LAS VACUNAS PROTEGEN LA VIDA DE MILLONES DE MENORES, PERO ELLOS NO VOTAN

Ha sido un gran escándalo que desde Palacio Nacional se critique que los padres promuevan amparos para que sus hijos menores de edad con situación de salud precaria sean vacunados. Suena aterrador que al líder de nuestro...

13 de septiembre, 2021 ninos-con-cubrebocas.jpg

Ha sido un gran escándalo que desde Palacio Nacional se critique que los padres promuevan amparos para que sus hijos menores de edad con situación de salud precaria sean vacunados.

Suena aterrador que al líder de nuestro país le incomode que el Poder Judicial ordenara que se apliquen esas vacunas a los menores de edad, de acuerdo a la particularidad de cada caso. No solo se molesta el presidente, además se atreve a exponer que debe de investigarse a los jueces y a cada amparo, con el fin de averiguar si se trata de un complot en su contra por parte de “los conservadores”. Olvida que el Poder Judicial es autónomo y protector de los derechos humanos contra los actos y omisiones de autoridades. Todo ello sin duda ofende tanto a los padres como a los menores. Pero también el presidente ofende a la sociedad mexicana cuando, a la par de expresar su repudio a la vacuna para los menores, ordena que se les regalen a gobiernos extranjeros cientos de miles de vacunas que debieran de ser aplicadas primeramente a los habitantes de México, incluyendo a nuestros niños, mostrando así que le tiene sin cuidado la salud de los mexicanos.

Los números nos hablan y nos dicen que México ha recibido poco más de 104 millones de dosis de vacunas y ha aplicado casi 88 millones de ellas, lo que deja unos 16 millones de dosis disponibles para ser administradas en el país. No obstante que la población no ha sido vacunada completamente, el presidente ha ordenado la donación de cientos de miles de dosis a otros países. Al gobierno de Honduras le ha regalado 400 mil dosis de vacunas; al de Paraguay, 150 mil el 12 de junio; a Bolivia ese mismo día también se le regalaron 150 mil dosis a las que deben sumarse otras 150 mil que recibió la noche de ayer 13 de septiembre; mientras que a Belice se le entregaron 100 mil dosis, y otras decenas de miles entre otros países. Vaya, hablamos de un millón de dosis regaladas a otros gobiernos. 

El canciller Ebrard ha manifestado que México no está donando vacunas que le sobran sino “las que tiene disponibles” sobre el número de vacunas que ha recibido y está por recibir (¿?). Sin embargo, en nuestro país no se ha concluido con aplicar las dosis necesarias (una o dos), según la vacuna que se aplique o se ha aplicado a la población mayor de 18 años, por ya no mencionar a los menores de edad, quienes no están contemplados por el Ejecutivo Federal.

De acuerdo a las cifras oficiales, actualmente existen alrededor de 16.4 millones de dosis de vacunas, de las que, por cierto, se desconoce su paradero. El gobierno se ha negado a precisar su ubicación específica y solo da informes confusos e inexactos, lo que pone en duda el destino de las mismas. Por el contrario, expone públicamente que hay amparos concedidos (262 de acuerdo a la última información) que quiere investigar. 

Entonces, si tenemos 16 millones de vacunas para aplicar y tomando en consideración que actualmente la velocidad de su inoculación ha disminuído en un 80%, comparada con la que llegó a existir en época de elecciones, y, si se han regalado a otros países alrededor de un millón de dosis, ¿cuál es el pensamiento de López Obrador que lo evidencia de maligno al reclamar menos de 300 dosis para el pueblo menor de edad que él gobierna?

Es tan indignante esa declaración que basta ver los porcentajes para percatarnos de la aberrante y ridícula postura de AMLO. Las casi 300 exigidas vacunas por amparo representan el .002% (dos cienmilésimas) respecto de los 16 millones de vacunas que actualmente tiene nuestro país para aplicarse. Es tan insignificante este porcentaje que si las 300 dosis fueran pesos, representarían la vigésima parte de un centavo. Por el contrario, el millón aproximado de dosis que se han obsequiado a países extranjeros, significan un millón de mexicanos que no fueron vacunados.

Los números son fríos. Las menos de 300 dosis que el Tribunal Federal ha ordenado al gobierno aplicar a los menores de 17 años representan un puño de arena en la playa, comparados con los millones de vacunas que supuestamente existen actualmente en México a más del millón de vacunas que se regalaron a otros países. Entonces ¿cúal es la razón por la que Andrés Manuel López Obrador con bombo y platillos regala más de 1 millón de vacunas a otros países y exhibe su desprecio a nuestros menores por 262 miserables dosis? 

La respuesta dada por su incondicional subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no es válida. Recordemos lo que el funcionario dijo:

“… pero no hay que perder de vista, que por cada dosis que por estas sentencia de amparo, se desviaran hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor…”.

Ya vimos que los números nos dicen lo contrario, y esa justificación además de absurda es criminal. Omitiendo al mediocre e inepto subsecretario, no hay duda de que el presidente prefiere regalar las vacunas del pueblo que gobierna, incluyendo las que pueden aplicarse a los menores de edad que las necesitan para la protección de su vida. Con esa actitud, Andrés Manuel López Obrador, con dolo, los desprotege. Ellos no votan.

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Por ejemplo, en la Ciudad de México desde el año 2008 se eliminaron las causales de divorcio, las cuales eran un catálogo de conductas u omisiones en las que, si se ubicaba alguno de los consortes, el otro podía solicitarle a un Juez que decretara la terminación del matrimonio, pero esto con la carga de probar que el cónyuge demandado había incurrido en esas causales, lo que implicaba un juicio largo, difícil y desgastante. Como dije, en varias partes de la República Mexicana se han modificado las leyes para que el divorcio pueda solicitarse sin necesidad de manifestar cuál es la causa, así como tampoco probar nada, solo que se está casado con una persona y el deseo unilateral de que se termine ese matrimonio. Lo grave de estos procedimientos en los que ya no existe necesidad de manifestarle al Juez cuáles son las causas que motivan la decisión del rompimiento legal de esta unión, es que los aspectos más importantes que van unidos al matrimonio, y después al divorcio, se dejan para otro momento e, incluso, son los que terminan en un juicio complejo. Me refiero a las decisiones respecto de cuál de los padres se va a encargar del cuidado de los hijos menores, es decir, con quién van a vivir, así como el derecho a convivir con ellos por el otro progenitor, y desde luego quién va a cubrir económicamente hablando las necesidades alimenticias, tanto para los hijos de las partes, como para el cónyuge que los necesita, así como también quién se queda con la casa, ya sea ésta prestada, arrendada o propiedad de uno o de ambos esposos, y en igual forma como la decisión de la pertenencia y posesión de los otros bienes, e inclusive si alguno de los que se divorcian tienen derecho a recibir una indemnización que el otro deba pagarle en razón del rol preponderante en el cuidado del hogar y de los hijos.   Todos esos debates, todas esas cuestiones inherentes tanto al matrimonio, pero más al divorcio, son decisiones que se dejan para un momento posterior, pues si los todavía esposos no llegan a ponerse de acuerdo en cada uno de esos temas, el divorcio se va a decretar y cualquier aspecto que no se haya convenido quedará para un largo pleito judicial. Sí, no importa si se trata del cuidado de los menores, ni de su derecho a recibir los bienes que integran el concepto "alimentos", ya que, primero queda disuelto el matrimonio y estos temas se resuelven, como ya dije, posteriormente. Debo decir que en lo que se inician los pleitos legales por todas aquellas situaciones que deben de resolverse por la conclusión del matrimonio, el juzgador puede dictar resoluciones provisionales, pero el fondo, y la determinación definitiva, requiere de un procedimiento tortuoso. Entonces, actualmente en varias legislaciones de los estados ya no importa si alguno de los consortes ha cometido actos desleales, violentos, reprochables o de omisión, pues ese mismo "agresor" puede solicitar el divorcio y se le otorgará sin mayor consecuencia; de hecho, podría casarse al día siguiente de que se decrete el divorcio y, más aún, cuando la decisión judicial en la que se da por terminado un matrimonio, no puede ser revisada ni modificada por ninguna otra autoridad. Este derecho que se tiene actualmente puede definirse como una acción que posee uno de los cónyuges para repudiar al otro, aunque este no haya cometido ningún hecho reprobable durante el matrimonio. Por eso la facilidad que da el Estado para obtener el divorcio llega al límite de permitir el desprecio legal de un ser hacia su pareja, por el simple hecho de ya no querer seguir unidos, sin que exista ninguna sanción. Al legislador se le olvidó que hay personas que han dedicado su vida entera a su pareja, y aun así, con el procedimiento de divorcio actual en el que no importa que exista alguna causa, se le puede despreciar, abandonar y romper judicialmente el contrato de divorcio sin pagar nada por ello, bajo el argumento de que es un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que prohíbe que las personas tengan que mantenerse unidas a otras si ya no es su deseo hacerlo. A veces esa protección a los derechos humanos daña los derechos de otras personas, tal como sucede en esos casos en los que por simple repudio se pide y se logra el divorcio, sin que exista una consecuencia por ello, además de que, como ya se dijo, el divorcio se obtiene de un plumazo y las obligaciones definitivas derivadas del mismo quedan para un juicio posterior, lo que es inaudito. El Poder Legislativo tiene la obligación constitucional, y ahora judicial, pues la Suprema Corte le ha ordenado emitir la nueva Ley Nacional de Procedimientos en Materia Civil y Familiar, siendo trascendente que en esta nueva ley se revise a fondo tal procedimiento de divorcio en el que no importa la causa del mismo, y se considere que a veces esta petición de disolución de matrimonio se traduce en un acto inhumano de repudio al cónyuge, de desprecio o de desecho, sin razón, del otro consorte y, por tal, en esos casos se le imponga el pago de una indemnización por el daño emocional que produce una acción como esa y, además, se establezcan mecanismos para que todos los aspectos inherentes al divorcio no queden en el limbo, esperando un juicio que puede llegar a ser aberrante. " ["post_title"]=> string(35) "EL DIVORCIO, UNA ACCIÓN DE REPUDIO" ["post_excerpt"]=> string(172) "Aunque solicitar un divorcio ante un juez es un procedimiento sencillo, lo cierto es que frecuentemente quedan en el aire muchos pendientes complicados entre los cónyuges." 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53 aniversario de la masacre de Tlatelolco

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