EDUARDO TAMBIÉN ESTÁ EN:

Lilly Téllez: irresponsable e imprevisible posición

Cualquier solución contra el crimen organizado debe partir de leyes, instituciones y estrategias nacionales fortalecidas.

26 de agosto, 2025

Barbara Lejtik

Éramos muchos y parió la abuela, o una raya le faltaba al tigre.

Polarizada la situación, faltos de conocimientos y sustento histórico y como si la postura conservadora neoliberal necesitara más ideas, viene la flamante senadora Lilly Téllez a aportar su brillante opinión.

Pensar que una sola persona puede no ser estar informada de la posición de el Presidente de Estados Unidos para con los mexicanos, la intolerancia con la migración y el intercambio cultural es grave; que esta persona tenga un curul en el Senado de la República y ninguna responsabilidad para hacer uso del micrófono y llamar a la intervención militar de Estados Unidos en México es más que grave alarmante.

Tal vez la señora no estudió la Constitución mexicana antes de rendir protesta y seguramente tampoco se sienta comprometida con temas como soberanía e independencia, si bien existe la libertad de expresión, todos los mexicanos pero sobre todo quienes tienen un cargo público deberían actuar con mucha más responsabilidad antes de emitir cualquier idea que les venga a su confundida mente.

Hay elementos que la senadora desconoce pero que aunque a ella no le importen o le parezcan irrelevantes son reales y legales. A continuación me permito desde mi opinión y con base en una corta investigación decir las razones por las que su iniciativa carece de razón pero sobre todo de un mínimo sentido moral y de identidad nacional.

La Soberanía nacional es un principio fundamental inquebrantable. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado con firmeza que México no puede aceptar una presencia militar estadounidense en su territorio: “El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende; la soberanía se ama y se defiende”. Esto se basa además en las reformas constitucionales que solidifican la autonomía del país, como la inclusión en el artículo 40 de disposiciones que prohíben “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación” .

Cooperación sí, intervención no

Lilly Téllez ha tratado de diferenciar entre pedir “ayuda” (cooperación con consentimiento) y solicitar una “intervención” (violación de soberanía). Argumenta que:

la “ayuda” no implica sometimiento ni entrega del país a una potencia extranjera; y que la verdadera traición sería proteger a criminales o dejar al Estado rebasado ante los cárteles.

En efecto, México ha mantenido desde hace décadas mecanismos de cooperación bilateral en seguridad —como intercambio de inteligencia, capacitación y coordinación operativa— siempre sujetos a acuerdos formales y respetando la legalidad nacional. Un ejemplo reciente es la aprobación del Senado para permitir que diez militares de elite de EEUU capaciten a la Marina en México bajo un acuerdo legal y transparente.

Legalidad y el riesgo penal

El Código Penal Federal tipifica como traición a la patria el acto de entregar soberanía o solicitar intervención militar sin consentimiento del Estado, con penas que pueden llegar hasta 40 años de prisión. Por lo tanto, el debate gira en torno a si la petición de Téllez cae en la categoría de “ayuda autorizada” —lo cual podría ser legítimo— o si equivale a un acto ilegal de injerencia.

Y como quien lo conoce la historia corre el riesgo de repetirla sería bueno refrescarle la memoria o darle unas clases básicas de historia de México.

México cuenta con una experiencia trágica en cuanto a intervenciones extranjeras, como fue la guerra entre 1846 y 1848, en la que se perdió más de la mitad de su territorio ante EEUU. Esta historia tangible y dolorosa refuerza la relevancia y sensibilidad del principio de no intervención, no solo como doctrina legal —parte del derecho internacional público— sino también como parte de la memoria colectiva mexicana.

Apoyar y repetir este tipo de ideas no solo es actuar en la ignorancia, nos hace correr riesgos importantes con posibles consecuencias imprevisibles.

Analistas de seguridad, como Carlos Pérez-Ricart o Abelardo Rodríguez, señalan que una intervención unilateral de EEUU:

No resolvería el problema del narcotráfico.
Podría generar mayor inestabilidad.
No aborda las causas estructurales del consumo de drogas en EE. UU. ni el tráfico ilegal de armas hacia México.

Además, propuestas como etiquetar a los cárteles como “organizaciones terroristas” podrían justificar futuras acciones selectivas que tensarían la relación bilateral.

En un país tan polarizado como el nuestro no falta el debate al respecto.

La postura de Téllez ha generado fuerte controversia:

Morena y figuras como Luisa María Alcalde la acusaron de “traición” e “injerencista”, evocando comparaciones con conservadores que históricamente incluso pidieron monarcas europeos para gobernar México.
Circularon llamados al posible desafuero y sanción política.
La presidenta Sheinbaum calificó sus declaraciones como “simulación” o “victimización” y defendió que hay cooperación real, pero sin subordinación.

Ese choque ideológico refleja una tensión política sobre cómo combatir al crimen organizado respetando la Constitución y la autonomía nacional.

En resumen y para acabar pronto porque este es un tema de amplio estudio y debate en el que no todos estamos capacitados para opinar pero que sí a todos afectaría:

El rechazo a una intervención de Estados Unidos en México no es una postura dogmática, sino el resultado de una convergencia de razones profundas:

1. Soberanía y legalidad: son principios constitucionales y legales no negociables.

2. Historia dolorosa: advertencias claras del pasado sobre las consecuencias de perder autonomía territorial.

3. Cooperación sobre sumisión: la apertura está en compartir información y recursos dentro de un marco legítimo, no en recibir órdenes o fuerzas externas.

4. Consecuencias imprevisibles: puede generar más problemas que soluciones, sin atacar el fondo estructural del fenómeno del narcotráfico.

5. Debate político legítimo: la controversia revela la responsabilidad del Estado frente a la violencia sin comprometer identidad ni capacidad de autogobierno.

En definitiva, cualquier solución contra el crimen organizado debe partir de leyes, instituciones y estrategias nacionales fortalecidas, complementadas por cooperación internacional equilibrada, no por intervenciones o imposiciones externas y que a esta señora que solo usa su micrófono para insultar, denostar o proferir incoherencias le regalen una Constitución mexicana, un libro de historia de México y un frasco de ácido fólico.

Comentarios