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El abandono del Hipódromo de las Américas

¿Quién responde por la crisis de la hípica mexicana?

12 de marzo, 2026

El abandono del Hipódromo de las Américas

El pasado 7 y 8 de marzo ocurrió algo que debería preocupar a cualquiera que conozca la situación de la hípica mexicana: los jinetes del Hipódromo de las Américas se negaron a montar.
La razón fue simple: no se les habían pagado sus montas.
Cuando una industria llega al punto en que quienes arriesgan su vida en la pista tienen que suspender el espectáculo para exigir el pago de su trabajo, queda claro que el problema ya no es deportivo ni empresarial: es un problema de autoridad.

La crisis que vive la industria hípica mexicana no es producto de la casualidad. Tiene un responsable claro: la autoridad encargada de regularla.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, es la institución facultada por la Ley Federal de Juegos y Sorteos para autorizar, supervisar y sancionar las actividades relacionadas con los juegos con apuestas en el país, entre ellas las carreras de caballos.
Sin embargo, en el caso del Hipódromo de las Américas, la autoridad ha demostrado durante años una preocupante incapacidad —o falta de voluntad— para obligar a la empresa permisionaria, Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. (CODERE), a cumplir con las obligaciones establecidas en su propio permiso.
El resultado está a la vista: una industria deteriorada, conflictos laborales recurrentes y una actividad que sobrevive en condiciones cada vez más precarias.
Esto ocurre a pesar de que la industria hípica, bien regulada, podría generar miles de empleos especializados, atraer inversión y aportar importantes ingresos fiscales al país.
Pero para que eso ocurra se requiere algo elemental: una autoridad regulatoria efectiva. Hoy, simplemente, no existe.
Los acontecimientos del 7 y 8 de marzo lo demostraron con claridad. Los jinetes —protagonistas indispensables del espectáculo— decidieron no montar ante el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa operadora.
Como consecuencia, las carreras programadas tuvieron que suspenderse, generando pérdidas económicas para propietarios, entrenadores, trabajadores del hipódromo y todos los que dependen de esta actividad. A ello se suma la decepción del público aficionado.
La Asociación de Jinetes Pura Sangre y Cuarto de Milla, A.C. denunció además que no se les pagaron los salarios correspondientes a las montas realizadas en la semana anterior, una práctica que —según señalan— se ha vuelto cada vez más frecuente.
Los jinetes también expresaron un profundo hartazgo por el trato que reciben por parte del personal de la empresa, al sentirse tratados como si los pagos que reciben fueran ‘ayudas’, cuando en realidad se trata de derechos derivados de su trabajo.

Conviene recordarlo: cada vez que un jinete monta un caballo de carreras pone en riesgo su integridad física. Exigir el pago puntual de su trabajo no es un privilegio; es un derecho elemental.

El comunicado también cuestiona el actuar del presidente del Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de Carreras de Caballos y Galgos, A.C., Mauricio Rodrigo Ayala Rosique, quien —según el gremio— actúa como si los jinetes no tuvieran derecho a defenderse o denunciar irregularidades.
Además, recuerdan que existe un acuerdo firmado en marzo de 2025 entre la empresa, el gobierno (SEGOB), jinetes, propietarios y entrenadores, mediante el cual se estableció una partida presupuestal para el gremio de jinetes durante ese año. Dicho acuerdo, afirman, tampoco se ha cumplido.
Es decir, ni la empresa respeta los acuerdos firmados ni la autoridad encargada de hacerlos cumplir parece interesada en intervenir.

Este escenario confirma lo que desde hace años se ha denunciado: el Hipódromo de las Américas opera prácticamente sin una autoridad hípica independiente capaz de garantizar reglas claras, equidad deportiva y respeto a los compromisos adquiridos.
En buena medida, esta situación es la herencia de decisiones tomadas durante la gestión del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuyas consecuencias siguen afectando gravemente a la hípica nacional.

La pregunta, por tanto, es inevitable:
¿Quién responde hoy por el abandono del Hipódromo de las Américas?
Porque cuando una empresa incumple sus obligaciones y la autoridad encargada de vigilarla permanece inmóvil, lo que realmente está en juego no es solo el futuro del Hipódromo de las Américas.
Lo que está en juego es algo más grave: la vigencia del Estado de derecho.

Todos los artículos que he publicado desde 2014 en el portal www.ruizhealytimes.com pueden consultarse en esa plataforma.

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Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipódromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define como un "luchador de causas aparentemente perdidas”.

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