Una vez concluido el show de la consulta popular, que solamente sirvió para despilfarrar más de 500 millones de pesos del pueblo, Andrés Manuel López Obrador inició su siguiente estrategia política: el proceso de revocación de mandato, así denominado por la Constitución, pero para AMLO es el proceso de ratificación y aval de su permanencia. Es tan claro, que es el propio presidente quien insta a que se lleve este proceso. Cuando AMLO se enteró (al parecer no lo sabía) de que se tenía que crear una ley para esos fines y que ésta, como muchas otras no había sido legislada todavía aún, se enojó. Así que regañó y ordenó a sus legisladores de MORENA sacarla ya mismo, sin importar que la siguiente Legislatura –la LXV– inicie su periodo ordinario legislativo el próximo 1 de septiembre. Realmente no había necesidad de que fuera la Legislatura que concluye –la LXIV– la que emitiera la ley, pues al ser una norma secundaria, con la distribución de escaños de la siguiente, se aprobaría mayoritariamente sin que los partidos de oposición puedan detenerla.
Sin embargo, ante el capricho, pero sobre todo instrucción del Ejecutivo, los legisladores morenistas de la Comisión Permanente del Congreso intentaron convocar a un periodo extraordinario, para lo cual requerían contar con los votos de las dos terceras partes de esa Comisión, resultando en dos fracasos. El primero ocurrió al conseguir 23 de los 24 votos requeridos, esto en virtud al cierre de filas de los partidos de oposición (PRI-PAN-PRD-MC) que no cedieron un solo voto. El segundo, en la siguiente convocatoria en la que los legisladores seguidores incondicionales de López Obrador tampoco obtuvieron los votos requeridos, y que no alcanzaron nuevamente ante la línea férrea de los partidos disidentes de no permitirle al presidente lograr su objetivo y, con ello, enviar la elaboración (para su aprobación) de esa ley, hasta la siguiente legislatura que comienza su periodo ordinario en muy pocos días.
En la nueva legislatura el bloque del gobierno puede aprobar cualquier ley secundaria sin la necesidad de los votos de los partidos opositores, pero no pueden modificar ningún artículo de la Constitución sin que algunos legisladores de oposición se alineen con las intenciones de reforma a la Carta Magna, pues sin ellos no se puede obtener el número de votos necesarios para lograr la mayoría calificada que se requiere para ese tipo de reformas.
Parece ser que la imposibilidad de obtener los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario podría replicarse en la siguiente legislatura cuando se propongan las reformas estructurales que el presidente tanto pregona, como lo es la modificación del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque él quisiera no solo modificarla sino extinguirla, con el fin de regresar sus funciones a la Secretaría de Gobernación o, por lo menos, lograr la destitución de los Consejeros Electorales actuales, a quienes ataca constantemente desde su destructiva plataforma de comunicación matutina.
López Obrador también ha mencionado su disgusto sobre otros organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) del que quiere trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública; o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), a la que ha acusado de estar en contra de PEMEX y de la CFE, señalándola de proteger solo los intereses de empresas privadas nacionales y, sobre todo, de las extranjeras.
Tampoco le gusta el Banco de México ni sus integrantes, quienes atentos a la autonomía de ese organismo y a sus funciones definidas en la Constitución y leyes que le regulan, no le han aceptado al Ejecutivo sus peticiones ocurrentes y graciosas, nunca económicas, menos financieras, enmendándole la plana respecto de dichas peticiones, como lo fue el explicarle la razón por la que no hubo remanentes de operaciones para entregarle al gobierno, pues tan sencillo como el que no se generaron; así como la negativa de usar la asignación de 12 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional aprobó para México en una figura financiera internacional denominada “Asignación General de Derechos Especiales de Giro” o “DEG” (por sus siglas en inglés), y que, por ley, no pueden usarse para pagar deuda, como lo pretendía López Obrador.
También ha expuesto, a últimas fechas, que quiere modificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo menos en el número de sus integrantes para que no sean siete Magistrados sino cinco, lo que también desea con respecto del INE, al exponer que quiere reducir a los consejeros, que actualmente son once, a siete. Y no se diga de su intención de revertir las trascendentes reformas constitucionales en materia ambientalista, y desarrollo de energías limpias y sustentables, aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con las que se permite la inversión privada en los sectores de energía eléctrica e hidrocarburos, entre otros.
Todas estas reformas constitucionales podrían ya estar muertas, pues al parecer así quedó anunciado en la doble votación que perdieron los legisladores “del” gobierno, al no haber podido convocar a periodo extraordinario para votar la ley de revocación de mandato. Y la única forma de que esto no sea así, la muerte anunciada, es que algunos de los legisladores, o peor, alguno de los partidos de oposición, den la espalda al bloque férreo que votó en contra para impedir el inútil periodo extraordinario que se pretendía, y se convierta en aliado de las ocurrencias de López Obrador, pues así, las leyes, anunciadas y muertas, podrían realmente no estarlo.
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