Un estudio realizado por el Centro Regional de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) señala que en México, en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), así como en Colombia, los grupos delincuenciales reclutan en las escuelas a niños y adolescentes de entre 7 y 13 años de edad.
Lamentablemente son utilizados para participar en actividades ilícitas, tales como vigías, colocación de explosivos, repartidores de droga, cobradores de piso, para esconder las armas o para asesinar gente.
En México no tenemos cifras oficiales de cuántos menores de edad están involucrados con el crimen organizado, datos académicos estiman que son casi 30 mil menores en esta situación. Alrededor del mundo, se estima que son más de 300 mil menores.
Según la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal del INEGI, el 82% de la población adolescente que se encuentra privada de su libertad es por delitos como homicidio, portación ilegal de armas y portación ilegal de drogas.
La UNICEF ha informado que también las llamadas autodefensas utilizan la fuerza de los menores de edad para establecer perímetros de seguridad ante la presencia de grupos delictivos, que en muchos casos, se disputan la plaza. Se han dado cifras de que, por lo menos, 300 menores actúan como vigías en las sierras de Guerrero y Michoacán.
En el Senado de la República está pendiente de discutirse una minuta para reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al uso de menores de edad por delincuencia organizada.
¿Qué se establece con esta reforma? Que en los casos de menores vinculados con la delincuencia organizada, cuenten con medidas para su protección, supervivencia y reintegración a la sociedad. Y también que aquellas personas que utilicen a menores de edad para delinquir se les aumentará hasta en una mitad la pena por delitos vinculados a la delincuencia organizada.
Es responsabilidad del Estado mexicano proteger a la infancia de nuestro país.
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