Desde hace muchos años, en nuestro extraño país plagado de impunidad y corrupción, han existido algunas iniciativas para regular e incentivar la Industria del Juego con Apuesta —es decir los Casinos— en las cuales hemos participado. Las que conozco se han iniciado en la H. Cámara de los Diputados.
En el lejano 1995, participamos en el “Foro Nacional de Consulta sobre la Operación de Casinos” organizado por la legislatura en turno, y los interesados fuimos convocados a participar en un Foro en el bello puerto de Huatulco. Eran tiempos del presidente Ernesto Zedillo y Emilio Chuayfett, el secretario de Gobernación.
Así pues, como representantes de la “Asociación Nacional de Propietarios y Criadores de Caballos de Carrera, A.C., presentamos una ponencia, que se puede leer en la siguiente liga: “Las Carreras de Caballos En México. Experiencias y Realidades”, la cual, Alma Itzel debiera leer porque todavía aplica.
De todas las deliberaciones, propuestas y conclusiones del foro no hubo frutos. La Industria del Juego siguió siendo regulada por la “reina de la discrecionalidad”; la Ley de 1947 que todavía nos rige.
En el sexenio de Vicente Fox, su secretario de Gobernación, Santiago Creel emitió un Reglamento —pues la Ley no tenía reglas— lo cual aprovechó para otorgar permisos para casas de juego, aunque en su primer artículo de la Ley dice textual:
ARTICULO 1o.- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas.
ARTICULO 2o.- Solo podrán permitirse:
I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes;
II.- Los sorteos.
Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley.
Con el mentado reglamento se dio cabida para que el artículo 1 de la Ley quedara sin efecto y así, Santiago Creel impulsó el establecimiento de auténticos casinos, por encima de la Ley, lo cual es ilegal. Un reglamento no puede estar arriba de una Ley, me dicen mis amigos abogados. Personalmente estoy a favor de los casinos: son fuentes de empleo e impuestos, pero es necesaria una nueva Ley.
Nuevamente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el seno de la H. Cámara de Diputados, se organizó una Comisión para “indagar el funcionamiento de los Casinos” y volvimos a participar, ahora con gastos pagados debido a que la austeridad en ese sexenio no existía y presentamos en Guadalajara otra ponencia. De hecho, Ricardo Mejía Berdeja, ahora subsecretario de Seguridad Pública Federal, presidía la Comisión y mostró mucho interés en que nuestra actividad se incluyera, pues dentro de la Industria del Juego se genera otra Industria: la Hípica. Alma Itzel debiera también leerla porque todavía aplica.
Como resultado de ese foro, se redactó una nueva Ley en la que pudimos influir para que las carreras de caballos se tomaran en cuenta, aunque había muchas cuestiones que se deberían revisar. Al mandarla a la Cámara revisora, al Senado, allí se atoró y sigue en la congeladora porque al parecer regular no convenía. Se acaban los negocios entre particulares y servidores públicos, como ha sido hasta la fecha.
Hace pocos días, ante pregunta expresa que le hizo el periodista Esteban Durán de La Expresión México al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera, éste respondió: “que se cumpla con la instrucción de que no se van a abrir casinos, que no se van a entregar permisos”.
El presidente está bien informado, comentó:
Eso fue indebido, eso comenzó en el gobierno de Vicente Fox, empezaron a entregar estos permisos, y luego continuaron. Nosotros no vamos a entregar estos permisos.
Y puede ser que se hayan otorgado o refrendado permisos porque tenemos que ir limpiando el gobierno, ya llevamos tiempo y se ha avanzado en la limpia, pero todavía no terminamos.
Así pues, Alma Itzel de Lira Castillo tiene un reto formidable, como comentó el periodista Alfredo Huerta Chabolla, debería comenzar con una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los permisos que se operan en México, pues este sector da empleo directo a 50 mil personas y a 120 mil de forma indirecta, sin olvidar que sus aportaciones equivalen al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual, ya cuenta.
En esta revisión se puede llevar sorpresas como es el caso del permiso del Hipódromo de las Américas, en que la permisionaria ha incumplido con muchas condiciones de su permiso, por lo que debe revocarse y últimamente, engañando al gremio hípico, no quiso ofrecer carreras, de lo cual culpó a la Dirección de Juegos y Sorteos. Al cabo, los cientos de empleos que generan los propietarios de caballos les importan un bledo, y los jinetes y entrenadores… pues que se mueran de hambre.
La pregunta es: ¿Quién apoya desde el gobierno a esta miserable empresa, que aparentemente goza de una impunidad sobresaliente?
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