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El oficialismo debe responder a los arteros ataques de órganos electorales

12 de mayo, 2021

Los casos de Guerrero y Michoacán nos confirman que el daño infligido al sistema electoral mexicano en el año 2006, no solo está aún causando estragos al país y estorbando a la democracia, sino que la situación -gracias a parche sobre parche al “Frankestein” que es ya hoy la legislación electoral- va en picada hacia una decadencia cada vez mayor. Los golpes al oficialismo por el INE y el TEPJF no pueden hacer sino recordarnos al caso de Pedro Lascuráin Paredes, presidente de México por 45 minutos después de la ominosa “decena trágica”, cuando se utilizaron las leyes en contra del pueblo y a favor de los intereses más viles que representaba Victoriano Huerta.

El partido MORENA, el presidente López Obrador y su gabinete no pueden permanecer en actitud de impavidez, de “abrazos, todo por la razón, y nada por la fuerza, etc.”. Nunca siquiera sugeriría usar la ley burlándose de ella y de la ciudadanía mexicana, como lo ha hecho, tan burdamente la autoridad electoral; simplemente que el Estado, cuyo Jefe es el presidente AMLO, active sus instituciones para responder a ese juego sucio, pero con la Ley y la Justicia en la mano, y en favor de la segunda siempre.

Hay candidatos que están gastando dinero proveniente del crimen organizado, de empresas trasnacionales y mexicanas, de personajes que pretenden sacar como beneficio varios números enteros de dividendo a lo que están invirtiendo en dichas campañas. Y todo eso es “por fuera” de toda fiscalización, por lo que no hay manera que sea fácil revisarlo. Incluso sabido es que en épocas electorales, el sistema financiero detecta un más que significativo aumento en el nivel de dinero en efectivo circulante. Si la UIF de Santiago Nieto se aplicara al respecto, más de un candidato a gobernador tendría no solo que ser retirado de la contienda, sino procesado penalmente por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, electorales (hoy ya considerados como graves) y hasta de delincuencia organizada.

Si el gobierno no responde a los recientes golpes del INE y TEPJF, no estará sino enviando un mensaje de debilidad institucional, superando hasta la imagen de flaqueza, llevada hasta la percepción de ausencia del Estado, solo vista en los dos sexenios de extracción panista (2000 – 2012). Ojalá el gobierno federal se ponga las pilas, por el bien de todos.

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