masculino, ya que sólo se requiere que estén en proceso del cambio, y que así se autodesignen.

Esta situación ya ha tenido consecuencias tanto en el deporte como en la política e incluso en los diferentes tipos de mediciones y estadísticas en todos los ámbitos, que, tradicionalmente, desde que el mundo ha sido descrito y escrito, se referían a hombres y mujeres.

Así es, se ha tomado la decisión de que en algunas competencias deportivas se inscriban mujeres trans que muscularmente llevan una superioridad sobre las mujeres que biológicamente así nacieron, por lo que existen competencias en que son ganadas, si no es que arrasadas, por quienes antes fueron hombres y que, ahora, son mujeres por así autodeterminarse ideológicamente, y quienes ni siquiera han realizado o concluido con un cambio corporal (quirúrgico), de tal forma en que por su parte genital ya no se les identifique visualmente como hombres.

La situación ha llegado a tal punto que existen países en Europa, como Inglaterra, en donde con el fin de evitar discriminación no se permite referirse a la mujer como tal, en relación a sus manifestaciones, y ahora se les designa solo como personas “menstruantes, lactantes o gestantes”, evitando anteponer su identidad sexual (mujer), bajo el argumento de que así no se excluyen a las mujeres trans, que no tienen esas posibilidades biológicas, y por ello debe evitarse que esos términos y otros similares les excluya como tales, por lo que  aquellos que identifican a la mujer, en términos tradicionales, deben ser eliminados. Estas posturas extremas han generado el surgimiento de grupos de reacción que luchan para que no se borre la identidad de la mujer “natural” o cómo decirlo.

Hay grupos que se defienden contra lo que llaman “borrado de las mujeres”, y que exponen que ya en el deporte las mujeres (anatómicamente hablando) están siendo vencidas por hombres que se autoidentifican como mujeres y que por solo ese hecho ya pueden competir en la categoría (femenina), pues alegan que ya no existe una identidad sexual como tal.

También en lo político está sucediendo que, dentro de la lucha de igualdad entre el hombre y la mujer para que haya una paridad tanto en el número de los escaños legislativos como en los cargos políticos, resulta que actualmente por esa igualdad deberían estar ocupadas por mujeres sexualmente hablando y, ahora, están ocupados por mujeres bajo el aspecto del género, esto es, fuera de la identidad sexual y solo bajo el deseo personal de considerarse mujer por aquellos conocidos, todavía, como mujeres trans, lo que para algunos esto implica que las plazas que debían ser ocupadas por mujeres, tradicionalmente hablando, ahora se estén ocupando por hombres que se consideran mujeres y que así se identifican.

Por ello, hay quienes consideran que esto es la extinción de la “mujer genética” o el borrado de ellas y de su propia identidad biológica y anatómica, funcionalmente hablando y que inclusive ya sería un feminicidio total, absoluto, al destruirles esa identidad propia.

Pero esto no concluye aquí, también estamos viviendo otro intento de modificar la vinculación genética, para introducir una realidad subjetiva, con un claro rompimiento social, al grado tal que cualquiera puede sentirse hombre, mujer, quimera u otro ente, con identidad “x”, siendo un claro ejemplo la intención de que se introduzca un nuevo pronombre: “elle”.

En octubre de 2020, el Observatorio de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) introdujo este pronombre exponiendo que:

“El pronombre “elle” es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni aceptado”.

Posteriormente la RAE lo eliminó de sus definiciones, explicando que su retiro tenía la intención de evitar confusiones.

Sin embargo, hemos visto últimamente que hay múltiples organizaciones e instituciones que están analizando este denominado “lenguaje inclusivo” que,  por cierto y para los efectos, podrían llamarle “lenguaje inclusive”, que tiene como objeto eliminar cualquier vocablo que pueda identificarse con el sexo femenino o masculino, y entonces tendríamos palabras tales como “niñe”, “persone”, “amigue”, “hermane” y las que se les ocurran. A partir de esto habría que considerar que la lengua española, que asigna géneros tanto a los adjetivos como a los sustantivos, debería eliminarlos, bajo el análisis de cuál sería el privilegio o causa que determinara que el lápiz es “el” y la pluma es “la” o el limón es “el” y la lima es “la”. Absurdo. 

Algunos antropólogos y sociólogos que advierten que estos cambios que se están viviendo y que se están forzando no son cambios evolutivos, ya que no se están generando paulatinamente, ni armónicamente, sino que al parecer son modificaciones impuestas bajo intenciones de índole económico o capitalista, que están analizando nuevos cotos de revolución comercial utilizando la flexibilidad o amplitud del pensamiento humano, esto es, el control de la realidad bajo imposiciones de conceptos que se introducen en forma controlada.

Al final, esto llevará a un rompimiento generacional que puede traer graves consecuencias a la humanidad, al llegarse a un punto en que no exista identidad de los seres racionales que pueda ser medible o manejable, extinguiendo los sexos masculino y femenino que están definidos por genes y funciones anatómicas y biológicas, para convertirnos en aquello que se nos ocurra ser.

En nuestro país existen 14 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, que permiten que las personas puedan modificar su acta de nacimiento cambiando su nombre e incluso su género de acuerdo a la vivencia interna e individual de cómo cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia del cuerpo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Actualmente estamos observando que ya hay una irrupción en el ámbito de aquellas personas que por naturaleza estaban identificadas como mujeres, y que podría dar lugar a una nueva especie de feminicidio, extinción o borrado de mujeres, lo cual culminará forzosamente en la extinción misma del ente “humane”, con lo que no habrá forma de identificarnos los unos a los otros, pues todos seremos lo que subjetivamente se nos ocurra ser, incluso gatos o perros. En los documentos oficiales solo se marcará que pertenecemos al género o a la especie “x”. Equis, tal como cero.

*Las opiniones expresadas en los artículos de esta página son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan la postura editorial de este portal.

 

Comentarios


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sufrió un ataque de ácido que le desfiguró gran parte de la cara y cuerpo el pasado 11 de septiembre de 2019. Su caso sigue en la palestra nacional al mantener el estigma de la impunidad hacia el autor intelectual, el priista Juan Vera Carrizal, también expareja de la víctima y quien presuntamente habría contratado a dos personas para atacar a la mujer con el líquido corrosivo en su pequeña agencia de viajes. El exlegislador oaxaqueño es un prominente empresario gasolinero de la entidad con importantes contactos políticos y económicos que le ayudaron a evadirse de la justicia hasta su captura en abril de 2020. El PRI le hizo un tragicómico procedimiento para expulsarlo de sus filas partidistas, cuando el escándalo subió de tono y se volvió políticamente incorrecto para la alicaída institución política. Los abogados de Vera Carrizal han realizado toda clase de triquiñuelas legales para alargar el inicio del juicio, además de aprovechar la pandemia por Covid-19 para evitar que el proceso legal avance de forma natural. Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida. En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco. Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le  permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.  El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.  El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.  Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.  Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.  El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022. En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.  El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social." 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Más importante aún, ¿qué fue de las premisas más populares planteadas durante la larga campaña morenista, la campaña de la “esperanza”?  Veamos.  ¿Se sentirán satisfechos quienes votaron pensando en “primero los pobres”? Acorde con el Centro de Investigación de Política Pública, la cual define pobreza multidimensional como aquella donde el individuo posee al menos una carencia social y los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, muestra que el porcentaje de connacionales en dicha condición ha aumentado de forma sostenida durante este sexenio, en casi 4 millones de mexicanos del 2018 al 2021. El incremento en carencia de acceso a la salud pasó del 16% en 2018 a más del 30% en 2021. Asimismo, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 43.9%, la pobreza moderada del 34.9 al 35.4% y la pobreza extrema del 7 al 8.5% en el mismo período acorde con la información del CONEVAL. Aunque claro, más mexicanos en situación de pobreza significa más dádivas y apoyos gubernamentales y, por ende, más votos en la próxima elección.  ¿Para acabar con el “chayote” de reporteros, comunicadores y medios? Si fue así nada de eso se ha cumplido, salvo cambiar de unos propagandistas a otros, comenzando por los “reporteros” que acuden a cubrir las conferencias mañaneras. Durante la primera mitad de este sexenio Televisa (si, Televisa, ese supuesto enemigo en la mente del presidente y sus seguidores) ha recibido cerca de 1000 millones de pesos en materia de contratos publicitarios por parte del gobierno federal, seguido de TV Azteca con 900 millones y La Jornada, con un monto cercano a los 800 millones; otros 778 medios recibieron publicidad oficial del 2019 al 2021, 10 de ellos concentran el 50% ($4,325 millones) de los recursos presupuestados, incluida la Organización Editorial Acuario, editora del diario Tabasco Hoy, de donde es originario el ejecutivo. El mismo Epigmenio Ibarra reconoció que su empresa Argos Comunicación, recibió en 2019 un “préstamo” por parte del gobierno federal a través de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) por un monto superior a los 150 millones de pesos.  ¿Lo hicieron para acabar con la corrupción en el país? Dejando de lado los múltiples escándalos que rodean al círculo presidencial (entre ellos los hermanos e hijos del titular del ejecutivo, así como sus colaboradores y contratistas) y aunque el presidente agite en sus manos un pañuelo blanco un día sí y otro también, México cayó de posición en al índice que mide la capacidad de combatir la corrupción (CCC) en los últimos años, siguiendo su trayectoria descendente desde el 2018 para situarse en el sitio 12 (de 15 países medidos en Latinoamérica) sólo por delante de Bolivia, Venezuela y Guatemala. Por otra parte, el análisis realizado por Transparencia Internacional en 2022 arrojó que el 65% de los establecimientos se vieron orillados a participar en actos de corrupción para realizar algún trámite, contrario al 34% de administraciones anteriores. Aún peor, el 80.6% de los contratos del gobierno federal han sido entregados no por licitaciones abiertas, sino por adjudicación directa (cifra que ya supera la de toda la administración anterior); el 91.5% de aquellos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos (que no hay) han sido entregados por esta vía, lo mismo que el 95% de publicidad gubernamental y el 96% de los contratos relacionados con la COVID-19. En un día promedio se entregan 308 contratos por adjudicación y 45 por licitación.  ¿Para dejar de mantener a los expresidentes y “castigar” su actuación en el pasado? Peor aún. Mientras que los expresidentes más recientes, desde Enrique Peña Nieto hasta Ernesto Zedillo pasando por Calderón y Fox, viven todos con absoluta tranquilidad (uno en España, otro laborando como dirigente de la FIA, otro en su rancho en Guanajuato, otro más es director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale) sin ningún proceso abierto en su contra, poco ha aportado la medida; si bien es cierto que el país ha dejado de cargar al erario los más de $200 mil pesos que correspondían a su pensión y protección, ahora éstos y muchos más se utilizan para acoger a dictadorzuelos extranjeros y sus familias, como es el caso de Evo Morales y Pedro Castillo, los más recientes, además de operadores políticos también extranjeros como el español Abraham Mendieta,  quien ingresó al país en calidad de turista y se quedó a laborar para Morena.  ¿Eliminar la opulencia o el exceso con que vivía la clase política en el pasado? Bueno, en dicho caso el ejecutivo actual pasó de vivir en la Residencia Oficial de los Pinos (creada expresamente para ello) para asentarse en Palacio Nacional, construido en 1522, lo cual representa una erogación mensual de $6 millones de pesos; si revisamos la información presupuestal en este rubro los mexicanos pagaremos, de nuestros impuestos, por la estadía de 5 años y 10 meses del presidente en dicho inmueble cerca de $500 millones de pesos. El Palacio posee 40,000 metros cuadrados, su valor catastral es de $1,400 millones y ahí laboran 147 personas diariamente. Lo anterior sin hacer recuento de los viajes y propiedades de los funcionarios gubernamentales de alto nivel, como los 23 inmuebles de Manuel Bartlett, las de Mario Delgado, Américo Villareal y muchos otros.  ¿Para mejorar las condiciones de seguridad en el país? Uno de los peores rubros de este gobierno tras la política de abandono de la seguridad pública y los “abrazos, no balazos”. Los datos del INEGI muestran el claro deterioro: en 2021, se cometieron 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, mientras que en 2020 fueron 27.5 y 21.2 respectivamente, esto es un incremento de medio millón de delitos y casi un millón de víctimas. En el tercer trimestre del 2022, más del 64% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su ciudad. Peor aún, en el último trimestre del año anterior, el gobierno actual contabilizaba ya más de 168 mil homicidios totales, superando los del sexenio completo de Felipe Calderón Hinojosa y su lucha contra el narco, que contabilizó 120, 463 muertes. Lo anterior, considerando que aún restan por agregar los de los meses restantes de la presente administración.  ¿Un sistema de salud como Dinamarca? A pesar de que el presidente promete, año con año, que ahora sí el próximo habrá uno como el del país nórdico, los datos muestran una cruda realidad: el sistema de salud actual no cuenta, siquiera, con un cuadro básico de vacunación como en administraciones anteriores, uno de los mejores a nivel mundial y el mejor a nivel Latinoamérica, haciendo que vuelvan a surgir padecimientos que habían sido erradicados; adicionalmente, el presupuesto del sector ha ido disminuyendo conforme avanza el sexenio. En 2019, 5 millones de recetas no pudieron abastecerse en territorio nacional, en el 2020 fueron 15 millones 857 mil, para 2021 la cifra aumentó a 22 millones 62 mil. ¿Los que mayor escasez han reportado?: Cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas y VIH.  Todo ello sin hablar del sistema de educación pública, la edificación de proyectos obsoletos y con costos altísimos, de la búsqueda por debilitar las instituciones, del incremento en el déficit público, la injerencia del ejecutivo en otros órdenes de gobierno y muchos otros aspectos lamentables y nocivos de la administración actual. Lo anterior resulta no sólo una cruel ironía sino una trágica para el presente del país y más aún, para su futuro. Habrá quien se diga sorprendido por el derrotero de la actual gestión, hay quienes lo previmos desde hace varios años y hay otros, muchos más, que, sin importar los datos y hechos expuestos preferirán seguir creyendo que el país “va mejorando”.  En un entorno que privilegie, como debería resultar normal, la productividad, los objetivos, metas, capacidad, el talento y el esfuerzo, todos aquellos que ahora ocupan los puestos de poder no tendrían cabida alguna: las Sheinbaum, los Fernández Noroña, los López Obrador, los Bartlett, las Clemente, los Salgado Macedonio y un larguísimo etcétera. Individuos cuyas capacidades y forma de actuar no les permitirían sobresalir en ámbito productivo alguno. Pero la política existe como medio y herramienta y el discurso demagógico vende y se compra bien. Hoy por hoy, reyezuelos palurdos ungidos por el voto popular “masivo”, sin nada que ofrecer más que un frases huecas y promesas vacías pero atractivas, dirigen el rumbo del país hacia una debacle, tal y como lo muestran los datos.  A Winston Churchill, el primer ministro británico, se le atribuye la frase: “La principal diferencia entre humanos y animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el integrante más estúpido de la manada”. Irónico. Y México es prueba irrefutable de que esta máxima continúa vigente tras un largo, largo sexenio que de a poco comienza a llegar a su fin, con más tragedias, muertos, pobreza  y corrupción que ninguno en décadas recientes.  *Datos obtenidos de las encuestas realizadas por el INEGI, CONEVAL, Transparencia Internacional durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, El Centro de Investigación de Política Pública, así como de la SHCP durante el mismo período. 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Su caso sigue en la palestra nacional al mantener el estigma de la impunidad hacia el autor intelectual, el priista Juan Vera Carrizal, también expareja de la víctima y quien presuntamente habría contratado a dos personas para atacar a la mujer con el líquido corrosivo en su pequeña agencia de viajes. El exlegislador oaxaqueño es un prominente empresario gasolinero de la entidad con importantes contactos políticos y económicos que le ayudaron a evadirse de la justicia hasta su captura en abril de 2020. El PRI le hizo un tragicómico procedimiento para expulsarlo de sus filas partidistas, cuando el escándalo subió de tono y se volvió políticamente incorrecto para la alicaída institución política. Los abogados de Vera Carrizal han realizado toda clase de triquiñuelas legales para alargar el inicio del juicio, además de aprovechar la pandemia por Covid-19 para evitar que el proceso legal avance de forma natural. Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida. En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco. Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le  permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.  El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.  El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.  Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.  Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.  El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022. En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.  El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social." 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