El sufragio por el Plan C

La derecha jurídica, las oligarquías y los poderes fácticos perdieron la oportunidad de negociar una mejor reforma judicial.

13 de junio, 2024

Israel Aparicio

Ha pasado más de una semana desde la gigantesca jornada electoral, donde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, resultó ampliamente vencedora de la jornada electiva. Sin embargo, esta contundente victoria por casi 20 millones con respecto a la fallida candidata, Xóchitl Galvez, no fue el único proceso electoral que tenía enorme trascendencia en la conformación del continuismo del nuevo gobierno.

Si bien existieron procesos para renovar, gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales, el segundo punto de interés estaba en la conformación de las cámaras de diputados y senadores, donde ningún partido ganador de la presidencia, en la era de la transición democrática había logrado la denominada mayoría calificada. Esta mayoría que estrictamente no lo es numéricamente, se da por leyes estipuladas en el LEGIPE que permite a las distintas alianzas sumar por cada partido coaligado, casi un 8 por ciento más de su votación por repartición de cargos plurinominales, y lograr así una mayoría de dos terceras partes que le permite hacer cambios constitucionales.

Ese mismo método para la repartición de curules hicieron posible las mayorías que votaron las reformas neoliberales denominadas el pacto por México, durante el sexenio del presidente, Enrique Peña. En aquellos años, muchos de los analistas y políticos del PRIAN, no salieron a quejarse de la sobrerrepresentación del partido oficial. Por el contrario aplaudieron y se sumaron a lo que llamaron reformas de gran calado que el país requería. Destaca que en campaña nunca mencionaron abiertamente estas reformas como una política pública de gobierno.

En la lógica de las complejas reformas a un poder judicial que es altamente especializado y complejo, se debería seguir las pautas de negociación que ofreció la virtual presidenta electa Sheinbaum. Pero en la arena política, que hizo posible el voto mayoritario para la coalición de partidos ganadora, la ciudadanía no desperdició la oportunidad de mostrar su entendible enojo y resentimiento contra un poder que es totalmente corrupto en las entidades federativas y que en el presente sexenio, se ha comportado más como un poder opositor, que como el garante defensor de los intereses de los mexicanos.

Las candidatas presidenciales coincidieron en la urgente reforma del poder judicial que esta petrificado en sus procesos lentos, corruptos y que por lo general siempre privilegia sus resoluciones al poder político de los partidos tradicionales, es protector de los intereses económicos de las oligarquías, además de ser cómplice criminal de los grupos delincuenciales. La imagen de un poder judicial que solapa a sus integrantes corruptos y que rara vez tiene una resolución a favor de los defensores ambientalistas (por lo general asesinados impunemente) o de sanción a los juzgadores que utilizan la justicia como mercancía para enriquecerse, hizo que la defensa de su papel como equilibrio de poder fuera un argumento débil y sin sustancia, ante la marea guinda electoral.

Si se le suma el actuar político de la ministra presidenta Norma Piña, que fue balconeada en su reunión cuasi delictiva, con el impresentable Alejandro Moreno en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, concentración reconocida por varios participantes más, dejaron sumamente golpeada la imagen de un poder autónomo, que por momentos parecía hasta golpista. Este acto ya fue denunciado de forma anónima ante la SCJN.

Aunque la intelectualidad de baja intensidad, junto con la comentocracia (ahora desnuda completamente) pretendió defender al poder judicial y su papel de control ante un presidencialismo fuerte. Su intento estuvo siempre condenado al fracaso pues se omitía, en la medida de lo posible, no criticar la realidad de un poder profundamente corrupto, incluso se defendía sus privilegios de burocracia dorada, minimizándolos como un gasto apenas imperceptible en comparación con la inmensidad del presupuesto federal.

Al igual que las promesas de campaña del fallido candidato José Antonio Mede, la oferta para la ciudadanía harta de los gobiernos y jueces corruptos, se quedaban en la indefinición y el gatopardismo de quien no pretende cambiar nada. Para Meade el combate a la corrupción se limitaba a dejar en la cárcel o perseguir a los exgobernadores que habían perdido su entidad federativa en las elecciones, nunca hubo un compromiso de limpiar al otrora partidazo de sus usos y costumbres de cleptocracia. En el caso de la defensa del poder judicial, se reconocía a regañadientes que en efecto era muy corrupto, pero que era un mal necesario para el equilibrio de poderes, se ofrecia una reforma que nunca fue detallada, ni cuando menos esbozada, y siempre se omitía criticar o minimizar sus hirientes prestaciones cuasi monárquicas, que no tenían comparación con ningún poder público en el mundo.

La lógica respuesta de los votantes en aquella elección de 2018 fue sacar del poder al PRI de la nueva generación de políticos, y en 2024 aplastar al PRIAN de la defensa del equilibrio de poder. El voto mayoritario para morena es mandato para que modifique a ese poder judicial que nunca fue digno representante de sus ciudadanos. La enorme votación a favor del continuismo y en apoyo de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un fenómeno que no se predecía ni en los círculos más optimistas del oficialismo.

Sería deseable que los meses por venir se den mesas de análisis, se realicen los denominados parlamentos abiertos, se escuchen a las voces disidentes y las agrupaciones de abogados especialistas, para que la legitimidad de la mayoría morenista hiciera una mejor reforma al poder judicial.

Pero si se atiende al reclamo de la calle y de las urnas, a la mayoría de la población le parece muy importante que se hagan las reformas y que la mayoría dada en el proceso electoral democrático se ejerza para llevar a los juzgadores y magistrados a ser electos por voto directo.

La derecha jurídica, las oligarquías y los poderes fácticos perdieron la oportunidad de negociar una mejor reforma judicial, nunca entendieron que no entienden a una ciudadanía harta de las corruptelas, que se manifestó en las urnas. Continuar con el discurso previo, es abonar a favor del plan C.

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