Las cosa parecen ir a contrasentido en la Cuarta Transformación, mientras el presidente pide estricta pulcritud a sus funcionarios, las condiciones avanzan para facilitar más la corrupción, no para combatirla.
Las asignaciones de contratos directos en el Gobierno Federal, en el gobierno de la Ciudad de México, y también en el de Veracruz, todos de MORENA, son la práctica común.
Este tipo de asignaciones, como la que permitió el Congreso al Gobierno Federal de López Obrador para la compra de medicamentos en el extranjero, son las condiciones propicias para la corrupción.
El presidente dice que la OMS, organismo de la ONU, acompañará a su gobierno en las adquisiciones; sin embargo, la ONU tiene fuertes acusaciones de corrupción en muchos de sus funcionarios.
Por ejemplo, en 2015, John Ashe, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue detenido en Nueva York por aceptar sobornos por 500 mil dólares de empresarios chinos para desarrollar un Centro de Conferencias de la ONU.
De igual forma, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, Jesús Orta asignó un contrato en 2019 como titular de la Secretaría de Seguridad Pública para el arrendamiento de mil 800 patrullas por un millón 700 mil pesos, cada una, cuando su costo es de 500 mil pesos.
Esta práctica que debió tener el visto bueno de la Jefa de Gobierno propició una investigación y orden de aprehensión en contra de Orta, quien antes hizo la misma maniobra para la Policía Federal en 2018.
López Obrador dijo este martes en Palacio Nacional que lo único que puede afectar a su gobierno es que se den casos de corrupción, que sería una decepción y una traición al pueblo, además de que le daría mucho gusto a los conservadores.
Pero en los contratos directos vemos asignaciones directas de contratos multimillonarios en alimentos para migrantes, por parte de la Secretaría de Gobernación.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, otorgó 114 millones de pesos en contratos al Corporativo Kosmos de la familia Landsmanas; de igual forma el IMSS de Zoé Robledo asignó 289 millones de pesos en alimentos para el corporativo de la familia Landsmanas, vetada por el presidente López Obrador por acusaciones de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por más que se repita un deseo muchas veces, no se convierte en realidad. La lucha anticorrupción permanece en el discurso de la 4T como mera propaganda.
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