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De Frente Y Claro | AUMENTA CENSURA JUDICIAL Y LEGISLATIVA

México está entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio occidental.

24 de julio, 2025

Carlos Aguila Franco

A marcha forzada continúan los preparativos para la elección del Poder Judicial

En este México nuestro, que dicen y afirman que todo va bien porque es el segundo piso de la 4-T, y en donde nada malo pasa y vivimos el mundo feliz, resulta que va aumentando la censura judicial y legislativa, lo cual es una abierta y peligrosa afrenta a la libertad de expresión, lo cual conforme avanza esta administración, se acrecienta mucho más.

Y aunque el gobierno federal, así como gobernadores y presidentes municipales de Morena afirmen que no es cierto y que antes al contrario con ellos hay más libertad de expresión, existen otros datos que muestran y demuestran lo contrario.

Es por ello que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió nuevamente a través de un comunicado, el resurgimiento de nuevos mecanismos de censura judicial y legislativa en distintos estados de nuestro país, porque representan una afrenta a la libertad de expresión en México. Porque esos mecanismos se materializan en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes.

Señalando los casos recientes en Campeche, Puebla y Ciudad de México, destacando la orden judicial sin precedentes, impuesta por un juez local al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores. Razón por la cual obligó al medio Tribuna Campeche, a tener que someter todo su contenido a una revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana.

Y qué decir de la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla, en la que se amplió el delito de CIBERACOSO, además de introducirse un nuevo supuesto de violencia digital, el que castigará a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona, con prisión, Ante estas acciones, la SIP advirtió que la redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos.

En tanto respecto a la CDMX, la SIP recordó cómo el INE exigió al medio digital “La Silla Rota” entregar documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de acordeones en la elección judicial del 1 de junio del 2025. Considerando una amenaza los hasta 11 millones de pesos en caso de incumplimiento a pagar como multa, aseverando que ello representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico.

Por otra parte, en el Informe de la SIP, José Roberto Dutriz, presidente, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, advirtió que estos casos no son hechos aislados sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo. Preocupando que, en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder.

De igual manera, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), Martha Ramos, señaló que estos hechos sientan precedentes graves, porque, si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse.

Importante destacar que, de acuerdo al Índice Chapultepec de la SIP, México está entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio occidental, con un entorno marcado por impunidad, violencia y ahora también por instrumentalización del aparato judicial y legislativo para censurar.

Como colofón el caso del colega Héctor de Mauleón, a quien se le acusa junto con el Diario El Universal de incurrir en “violencia política en razón de género” por la publicación de la columna; Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, el 1 de mayo del 2025, comentando de los nexos de Tania Contreras con un líder huachicolero, donde señala a la entonces candidata judicial como cuñada de un líder huachicolero de Tamaulipas, denunciado por el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Y a partir de ahí, se han suscitado una serie de embates estatales para silenciar al periodista. Llegándose al extremo de que el domicilio de Héctor de Mauleón es vigilado por medio de un Dron, de acuerdo a lo publicado en “Bajo Reserva” el 23 de julio del 2025 en El Universal.

Así la cruda realidad de cómo se ataca y amenaza la libertad de expresión en México.

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