EL EJÉRCITO, FUERA DE SU ESENCIA COMO GARANTE DE LA SEGURIDAD NACIONAL, AHORA ES PROMOTOR DE LA 4T

La actual administración ha hecho de las Fuerzas Armadas una institución multiusos: lo mismo sirve para patrullar calles o vender cachitos de lotería que para hacer trabajos de albañilería o promocionar al gobierno.

22 de noviembre, 2021

El 20 de noviembre, día en que se conmemora la Revolución Mexicana, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, expresó lo siguiente:

“Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora”.

Los militares que forman parte del Ejército Mexicano tienen prohibición legal de inmiscuirse en forma directa o indirecta en  asuntos políticos. Por ello, al apoyar de viva voz en un evento público “el proyecto de Nación” (es decir, la denominada 4T) está faltando a sus deberes constitucionales y legales.

La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, todavía vigente, publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1926, siendo Presidente Plutarco Elías Calles, ordena, entre otras cosas, lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sus disposiciones son de observancia obligatoria para todos los militares que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con su Ley Orgánica.

“ARTÍCULO 2o.- El militar debe observar buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza en el Ejército y Fuerza Aérea y los considere como la salvaguarda de sus derechos.

“ARTICULO 5o.- El militar debe proceder de un modo legal, justo y enérgico en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de obtener la estimación y obediencia de sus subalternos. Es deber del superior educar y dirigir a los individuos que la Nación pone bajo su mando.

“ARTÍCULO 17o.- Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De la lectura de los artículos transcritos se concluye que el General Secretario,  representante máximo del Ejército Mexicano, se inmiscuyó en asuntos políticos, lo que le está estrictamente prohibido.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de preservar la seguridad nacional y por tal de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, que son el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y de la Fuerza Aérea Mexicana. Al hablar de seguridad nos referimos tanto a la seguridad interior del país como a la defensa de la Patria ante eventuales agresiones del exterior, esto en términos de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, el Ejército Mexicano actualmente se encarga de realizar varias obras del Gobierno Federal, como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, así como del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo; la construcción de por lo menos tres tramos del denominado “Tren Maya” o la edificación de más de dos mil sucursales del “Banco del Bienestar”. Asimismo, se le han ordenado tareas como la distribución de libros escolares, remodelación de decenas de hospitales, la participación en el programa “Sembrando Vida” y otros programas sociales, incluso se le ha encargado la venta de “cachitos” de lotería. Huelga decir que dichas actividades no tienen nada que ver con la seguridad nacional ni interna ni externa, ni mucho menos con la dignidad y el orgullo implícitos que deben de portar nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.

López Obrador trata de sostener las obras encargadas al Ejército bajo la premisa de que son “obras sociales” que le están permitidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, nuestra Carta Magna es muy clara al establecer:

“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.  Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Existe una evidente desnaturalización de nuestro Ejército al pasar de ser el encargado de la seguridad interior y defensa exterior de la Federación a la de constructor, albañil o vendedor barato de cualquier programa del gobierno, y ahora como mandadero del presidente en cualquiera de las ocurrencias del momento. Tan solo basta con ver a nuestro Ejército convertido en el gran promotor de la 4T. De verdad, pero de verdad, qué tristeza.

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Ahora bien, si no la concediera, sí podría ordenar una medida drástica para que comparezca Anaya a la fuerza, y ya frente al juez, la Fiscalía seguramente solicitaría prisión preventiva, la cual, dadas las circunstancias, sería muy factible que se decretara. Vaya, pasaría algo similar a lo que le ocurrió a Rosario Robles, o al mismo Emilio Lozoya hace unos días. Apuesto con usted lo que usted guste a que si se presenta Ricardo Anaya a la audiencia del 31 de enero, ya no verá la luz. En ese momento el juez decretará prisión preventiva y el panista permanecerá en prisión, al menos los casi tres años que faltan del sexenio, fuera de toda posibilidad de competir en la carrera presidencial. Es la crónica de una prisión preventiva anunciada. Pero ahí no acaba el problema. Si Anaya no se presenta físicamente a la audiencia porque está en Estados Unidos, la Fiscalía pedirá sin duda orden de captura y el juez la concederá. 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Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).  Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. 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Este “decretazo” es un cheque en blanco, pues faculta al presidente para decir de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie, cuáles de sus obras, acciones y proyectos son de interés público y seguridad nacional, no solo Felipe Ángeles, Dos Bocas y Tren Maya, sino prácticamente cualquier obra o proyecto que el presidente quiera. El “decreto” es una estaca clavada en el corazón de la transparencia, y, por tanto, un salvoconducto a la corrupción, que, según el presidente, es lo más horrible que existe en el planeta. El presidente dice con mucha frecuencia algo que sus seguidores recitan de memoria: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, pero el “decreto” mismo está al margen de la ley, y de facto ensalza a Obrador por encima de la ley. Es cuestión de tiempo para que la Suprema Corte de Justicia lo declare anticonstitucional.  Y para terminar, ¿se ha preguntado por qué México está desde siempre estancado, sumido en la violencia, la corrupción y la pobreza? Si es usted simpatizante de Obrador, en automático dirá que por culpa de los conservadores neoliberales, y si usted es de los que no soporta a Obrador dirá, también en automático, que es por culpa de él. A ese nivel está la discusión, la obcecación y la polarización. La historia de México muestra una y otra vez que siempre hay culpables del fracaso perenne: los realistas en la Independencia, los conservadores en la intervención francesa y en la Reforma, los extranjeros, terratenientes y empresarios en la Revolución; la oposición durante el régimen priísta; y ahora los malvados neo-liberales. Es muy fácil señalar culpables cuando tus políticas no funcionan. Insisto, no lo digo por el actual presidente, sino por todos.  En mi opinión, y ya escribiré sobre ello más adelante –estoy preparando un texto grande y sustancioso–, el verdadero problema de nuestro país es el régimen presidencial. La historia no se cansa de mostrarnos que cuando el poder político se concentra tanto en una persona, las posibilidades de abuso, estupidez y error crecen exponencialmente. El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios. Mientras exista nuestro presidencialismo, los mexicanos seguiremos siendo víctimas del abuso, la sinrazón y la prepotencia, y el país seguirá sumido en la desgracia." ["post_title"]=> string(35) "El ilegal decreto de López Obrador" ["post_excerpt"]=> string(124) "El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios." 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El ilegal decreto de López Obrador

El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios.

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