La Suprema Corte se resiste a ser el verdugo de la Cuarta Transformación

La Suprema Corte de Justicia se resiste a ser el inquisidor de la Cuarta Transformación, endureciendo el código penal para presuntos responsables de defraudación fiscal y contrabando.

28 de octubre, 2021

Hugo Páez

La Suprema Corte se resiste a ser el verdugo de la Cuarta Transformación

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional dar prisión preventiva oficiosa a quienes presuntamente cometan delito de defraudación fiscal o contrabando, de acuerdo con las modificaciones del Código Penal Federal impulsadas por el Ejecutivo.

La propuesta provocó una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por los senadores de oposición, llamado Bloque de Contención, y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, comentó Zaldívar.

De acuerdo con el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el que comete el delito de defraudación fiscal es quien “con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, y cuenta con un tabulador de castigo, el cual se calcula conforme al monto de los defraudado.

1.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1 221 950.00.

2.- Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1 221 950.00 pero no de $1 832 920.00.

3.- Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1 832 920.00.

Por su cuenta, el Artículo 107 señala que el delito de contrabando será calificado así cuando se cometa con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentando el autor como funcionario o empleado público, usando documentos falsos y por tres o más personas.

Asimismo, señala que la sanción corporal será de tres meses a tres años de prisión y será acumulativa respecto a otros delitos. Aunado a esto, en lo relacionado a la generación de facturas falsas, el CFF especifica que esta práctica será castigada igual que el delito de contrabando.

Respecto a las quejas promovidas contra la aplicación de prisión preventiva, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, donde condena la equiparación de los ilícitos señalados como delito contra la seguridad nacional:

“Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la disposición aludida vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de presunción de inocencia, legalidad en su vertiente de taxatividad, de mínima intervención en materia penal (última ratio) y de proporcionalidad de las penas”.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que la medida promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tintes de persecución política:

“La reforma que impulsó el presidente para perseguir políticamente a opositores con el pretexto de la defraudación fiscal y hacer mal uso de la prisión preventiva acaba de ser frenada por la SCJN”.

Comentarios

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Han sido juzgadas por un sistema legal que prefiere encontrar rápido un culpable y dar carpetazo a cambio de dinero. Muchas veces fueron amenazadas, engañadas y torturadas para aceptar la culpa. Sobre eso muy poco se puede hacer. Para entender el nivel de injusticia en nuestro sistema penal, primero tenemos que revisar las cifras de personas que están privadas de su libertad sin que se les haya dictado una sentencia. Es decir, las personas que están encarceladas sin que haya una sentencia judicial que determine que son culpables del delito que se les acusa. Si analizamos los datos oficiales (Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021), 41% de las personas están en prisión sin haber recibido una sentencia, cifra que es mayor para mujeres, ya que de las mujeres en prisión (52%) no han recibido una sentencia. Esto ocurre dado que nuestro sistema legal permite que una persona sea encarcelada en lo que se investiga el delito del cual se acusa (si es un delito que merece prisión preventiva oficiosa) o si un juez determina que la persona acusada representa algún riesgo de escaparse o de perjudicar al proceso o a las víctimas. Dado el nivel de impunidad en nuestro país, es urgente analizar si los niveles de impunidad que tenemos en México responden a la falta de sentencias en personas en prisión que están siendo procesadas o a las carencias de investigación de las autoridades responsables de investigar si un delito ocurrió y quién es el probable responsable, en este caso, las autoridades de procuración de justicia. Si analizamos las cifras anteriores podemos darnos cuenta que es mucho más probable que haya una falla en las autoridades responsables de investigar los delitos que ocurren. Es decir, que es mucho más probable que la falla esté en las policías y agentes del ministerio público. Para llegar a esta conclusión podemos analizar algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL 2021. De acuerdo con la ENPOL 2021, de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada o torturada psicológicamente para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión solo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado. ¿Quién da la cara por ellas? ¿A quién le importa lo que pase con sus vidas? Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. 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Lo cito: “Considerando que en relación con los efectos que atañen a los diversos sectores del juego con apuesta derivados del Reglamento de la ley adjetiva, promulgado durante su estancia como titular de la SEGOB, es de considerarse como único punto a aclarar sobre el mismo, y sobre el que versan mis artículos, el que atañe al gremio de caballistas del país, y la afectación que esta industria sufre derivada de su entrada en vigor. “Sin mayor preámbulo, baste decir que a partir de la promulgación y vigencia del citado reglamento, inexplicablemente, quedaron totalmente desregulada y en estado de indefensión en escenarios permanentes , las carreras de caballos con apuestas , al derogarse vía transitorios con su promulgación ,el decreto por que fue creada la H. Comisión Nacional de Carreras de Caballos, organismo que durante 30 años funcionó regulando a nivel nacional y sin mayor queja, las carreras de caballos con apuestas en todo tipo de escenarios. “Este vacío legal fue substituido por una persona moral de carácter privado, cuya labor por decir lo menos, ha sido permanentemente cuestionada por diversas asociaciones de caballistas durante años, tanto por carecer de legitimización acorde a un marco legal como por imponer al margen de ello, todo tipo de sanciones laborales y pecuniarias a miembros de la comunidad, mediante procesos viciados y anárquicos que en repetidas ocasiones han sido recurridos por diversas vías legales, sin que hasta la fecha se haya puesto orden sobre este particular. Lo cierto es que en la comunidad hípica del Hipódromo es unánime la inconformidad con dicha situación, la que en su medida ha contribuido a la ruina de esta industria. “La asociación civil a que me refiero no es otra que la “Comisión Mexicana de Carreras”, propiedad del señor Manuel Pacheco Hinojosa, que recibe un fuerte presupuesto por parte de la permisionaria de 25 millones al año, más las fuertes multas que impone”. Por otro lado, Alfonso Lanzagorta a quién señalo en mi artículo anterior, y es experto en la materia, me comenta: “Los tomadores de decisiones deben ser evaluados por las consecuencias que estas tuvieron. Don Santiago tomó la decisión de nombrar a Manuel Pacheco. Lleva 18 años ahí. ¿Cómo va la industria después de eso? Sería bueno que don Santiago averiguara y nos respondiera. También sería bueno que revelara por qué firmó en su último día como secretario de Gobernación centenares de permisos para casinos, muchos de los cuales fueron beneficiarios directos varios dueños de medios de comunicación. Lo que anoto, se puede leer en las ligas siguientes de La Jornada, Sin Embargo, Dinero en Imagen, Milenio, entre otros medios de comunicación. Mr. Google nos regaló esa información. Como he dicho en articulos anteriores, gracias a tanta insistencia, la actual Dirección de Juegos y Sorteos está comprometida para cambiar todo este desastre, para que volvamos a tener una autoridad hípica, como Dios manda. Continuará… Gracias por sus comentarios. *Las opiniones expresadas en los artículos de esta página son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan la postura editorial de este portal. 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