A mes y medio de que termine la nefasta administración de López, la cloaca sigue abierta y saliendo todos los malos manejos y la corrupción que han prevalecido, a pesar de prometer y seguir afirmando que no son iguales y que se acabaría la corrupción, con su Cuarta Transformación, que realmente fue Cuarta Transa-Formación.
En ese tenor el Diario La Razón llevó a cabo una revisión a la información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de sus auditorías resultando que Estados, municipios y Gobierno suman daños por 105 MIL MILLONES DE PESOS en 5 años auditados
LA DANZA DE LOS MILLONES
Se destaca que se ha llegado a 133 MIL MILLONES DE PESOS observados entre 2019 y 2023, ya hay un monto no recuperable y del presupuesto afectado alrededor del 75% es de gasto federalizado, correspondiendo a participaciones de estados, municipios.
Es preocupante lo que se dio a conocer, ya que de más de 133 mil millones de pesos acumulados este sexenio, corresponden a irregularidades no aclaradas, de ellas, casi tres cuartas partes son atribuibles al gasto federalizado, es decir, el presupuesto que la Federación transfiere y que son ejercidos por estados y municipios por medio de programas presupuestarios.
Y corresponden del 2019 hasta el 2023, destacándose que solamente los correspondientes hasta el 2021, 105 mil 34 millones, ya pueden ser considerados como un daño al erario, porque su tiempo de solventación ya caducó.
De igual manera, acorde a la base de datos de la ASF, 100 mil 61 mdp aún no subsanados, corresponden al gasto federalizado, sobresaliendo los programas con mayor monto irregular, Participaciones Federales a Entidades Federativas, 32 mil 870 mdp, Participaciones Federales a Municipios, siete mil 182 millones, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, cinco mil 770 mdp.
En cuanto a dispersión geográfica, los estados que tienen los montos más altos son: Durango, 11 mil 977.2 mdp; Michoacán, ocho mil 914.2 mdp, y Oaxaca, seis mil 962.9 mdp.
Pero, además, del gasto federalizado, hay 23 mil 485 mdp sin justificar, correspondientes al grupo funcional de Desarrollo Económico, que involucra en su ejercicio a la Secretaría de Energía, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.
En cuanto al rubro de Desarrollo Social, que involucra a secretarías como las de Educación Pública (SEP), de Salud (Ssa), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) son ocho mil 942 millones. Al igual que 626 millones de pesos al grupo de Gobierno, que implica a entidades no sectorizadas.
Es por ello que de los 133 mil 142 millones no subsanados, la ASF presentó 22 denuncias de hechos, tres de ellas involucran a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su filial Diconsa.
Y si bien el monto de anomalías, junto a su otra filial, Liconsa, llegaron a 20 mil millones de pesos, algunas irregularidades han sido aclaradas, pero faltan cuatro mil 361 millones de Segalmex; mil 831 de Liconsa y 943 millones de pesos de Diconsa.
Ante esta preocupante realidad en la que el sospechosismo lleva a que puede ser por corrupción, llama la atención, que, aunque las irregularidades de esta administración ya rebasaron a las tres anteriores y es el más alto del siglo, hay quienes abogan por reconocer que el trabajo de la ASF ha sido acorde para lo que le ha alcanzado, según los recursos de los que se le ha dotado y la poca planta laboral con la que cuenta y que le impide ampliar su trabajo y los alcances del mismo.
Insisto que eso preocupa, porque quiere decir que. si pudieran auditar más, obviamente, encontrarían muchas más irregularidades que sumarían miles de millones más sin aclarar.
El sexenio de López se acaba y estas irregularidades y los miles de millones que no comprobaron ni regresaron, será una más de las herencias que le dejará a Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre del 2024 y tendrá que hacerse responsable, mientras que López, como Poncio Pilatos, se lavara las manos.
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