Hace unos días, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer 12 propuestas del gobierno para “construir la paz”. Algunas de esas propuestas son anticonstitucionales y será jurídicamente imposible alcanzarlas, algunas más son buenas, pero también hay propuestas que parecen poco útiles, y hay alguna en particular que parece ridícula.
Estas no son propuestas de Rosa Icela Rodríguez, sino de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Serán suficientes para “construir la paz”? De entrada se antojan un poco extemporáneas, pues a este gobierno le quedan apenas veinticinco meses, y si consideramos que el proceso electoral para la elección presidencial de 2024 inicia en septiembre de 2023, y que una vez iniciado toda la atención del país se centra en los contendientes, no cabe más que reconocer que este gobierno tiene los días contados, como los niños cuando se forman para romper la piñata en época de posadas: “ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó”. Tengo la impresión de que lo que no hubieren ya logrado en materia de seguridad pública y combate al crimen a estas alturas, difícilmente lo alcanzarán en los pocos meses que les quedan. Veamos las propuestas.
Primera: la Guardia Nacional se incorpora a la SEDENA
El presidente anunció que emitiría un decreto, pero no lo ha hecho. Luego dijo que enviará una iniciativa preferente al Congreso. Ya me he referido a este tema. Yo pienso que no hay alternativa: la Guardia Nacional debería incorporarse a la Secretaría de la Defensa, aunque ello lleve implícito innegablemente un acento militarista. El problema es que, desde el punto de vista jurídico, esto no es posible sin una serie reformas constitucionales. Para empezar, el artículo 21 ordena que la GN esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ordena sin ambigüedades que debe estar bajo mando civil. Si el presidente quiere cambiar estas reglas, no lo va a lograr mediante un “decretazo” ni tampoco ordenando a los morenistas que modifiquen la Ley de la Guardia Nacional, porque le darían un palo monumental en la Suprema Corte. El presidente necesita reformas constitucionales y veo poco probable que la oposición ceda.
Segunda: adelantar recursos a los Estados para equipamiento de policías estatales y municipales
La idea es reformar la Ley de Coordinación Fiscal para permitir que las asignaciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los estados correspondientes a 2023 y 2024 se adelanten y se adquiera el equipamiento ya. Sin duda las policías deben estar mejor equipadas. Jurídicamente es factible lo que pretende el presidente y la idea en el papel luce bien.
Tercera: utilizar cuentas congeladas del crimen para fortalecer la seguridad
Esto debe sonar como música para los seguidores del presidente: como en el coliseo romano, el público se enardece y vitorea. Pero hay obstáculos jurídicos. En primer lugar, habría que modificar la Ley de Instituciones de Crédito. Eso no tiene problema por la amplia mayoría morenista en el Congreso. El obstáculo es constitucional, pues nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, según establece el artículo 14. Para utilizar las cuentas congeladas se necesitaría una sentencia condenatoria inapelable e inatacable. Mientras no exista, el gobierno no puede ni siquiera tocar los dineros congelados.
Cuarta: mayor control sobre empresas de seguridad privada
La secretaria anunció un registro nacional y la estandarización de procesos de autorización y revalidación. ¿Otro registro nacional? No hay gobierno (PAN, PRI, Morena) que no crea que los problemas graves del país se arreglan creando “registros nacionales”. Lo que no entiendo es por qué no se ha creado uno ya. Admito que tampoco deja de ser verdad que el gobierno tiene que poner orden en esta materia.
Quinta: liberación de presos con condenas cortas
Esta propuesta es redundante. Es un remake de algo que funcionó muy limitadamente. Se acuerda usted de la “Amnistía” de la que hablaba López Obrador con bombo y platillo. Yo estuve de acuerdo con esa ley, y en su momento lo comenté. Ya existe una ley de amnistía aprobada por la mayoría de Morena, pero no han sido decenas de miles las personas beneficiadas, como anunció el presidente y aclamaron sus seguidores. Hasta diciembre de 2021, apenas 44 personas (sí, leyó usted bien: 44 personas) habían sido liberadas bajo la ley de amnistía. Ridículo. La liberación de presos con condenas cortas debería ser posible desde hace dos años con la ley de amnistía que promovió el presidente. Que Rosa Icela Rodríguez la anuncie ahora como “una gran medida” es de risa.
Sexta: mayor seguridad en el ciberespacio
Se presentará una iniciativa de ley en esta materia. La tecnología siempre va adelante de la política y de la legislación. De entrada me parece una buena propuesta.
Séptima: control sobre videojuegos
La idea es crear por decreto una Comisión Interinstitucional para clasificar los videojuegos, pues actualmente su renta y comercialización no tienen control. Permítame reír: una “Comisión Interinstitucional”… Lamento violentar la inocencia de muchos seguidores de morena, que han de ver en esta comisión algo maravilloso, pero esto es una tontería. Ahora resulta que un joven tendrá que presentar su credencial del INE para comprar o rentar el Hell Let Loose, el Halo o el Call of Duty. Y un niño ni siquiera va a poder jugar el Minecraft, porque es adictivo y puede haber bullying. No creo que la regulación de los videojuegos sea una medida que ayude a “construir la paz” en México. Más bien va a convertirse en un nicho de corrupción, pues el establecimiento que rente o venda videojuegos sin obedecer las reglas será multado y clausurado. Los inspectores ya están salivando.
Octava: combatir la tala clandestina
La propuesta consiste en reformar la constitución para que la tala clandestina sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Este gobierno ve en la prisión preventiva oficiosa una panacea, y teme que la Suprema Corte le dé palo a esta medida cautelar en estos días. Como se necesita una reforma constitucional, es poco probable que la oposición acepte. Veo una cierta contradicción entre el slogan “abrazos, no balazos”, que supone amor y paz, por un lado, y la actitud del gobierno de querer meter a todo el mundo al bote, por otro lado. Pero a lo mejor soy yo el que no ve bien las cosas.
Novena: reforzar el marco jurídico para disminuir la producción de drogas sintéticas
Estoy impresionado. De lo que se trata es de impedir que lleguen y circulen los precursores químicos necesarios para la fabricación de estas drogas. Pero eso lo podrían hacer ya. Es más, deberían estar haciéndolo desde el día uno del gobierno. Los precursores químicos llegan desde China a nuestros puertos del pacífico (Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Guaymas), pero parece que ni las aduanas, ni las autoridades portuarias, ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni el ejército ni la marina los ven. ¡Ah, qué esquivos precursores! Y de los puertos se van a los laboratorios en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, bueno, toda la costa del pacífico. Y de ahí viajan por nuestras carreteras, ya las drogas confeccionadas, a nuestras ciudades y a los Estados Unidos, y parece que ninguna autoridad ve nada, aunque de vez en cuando se hace algún decomiso que se anuncia como la gran hazaña. Los traficantes de drogas han de ver estos “grandes decomisos” como “merma” del producto: ya saben que se va a perder o a “mermar” cierta cantidad, pero no lo suficiente como para que el negocio deje de ser increíblemente rentable.
Décima: combatir la extorsión
¡Aleluya! Por fin se va a combatir este cáncer que tanto afecta a los mexicanos (estoy usando el sarcasmo). Ya era hora de que alguien lo hiciera. La propuesta de Rosa Icela Rodríguez, o al menos lo que dijo, es que habría que reformar la legislación penal para que sea más fácil la configuración del delito de extorsión. Y tiene razón, no lo voy a negar. Actualmente, el código penal federal exige que el extorsionador haya obtenido un lucro para sí o para un tercero, y que exista un perjuicio patrimonial, así que técnicamente no se configura el delito en tanto no pague el extorsionado y no sufra un detrimento, de modo que si alguien sufre extorsión, sin que aún haya pagado, y va al ministerio público a denunciar, el agente le va a decir que se regrese a su casa, y que cuando pague a los criminales vuelva, porque hasta ese momento se configura el delito. Me parece que la propuesta de Rosa Icela podría ser pertinente y útil. Pero también hay que decir que una ley, por buena y perfecta que sea, si no se aplica no sirve para nada.
Decimoprimera: mejorar la integración de la estadística criminal
Lo que no se mide no puede corregirse. La estadística es muy importante. Mediante un Informe Policial Homologado que se hará cuando se vincule a proceso a una persona, y no en su detención, el gobierno buscará tener mejor estadística criminal.
Decimosegunda: establecer nuevos delitos que tengan que ver con migración
Se van a tipificar nuevas conductas delincuenciales y habrá penas más severas. De lo que se trata es de proteger a los migrantes, pues los “polleros” actúan a sus anchas sin que nadie les diga nada. Pero de nada va a servir que existan nuevos delitos y penas más severas si los traficantes de personas siguen actuando sin que nadie los detecte, como si ni las policías, ni el ejército, ni la marina, ni la guardia nacional, ni los agentes de migración existieran.
Por desgracia este gobierno será otro más que termine fracasando en materia de seguridad pública. Dirán que todo es culpa de los diabólicos gobiernos neoliberales, y sí, hay razón hasta cierto punto en ello. Calderón fue un presidente de horror y Peña Nieto fue un chiste. Entre el horror y la pantomima las cosas se recrudecieron y llegaron, en mi opinión, a un punto de no retorno. Este gobierno pensó en un principio que podría con el problema. López Obrador anunció en abril de 2019 que la Guardia Nacional daría resultados en seis meses. Supuso que la labor de la guardia, aunado a la implementación de programas sociales para atender a los jóvenes, dejaría al crimen organizado sin recursos humanos, por decirlo de algún modo: “que se atienda a los jóvenes –dijo en aquella ocasión–, para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo, en la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad.”
La verdad es que el paquete de programas sociales del presidente Obrador es el más ambicioso del que tengo memoria. Son millones las personas beneficiadas, no solo adultos mayores, sino también jóvenes. Y qué bueno que así sea. Aquí el punto fino es este: la previsión del presidente falló: los programas sociales del gobierno no dejaron sin “base social” al crimen organizado. La Guardia Nacional no dio resultados en seis meses; no los ha dado a la fecha, al menos como en un principio proyectó el gobierno; y por lo visto, pues tampoco habrá gran avance en los poco más de 24 meses que le quedan a la presidencia de López Obrador.
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