El panorama global atraviesa un momento crítico: en los últimos años, el auge de fuerzas de extrema derecha y movimientos antigénero en múltiples regiones –desde Europa y Estados Unidos hasta Asia y partes de África– ha reconfigurado el terreno político.
Estas corrientes comparten una estrategia común: erosionar marcos de derechos consolidados, cuestionar la legitimidad de instituciones de igualdad, recortar presupuestos y desacreditar a los movimientos feministas como amenazas al “orden tradicional”.
En muchos países, estos discursos se articulan con nacionalismos, religiosidades conservadoras o posturas antimultilateralistas que reducen la igualdad de género a “ideología”, negando su condición de derecho humano.
En un contexto global de incertidumbre económica, polarización y desinformación digital, la agenda de igualdad se ha convertido en blanco prioritario de proyectos autoritarios que buscan volver centrar el poder en estructuras jerárquicas y patriarcales.
En América Latina, la última década ha dejado conquistas significativas –paridad, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, leyes de violencia y arquitectura institucional–, pero también señales de estancamiento y retrocesos.
Los balances de ONU Mujeres, CEPAL y el sistema de Naciones Unidas coinciden: el progreso es real, pero insuficiente, desigual y vulnerable al rechazo conservador. Ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre igualdad (ODS 5) está plenamente cumplido y, al ritmo actual, la paridad en parlamentos tardaría décadas en alcanzarse.
En Centroamérica, el patrón es también severo. El Salvador mantiene la prohibición total del aborto, con mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Pese a fallos interamericanos (caso “Beatriz”) que exigen garantías, el cierre de espacios cívicos bajo Nayib Bukele ha forzado al exilio u cierre a organizaciones clave, incluida la histórica Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Nicaragua, bajo Daniel Ortega, ha clausurado miles de ONG –incluidos colectivos feministas–, asfixiando, según expertas de la CEDAW, servicios esenciales para víctimas y borrando voz pública a defensoras.
Y en Guatemala, la violencia y las barreras de acceso a la justicia persisten pese a esfuerzos institucionales recientes. Tales retrocesos afectan con especial dureza a mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales quienes, según la ORDPI, enfrentan violencias específicas, discriminación en salud y justicia y barreras lingüísticas y territoriales que profundizan la desigualdad y limitan el acceso real a derechos.
Avances reales y riesgos crecientes
En América Latina el impulso institucional de la última década ha permitido mejoras tangibles y marcos legales más sólidos, con incidencia persistente de los movimientos feministas.
Estudios comparados subrayan que América Latina alberga hoy algunos de los movimientos feministas más fuertes e interconectados del Sur Global, responsables de conquistas como la “marea verde”, la expansión de los sistemas de cuidados y la consolidación de instituciones de igualdad.
Incluso el propio auge del rechazo conservador confirma la magnitud de estos avances: las ofensivas antigénero emergen como reacción a décadas de logros feministas en legislación y políticas públicas.
Pero, al mismo tiempo, los retrocesos –particularmente políticos y presupuestarios– amenazan con erosionar logros recientes. El caso argentino actúa como advertencia: sin continuidad institucional, las políticas de igualdad pueden desmantelarse en meses.
A escala global, el aumento de la violencia, la pobreza femenina persistente y la reacción conservadora hacen evidente que la igualdad no está garantizada. La conclusión es clara: el avance requiere vigilancia, inversión sostenida y voluntad política. Porque incluso allí donde se ha legislado bien, las amenazas no desaparecen.
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