Se dice que la política es el conjunto de decisiones y actos que se llevan a cabo con el propósito de gestionar a los grupos humanos en aras de fomentar el bien común. Ideas como estas dan forma a ese potente cuerpo de conocimiento que constituyen las ciencias políticas y del cual los gobernantes y servidores públicos de todos los partidos y todos los Estados se valen para conservar los privilegios y canonjías financiados por los recursos aportados por la población trabajadora a través de los impuestos.
Aclaro que no estoy contra la existencia del Estado o de la tributación fiscal; lo que de verdad me parece cuestionable es el hecho de que sigamos tolerando a políticos y servidores públicos que mienten y engañan de manera deliberada con el único propósito de conservar sus beneficios, sin que les importe en lo absoluto el presente o el futuro de sus gobernados.
Una de las grandes contradicciones en las que estamos inmersos los seres humanos que vivimos bajo instituciones políticas formales, sin importar el régimen o la tendencia ideológica que este defienda, es que la finalidad teórica de la política difiera tan radicalmente de su finalidad práctica.
Más allá que el discurso defienda una supuesta búsqueda del bienestar de la gente, lo que de verdad se persigue –y para lo que no se escatima medios– es la adquisición y conservación del poder. Nada más importa: ni el cómo se logre ni los costos que la gente de a pie tenga que pagar.
Si partimos de esta contradicción de inicio, donde un supuesto fin último se contrapone con el fin verdadero, nadie tendría que sorprenderse de que la mentira –y su versión más cínica llamada posverdad– a través de la palabra, el gesto, la actitud, el símbolo, el fingimiento, el engaño y la distracción sean ya el lenguaje mismo de la política.
Se necesita ser demasiado joven y/o demasiado ingenuo para pensar que un funcionario público, de cualquier nivel, dice la verdad cuando se refiere a aspectos relacionados con el gobierno, el partido o incluso a sus propias aspiraciones. De hecho, los grandes politólogos, sabiendo que poco o nada se puede extraer del mensaje literal expresado, suelen enfocarse en los símbolos, los gestos y las formas para tratar de dilucidar lo que el gobernante de turno quiso ocultar o lo que realmente quiso decir y a quién va dirigido el mensaje.
La misma diplomacia consiste en formas «correctas» de mentir o, en el mejor de los casos, de «no decir», de no posicionarse, de no confesar los verdaderas intenciones y finalidades, sino un conjunto de formas que buscan ocultar el fondo.
En geopolítica directamente se trata de ocultar aquello que piensas y de las intenciones verdaderas que tienes y para ello mentir y engañar de manera descarada es lo habitual. Las grandes potencias, mientras en el discurso aseguran favorecer el libre mercado con el propósito de que otros países se abran a sus productos, lo que realmente hacen es defender un proteccionismo camuflado que favorezca la exportaciones pero limite las importaciones que dañen la industria interna.
Se declaran guerras, se invaden territorios, se ponen aranceles y castigos económicos, se limita, se tiran gobiernos siempre alegando una finalidad disfrazada de justicia y se oculta el propósito real de mantener la hegemonía imperial.
A estas alturas nadie espera que un político profesional diga la verdad, exponga lo que piensa. En el mejor de los casos se cuida decir lo que «debe decir» – como podría ser la defensa de políticas populares que nunca se llevan a cabo– tanto para no perder popularidad con los electores como para no caer de la gracia de quienes reparten el pastel de futuros puestos.
En el político de nuestro tiempo –sean profesionales o improvisados– la forma y el fondo están disociados. Quizá uno de los más grandes fallos de la democracia es que no se obliga al funcionario explicarse con pruebas, a confrontar preguntas, a que el resultado de las inconsistencias tengan consecuencias legales; a no mentir desde la campaña prometiendo lo imposible sin siquiera explicar con solidez el origen de los recursos para fondearlo. Esta práctica enturbia la gestión cotidiana. Si bien los electores deberíamos ser más críticos con lo que se nos promete y sabemos de antemano inverosímil, también debería existir alguna instancia legal que le pregunte: y si no lo haces, ¿qué?
En ningún caso se obliga el político a comprometerse con una idea, una política pública, una tendencia ideológica defendida a lo largo de su carrera. Los políticos –cuando menos mexicanos– cambian de partido y de ideología como de camisa y a nadie parece importarle. Que nos les importe a los políticos suena lógico porque todos se favorecen de ese “chapulineo”, pero, ¿será que tampoco los votantes somos responsables de nada? ¿No estamos obligados a exigirles la más elemental coherencia entre lo que dice y lo que hacen? ¿Será que de verdad estamos esperando a que se “moralicen” por su propia voluntad?
Otro de los grandes problemas de la democracia –y quizá una de las más importantes razones de su crisis– es que todo es coyuntura. Vivimos agobiados de lo dicho hoy, de los sucedido ayer, de la elección que vendrá en tres meses y nadie está ocupado en crear planes de desarrollo efectivos a largo plazo. La clase política en su conjunto, tan perdida en proteger su puesto de hoy, entiende como una mala broma la obligación de sostener un debate serio y general que defina la dirección del país de cara el futuro.
La triste realidad es que mentira y el engaño permanecerá como constante en tanto la verdadera finalidad de la política siga siendo la búsqueda descarnada del poder a cualquier precio en lugar del bien común. Porque de lo contrario, la primera verdad que escucharíamos sería que: «tener el poder es el objetivo único y conservarlo lo más posible es la finalidad para la cual cualquier medio es aceptable».
Con ese solo cambio en la narrativa todo tendría sentido. Nuestra situación como gobernados continuaría siendo terrible y siniestra, pero cuando menos deberíamos concederles la sinceridad.
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