En este México pacífico que tanto pregona y presume López, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya lo hace quedar mal, o más bien demuestra que lo que dice es una mentira más, dado que, si alguien ha sufrido en carne propia la cruda realidad de la inseguridad en el país, han sido los trabajadores de este Instituto.
AMENAZAS, SECUESTROS EXTORSIONES
En su diario trabajo, quienes laboran en el INEGI como encuestadores han padecido de todo en su andar por todo el país, siendo testigos directos de cómo en la mayoría por no decir todos los estados y ciudades, las organizaciones criminales se han expandido. Estos encuestadores son quienes les han tocado cientos de encuentros con grupos armados, cuando llevan a cabo sus labores, tan solo en el periodo de López y su nefasta 4-T.
En ese tenor, la Directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, Susana Pérez Cadena, en el mes de julio del 2023, dio a conocer en la Cámara de Diputados, que este personal adscrito al Instituto, tuvieron que pagarle al crimen organizado para que los dejara pasar a ciertas zonas del país, cuando elaboraban el Censo Agropecuario 2022.
Importante señalar que los registros que genera el Instituto catalogados como “incidentes de inseguridad”, establecen que estos encuentros del personal del INEGI con los integrantes de grupos criminales, han acontecido con alta frecuencia en los años pasados. Pero, actualmente, se han vuelto parte cotidiana de las labores encaminadas a recolectar información en todo el territorio nacional.
Particularmente la información proporcionada por la Coordinación General de Operación Regional del Instituto, señala que durante el periodo 2019-2023, de la administración de López, su personal reportó 469 incidentes de “presencia de grupos armados”.
Agregando que a 22 empleados del INEGI los privaron temporalmente de su libertad, cuando desarrollaban sus funciones, razón por la cual, sus casos fueron registrados como “retención de personal”, en el mismo periodo 2019-2023.
De igual manera en esos mismos años, se registraron 315 casos de agresión; 381 de amenaza; mil 139 reportes de robo con violencia; 341 de robo sin violencia; 89 incidentes de pandillerismo; y 19 casos de extorsión, telefónica, verbal, etc. Es por ello que, durante la administración de López, personal del INEGI ha reportado 2 mil 775 incidentes de inseguridad.
Ante este aumento en este tipo de casos, el 27 de julio de 2023, la funcionaria del INEGI, Susana Pérez Cadena, señaló ante los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que el Instituto cuenta con distintas estrategias para recopilar la información que requiere.
Dentro de esas estrategias están en algunos casos, pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando, y que además sea conocida de esa gente, quienes podrían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia. Asimismo, reveló que durante la recolección de la información del Censo Agropecuario 2022, a uno de los encuestadores lo secuestraron varios días.
En coincidencia con lo señalado por la funcionaria del INEGI, está la información de la Coordinación General de Operación Regional, que señala que 22 empleados del organismo han sufrido situaciones de privación de la libertad, registradas como “retención de personal”, en el lapso 2019-2023.
Toda esta información se pudo conocer por un comunicado que el 27 de julio del 2023 el Instituto abordando las incidencias de inseguridad que había expuesto Pérez Cadena en la Cámara de Diputados. Y reconociendo que, habían ocurrido múltiples “retenciones” de su personal durante la obtención de la información del Censo Agropecuario 2022.
Asimismo, destacan que los operativos censales son levantamientos que implican una movilización masiva de personal de campo a lo largo del país. En el caso del Censo Agropecuario 2022, que se levantó del 19 de septiembre al 30 de noviembre de ese año, se contrataron 28 762 personas. Al igual que en otros operativos, se capacitó a nuestras y nuestros colaboradores con protocolos de incidencias de tipo medioambiental, social, de inseguridad y accidentes.
Es por ello que con la anterior información estimados lectores, pudimos enterarnos de que, durante el periodo de levantamiento, hubo cuatro incidentes, que impidieron el libre tránsito, así como diez retenciones. Respondiéndose conforme a los protocolos correspondientes, priorizándose la seguridad e integridad física de los encuestadores. Y manteniéndose una estrecha comunicación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para reforzar la seguridad de nuestro personal.
Grave, muy grave la situación para los encuestadores del INEGI, además de peligrosa, dado que, en esos casos de secuestro, hay el riesgo de que los lesionen o inclusive los asesinen, simplemente por realizar su trabajo.
Pero esto obviamente a López y a los funcionarios de seguridad, tal parece que no les importa, simplemente como a ellos no les afecta directamente, siguen tranquilos, mientras el llamado crimen organizado sigue adueñándose cada día de más ciudades, municipios, estados, y al paso que van, lo harán del país completo.
LOS DESPLAZADOS
Y si esto acontece con los trabajadores de campo del INEGI que prácticamente están de paso por esas ciudades y municipios, imagínense a los ciudadanos que ahí viven, todo lo que tienen que enfrentar y padecer TODOS LOS DÍAS, al adueñarse los delincuentes de la actividad económica, transporte y prácticamente toda la ciudad. En donde deciden estos delincuentes qué se vende, a qué precio. Cobran derecho de piso, secuestran, asesinan, violan, sin que autoridad alguna ya sea municipal, estatal o federal intervenga.
Aplicando lo que dice López “Abrazos No Balazos”, y con ello la orden de que los policías, la Guardia Nacional, Ejército y la Marina, apliquen dos estrategias, la del chinito “solo milando”, o la del “Tío Lolo”, mientras los habitantes de esos lugares sufren día con día el hostigamiento de los delincuentes.
Razón por la cual muchos de ellos deciden dejar sus hogares o los presionan para ello. De acuerdo a lo publicado por el diario El Economista, el 15 de agosto del 2023, la crisis de desplazamiento interno por violencia en México sigue en aumento, entre enero y junio de 2023, se registraron 26 eventos de esta índole en ocho estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Sumándose al menos, 7710 personas afectadas por estos desplazamientos, lo cual da un promedio de un evento por semana y 43 personas desplazadas al día.
La información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH) muestra un incremento en comparación con periodos anteriores. Durante el primer semestre de 2022, se contabilizaron 15 eventos de desplazamiento y 1439 personas desplazadas. Lo que significa que, durante ese año, los sucesos aumentaron 73.3%, mientras que las personas desplazadas crecieron 435.8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y en el segundo semestre las cifras por estos casos fueron de 10 eventos y 8,163 personas desplazadas.
Según CMDPDH, sólo en junio de 2023, se reportaron cinco eventos de desplazamiento interno masivo, en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chihuahua. El total de personas desplazadas en estos eventos asciende a más de 1700. En Chihuahua, en tres eventos registrados, fueron desplazadas 625 personas; en Oaxaca, un evento registrado en El Tlacuache, dejó a 300 habitantes desalojadas por conflicto de tierras entre este municipio y el de Santo Domingo Teojomulco, mientras que, en un evento en Michoacán, 800 personas fueron desplazadas.
Así la cruda realidad del que es un México PACIFICO según López. Por ello se requiere analizar el voto este 2 de junio del 2024, para decidir si queremos seguir igual o que sea realidad el México que soñamos, con seguridad para todos.
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