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La República en el abismo

La “elección” judicial del próximo domingo culmina la destrucción de nuestra república democrática y quedan establecidas las condiciones para instaurar una dictadura.

28 de mayo, 2025

Adrian Ruiz de Chavez Villafuerte

El próximo domingo 1 de junio, unos cuantos millones de acarreados y zombies políticos, otros fanáticos obnubilados por la ideología, cientos de miembros de bandas criminales y algunos ingenuos, acudirán a las urnas a participar en una pantomima de elección de más de 800 cargos para destruir la calidad profesional del Poder Judicial, acabar con su autonomía respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo y destruir a la República. Con este acto, parte fundamental del llamado “Plan C” de la 4T, se consumará la captura autoritaria del Estado Mexicano que inició AMLO a partir de su toma de posesión en diciembre del 2018 y que ahora culmina Claudia Sheinbaum con un proceso dizque electoral y dizque democrático con el que, además, presenciaremos la destrucción práctica del INE como institución garante de la transparencia y calidad de las elecciones.

En un recuento para documentar cómo mueren las democracias, conviene señalar algunos de los distintos elementos que configuran la destrucción del régimen republicano y democrático que, muy imperfecto, pudimos vivir los mexicanos entre 1997 y el 2024 (aunque fue muriendo poco a poco a partir del 2018): Destaca la tramposísima captura de 2/3 de las Cámaras de Diputados y Senadores por parte de Morena y sus aliados después de las elecciones federales del año pasado; la captura lenta pero consistente de los órganos electorales (tanto el INE como el Tribunal Electoral); la destrucción, primero por inanición presupuestal y luego por decreto legislativo del INAI, más la captura primero y extinción después de todos los otros organismos autónomos creados a partir de los años 90’s para contrapesar el poder presidencial y forzar la transparencia y la rendición de cuentas; la nueva ley de Telecomunicaciones que institucionaliza la censura gubernamental y le da derecho al gobierno de acabar con la libertad de expresión y, finalmente, una serie de cambios legales (a los que se había opuesto la Suprema Corte de Justicia con lo que le quedaba de autonomía y dignidad) que acotan el derecho de Amparo, amplían la prisión preventiva oficiosa y la ley de extinción de dominio. Con todo esto, México tiene ya la mesa puesta para la instauración de una dictadura. Así de claro.

Respecto a la simulación electoral del próximo domingo, para no dejar mi afirmación en una generalización sin sustento, comento por qué es una farsa. En primer término porque el propósito de este proceso no es la mejora del poder Judicial sino asegurar su control por parte de Morena; una mayoría de los candidatos a elegir fue impuesta por Morena y sus aliados; un porcentaje escandalosamente alto de los candidatos participantes carecen de las competencias profesionales para ocupar los cargos a los que aspiran y varios tienen vínculos con grupos criminales o antecedentes penales por diversos motivos; los electores realmente no tiene modo de conocer la calidad de los candidatos porque la información disponible para evaluarlos carece de objetividad y de filtros (es propaganda puesta por los propios candidatos); Morena, a través de los “Servidores de la Nación” está presionando a los beneficiarios de los “programas del Bienestar” para ir a votar y además les dice por quiénes deben votar; finalmente, la contabilización de los votos de quienes participen en la farsa será realizada en lo oscurito y ya no por los ciudadanos como en todos los procesos electorales anteriores como se hacía antes en las elecciones organizadas por el INE, esta vez sin ninguna certeza en el conteo de los votos. Por estas razones, votar en esta elección es absurdo: se trata de una simulación democrática perversa.

Por si esto fuera poco, lo que ocurrirá después de la elección será –inevitablemente– la parálisis de los procesos judiciales en marcha y la proliferación de la incompetencia y la corrupción en todos los niveles del sistema judicial. Como publicó la prestigiada revista The Economist el pasado 15 de mayo:

En México, las elecciones judiciales plantean un peligro más grave que el mero caos: el control del sistema de justicia por parte de las bandas de narcotraficantes… Es probable que la corrupción de jueces por parte de empresarios y funcionarios, también endémica, se expanda.

Algo muy parecido ha publicado también Financial Times. La corrupción y pérdida de autonomía del poder judicial tendrá efectos significativos, sobre todo, porque reforzará el carácter autoritario del régimen morenista reduciendo la protección jurídica para los ciudadanos al quedar a merced de jueces a modo del Estado y, por supuesto, tendrá efectos en la economía por la consecuente reducción de la confianza para los inversionistas que pierden seguridad si tienen que enfrentar un proceso judicial en México.

Frente a este escenario, ¿qué podemos hacer los ciudadanos que valoramos la democracia y el estado de derecho? Primero, tomar consciencia de las implicaciones de la monstruosidad judicial que se nos viene. Segundo, no participar en esta farsa y hacer lo posible porque nuestros conocidos no lo hagan: una bajísima participación electoral supondría un fracaso para el régimen (ir a anular la boleta contabiliza a favor de la participación ciudadana y legitima el proceso). Tercero, apoyar toda iniciativa de rechazo a la captura autoritaria del estado. Como he escrito antes, el mejor remedio contra una dictadura es la consciencia y la participación ciudadana en favor de la democracia.

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