Es curioso cómo, en pleno siglo XXI, el mundo aspira a ser más civilizado. Esta romántica idea de que el progreso científico se traduce en un progreso social no es más que una añoranza de cuento de hadas. Basta ver los recientes ataques de Israel a la Franja de Gaza. Desde la escalada del conflicto en octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo una campaña militar que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha dejado más de 60,000 muertos hasta la fecha –la gran mayoría civiles, incluyendo miles de niños y mujeres–. Situación que se ha incrementado con el reciente ataque esta semana que ha causado más de 400 muertos y alrededor de 600 heridos, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.
En el panorama nacional sigue siendo paradigmático el hallazgo de las fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, donde se deja de manifiesto el «reclutamiento y exterminio» vinculado al crimen organizado. Este caso es solo una pieza más en el rompecabezas de una crisis que ha –hasta el 8 de agosto de 2024– el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un total de 111,010 personas desaparecidas. Muchas de estas desapariciones ocurren en un contexto de colusión entre el Estado y grupos criminales, quienes operan con una impunidad alarmante. En tales casos se evidencia la gran vulnerabilidad de muchos sectores poblaciones, así como la indiferencia y/o incapacidad del Estado para prevenir o investigar estos delitos. Esto último se corrobora con el caso de esta semana de los jóvenes asesinados de Tlaxcala, donde las autoridades estatales se han lavado las manos afirmando «que eran ladrones» y su asesinta no es más que «un ajuste de cuentas». Hay que tener en mente que, en México, los homicidios son la primera causa de muerte para los jóvenes. Tan sólo en los primeros seis meses de 2024, más de 10,000 mexicanos entre 15 y 44 años fueron asesinados.
¿Cómo podríamos darle algún sentido a tanta muerte y violencia? Hay un concepto interesante, desarrollado por el filósofo camerunés, Achile Mbembe que es «necropolítica». El cual, no es otra cosa sino entender cómo los poderes soberanos —ya sean Estados, instituciones o incluso grupos no estatales— ejercen su autoridad para decidir quién vive y quién muere en contextos de violencia, opresión y desigualdad. Mbembe lo define de manera contundente: «La necropolítica es el uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras deben morir». Su propósito: consolidar su poder y popularidad al rechazar a sectores poblacionales identificados como «enemigos». En este sentido, también se trata de la gestión estatal que expone a ciertas poblaciones a condiciones de vida tan precarias que la muerte se vuelva inevitable; en otras palabras, crear «mundos de muerte» donde la supervivencia es un lujo. En Gaza, esto se ve en el bloqueo y la destrucción de infraestructura; en México, en la impunidad que permite las desapariciones y masacres.
Pensar en la necropolítica nos obliga a replantearnos preguntas esenciales como ¿quién tiene el derecho a vivir plenamente? o ¿tienen que existir condiciones marginalizadas de mayor vulnerabilidad? La necropolítica no es un accidente, sino una estrategia deliberada que opera tras los discursos hegemónicos de quienes ostentan el poder.
Tenemos que visibilizar estas dinámicas para desafiarlas. Desde la solidaridad internacional hasta las exigencias de justicia, debemos rechazar la idea de que algunas vidas son desechables o incómodas para el poder. Al final, una de las principales justificaciones de tener un gobierno es la defensa y protección de todos sus ciudadanos. Si ni llega a cumplir eso, ¿qué clase de validación tienen los gobiernos?
X: @FranzvonSparr
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