La SCJN avaló la consulta popular propuesta por AMLO: ¿fin de la división de poderes?

El jueves 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para someter a juicio a cinco expresidentes. Empero, también modificó la pregunta....

2 de octubre, 2020

El jueves 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para someter a juicio a cinco expresidentes. Empero, también modificó la pregunta.

Como sucede en los partidos de futbol, cuando el árbitro pita a favor de nuestro equipo lo llamamos árbitro justo, pero cuando pita en contra lo llamamos vendido. Algo así sucedió, pues los seguidores del presidente tomaron la noticia con triunfalismo y júbilo exagerado, mientras que sus adversarios reaccionaron con pesimismo y muchos de ellos afirmaron que la división de poderes en México había llegado a su fin y que la Corte había actuado servilmente.

La verdad fría es que no hay razones suficientes para que los seguidores del presidente estén tan contentos ni los adversarios tan tristes. Si bien la Corte avaló la solicitud de consulta popular que formuló López Obrador, el resultado al que llegó deja tan ambigua la pregunta que la priva de todo carácter emotivo y le quita el poder demoledor que habría tenido si no hubiese sido modificada.

Desde hace algunas semanas he venido expresando que el asunto de la consulta tenía poca sustancia jurídica y mucho peso político, que era probable que la Corte la avalara, pero que con toda seguridad cambiaría la pregunta planteada por el presidente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Desde el punto de vista constitucional, considerando al Derecho como un sistema completo (teóricamente debe considerarse así, de ahí el principio de Plenitud Hermética), los fallos y resoluciones de la Corte son infalibles y últimos. Esto es prácticamente imposible de entender para quienes no conozcan los complejos pormenores de la jurisprudencia. Incluso es difícil de entender para abogados no especialistas en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho.

Afirmo que los fallos de la Corte son infalibles y últimos desde la perspectiva normativa. Sostener lo contrario sería tanto como decir que los fallos de la Corte pueden atacarse ante otro tribunal (en otro momento hablaré de someter asuntos ante cortes internacionales, pero en este momento no es el punto) y que no sirven de nada. Jurídicamente sería el suicidio del sistema normativo.




En mis clases de Derecho Constitucional solía explicar este difícil tema haciendo un símil con la infalibilidad del papa. ¿En qué consiste? Muchos creen que en la imposibilidad de que el papa yerre, pero eso es una tontería. El papa yerra. Pero dándose ciertas circunstancias, lo que el papa determine es último e infalible. Esas circunstancias son: que se trate de sentar una doctrina moral o de fe, y que lo haga ex-cathedra. No voy explicar esto ahora, pues el papa no es el tema, solo lo estoy usando como símil.

Lo que quiero decir es que el papa tiene la autoridad última y es infalible (sigo con el símil) si define una doctrina moral o de fe y lo hace ex-cathedra. De un modo parecido, una Suprema Corte, que además es tribunal constitucional, tiene la autoridad para que sus decisiones sean últimas y, desde y para el mundo normativo, infalibles. O sea, la Corte no yerra en el mundo del derecho, pero solo en ese mundo. 

Si yo, Venus Rey Jr., defino una cuestión jurídica, y lo hago solemnemente desde mi autoridad, la doctrina que yo defina o el asunto que yo resuelva no tendrá ninguna validez y no obligará a nadie. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna potestad. Pero si quien define la cuestión jurídica es un tribunal supremo, lo ahí definido será, nos guste o no, la verdad legal y la última palabra sobre el tema. Si no existiera el principio de Supremacía Constitucional y no hubiera un garante y portavoz último de la constitucionalidad, ninguna controversia tendría fin y sería imposible la vida en sociedad. En ese sentido afirmo que la SCJN es infalible y última.

En la resolución de la Corte que comento, se respetó todo lo que se tenía que respetar. Miles de personas la vimos en vivo. No hay, pues, vicios. Había argumentos para convalidar la consulta popular y argumentos para no convalidarla. Si yo fuera ministro, hubiera esgrimido argumentos muy parecidos a los de los ministros Laynez y Piña, pero yo no soy ministro, y usted tampoco. El punto es que seis ministros avalaron la consulta y cinco no, ergo, la consulta, desde el punto de vista constitucional, se sostiene y se hará en 2021. Nos puede gustar o no, podemos repelar o no, pero esa es la resolución incontrovertible y jurídicamente infalible.

Ahora bien, la pregunta final deja a salvo cualquier impedimento de los establecidos en el Artículo 35 de la Constitución. El que preocupaba más era, según decían los adversarios del presidente, que se restringían derechos humanos y sus respectivas garantías a los expresidentes, en concreto el derecho humano a la presunción de inocencia y al debido proceso. La pregunta final no vulnera ni restringe esos derechos humanos ni sus garantías.

La verdad es que la pregunta como quedó es tan ambigua y está tan desprovista de carga emocional, que ninguno de los expresidentes debería estar preocupado. La SCJN dejó claro que lo que hagan los presidentes tiene interés nacional, pues sus acciones repercuten en millones de mexicanos, y eso es verdad. Pero la pregunta final deja fuera cualquier nombre y cualquier ámbito temporal. No habrá paredón de linchamiento.

Con todo respeto, los pensamientos pesimistas de los adversarios del presidente llegan a ser ridículos. Sí, la consulta es ociosa y no se necesita para que se accionen los mecanismos de procuración de justicia y dicción del derecho, y por eso es superflua, pero constitucionalmente es válida y se hará. Nos va a costar unos 8 mil millones de pesos, que bien podrían utilizarse en cosas más útiles. ¿De quién es culpa? Esa pregunta también es ociosa. La posibilidad está prevista y regulada en nuestra Constitución y se dieron los supuestos. Nada más que decir.

La consulta no va a servir de nada porque no es necesaria. Es más, tan vaga es la pregunta que veo difícil que convoque al 40% de la lista nominal del INE, menos aún dos meses después de la elección del 6 de junio de 2021, pues sería el primer domingo de agosto y la gente va a estar harta de campañas.

En suma, los seguidores del presidente creen ingenuamente que ganaron; los adversarios del presidente creen con escándalo y exageración que se acabó la división de poderes. Yo los invito a que vean la sesión de la Corte y lean la resolución. Como dice Shakespeare: “too much ado about nothing…”.

He aquí la pregunta en su forma final, la que aparecerá en las boletas de la consulta, y que únicamente admite un sí o un no: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¡Uy! Eso y nada es casi lo mismo.

Y ya para terminar, los votos decisivos para avalar la consulta fueron los de los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ambos propuestos por Felipe Calderón. ¿Por qué lo digo? Todos suponíamos que Yazmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, los tres propuestos por AMLO, y Arturo Zaldívar muy probablemente avalarían la consulta, como ocurrió. Hacían falta dos votos, y fueron los de Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán. Como dice Rubén Blades: “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay, Dios!”

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